La dictadura de las opiniones

 “Así, se relegan los análisis de profesionales y se priorizan las opiniones de una masa pasional e ignorante en el tema.”

Muchas han sido las características atribuidas al Estado colombiano –fallido, en conflicto, polarizado, dividido–. No obstante, la pandemia a raíz del Covid-19 ha dejado de lado dichas denominaciones y recuperado un término: Estado de Opinión.

Según lo estipulado en el Artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho; cuyo sustento son las leyes. Pero el funcionamiento del Estado no es equiparable al contemplado en el papel y múltiples actores se encargan de que así se mantenga. Ante esto, se ha invocado explícitamente que el Estado de Opinión es la versión superior del Estado de Derecho.

Lo cierto es que el Estado de Opinión está lejos de ser superior y se perfila como la antítesis del Estado de Derecho. Este se encamina a la toma de decisiones guiadas por la voluntad de la mayoría y enciende las alarmas no solo de una tiranía, sino de un desencadenamiento en una dictadura de las mayorías.

No es un secreto que los elementos propios del Estado de Opinión son subjetivos. La opinión pública –fuente de poder en un Estado de Opinión– es subjetiva y se funda en lo que McCombs y Shaw (1972) denominan la agenda setting o encuadramiento; comprendido como un instrumento que permite identificar y comparar las opiniones de los medios con las de los ciudadanos; con el fin de establecer relaciones entre ellas.

Ante la dificultad para abarcar la totalidad de temas, es necesario construir encuadres –cuadros estructuradores de realidad– que se componen de piezas no neutrales para darle una puesta en escena a una coyuntura. Permite darle voz a una serie de asuntos, pero en este camino obviar otros. Igualmente, facilita la selección de temas que se presentan en la opinión pública delimitando la realidad.

Esta funcionalidad no deja espacio para la legalidad guiada por la neutralidad, la transparencia, la objetividad y el bien común. El Estado de Opinión trae consigo unos pecados: el peligro de las decisiones tomadas, la creciente importancia de los medios de comunicación y la manipulación.

En el marco de un Estado de Opinión la hoja de ruta del país estaría basada en las opiniones de la mayoría y no de los individuos capacitados, lo que derivaría en determinaciones erróneas. Posibilitar que las decisiones económicas, por ejemplo, sean tomadas mediante la recolección de perspectivas individuales, relegando a los profesionales en esta área de conocimiento; tendría como consecuencia una alteración en los índices económicos del país –inflación, recesión, deuda fiscal–.

Asimismo, los medios de comunicación –y la opinión pública–, en el Estado de Opinión, se consolidarían como una fuerza similar a la del gobierno. Puesto que sus funciones no se encaminarían únicamente a informar la coyuntura y realizar editoriales de opinión que fomenten el debate, sino que influirían en las políticas. Podrían ser utilizados, además, para un fin antidemocrático de manipulación de masas. Escenario en el cual conformarían una fuerza política –coactada por actores económicos o políticos para la influencia en las opiniones– y no canales libres de información.

Lo anterior conlleva al último pecado del Estado de Opinión: la manipulación. Es probable que ante el deseo gubernamental de realizar una reforma o proyecto, se recurra a la manipulación de las opiniones de los individuos y esta se lleve a cabo bajo la falsa bandera del deseo de las mayorías; incluso si esto no las beneficia. Se invoca un Estado de Opinión con el único propósito de perseguir beneficios personales, yendo en contravía de todos los pilares del Estado de Derecho y manipulando la opinión. Esto consolida un Estado donde, contrario de como su nombre lo indica, opinar de manera autónoma y diferente a la fuerza política es un riesgo.

Este panorama trae a colación los planteamientos de la filósofa española Adela Cortina (2009) respecto a la incertidumbre de si conformamos un pueblo –deliberativo y en la capacidad de presionar al ejecutivo cuando se extralimite– o una masa –cuya especialidad se vale de no cuestionar, bajo ninguna circunstancia, a la autoridad–. En un Estado de Derecho los ciudadanos forman su propio criterio, defienden sus posturas y presionan al gobierno –características propias del pueblo–. Pero, en el Estado de Opinión, los ciudadanos son maleables y toman la forma que la fuerza política desea, validando sus decisiones y reformas estatales sin exigir una rendición de cuentas –personificación de la masa–.

El deseo de establecer un Estado de Opinión en el país se remonta al año 2009, cuando el expresidente Álvaro Uribe buscaba una reforma que permitiera su segunda reelección. La idea desapareció junto con el fallo de la Corte que no permitió otro período presidencial. Y no fue hasta el 2019 que se revivió el deseo de establecer dicho Estado, cuando la Registraduría le otorgó a un grupo de ciudadanos el aval para impulsar un referendo que pretendía derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y revocar las cortes.

En la actualidad, el contenido sustantivo del Estado de Opinión se llena con el proyecto que busca establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Iniciativa que es el reflejo de la voluntad de la mayoría y que, de no ser aprobada, significaría una pérdida electoral para los individuos y partidos que no la apoyen. Dejando a un lado opiniones de expertos que catalogan a la cadena perpetua como una medida ineficiente y que, en cambio, debería promoverse la investigación para la captura oportuna y disminución de la impunidad. Factor que, de ser reducido, modificaría el comportamiento de las personas que cometen estos crímenes puesto que tienen la certeza de que obtendrán un castigo por sus actos. Así, se relegan los análisis de profesionales y se priorizan las opiniones de una masa pasional e ignorante en el tema.

Aunado a lo anterior, se encuentra la ambición política de conformar un Estado de Opinión en estas circunstancias –una pandemia seductora para ejercer el poder vía decreto–. En el marco del Estado de Emergencia Económica y Social en la que nos encontramos se está trazando el rumbo del país a partir de decretos ley y no de la Constitución; escenario en el cual se abre una grieta para la entrada de un Estado de Opinión. Una forma de organización donde las iniciativas propuestas por el Ejecutivo no solo no sean contrariadas, sino que sean apoyadas.

No existe un mejor fenómeno que el caos para impulsar reformas institucionales, para manipular a la masa ignorante bajo falsas pretensiones de servir a las mayorías; incluso cuando los ganadores son pocos. ¿Qué escenario mejor que una pandemia para instaurar una dictadura de las opiniones?