Es una práctica común, aunque no muy ética, que las alcaldías den ciertas plazas a los concejales de su Partido y a los de la coalición de gobierno para que votantes, tanto del alcalde como del concejal, trabajen en puestos rasos (aseadores, vigilantes, conductores, etc.). Prometiendo “puesticos” es que muchos concejales y alcaldes llegan al poder, convirtiéndose esto en algo bastante normalizado, pero que debería suprimirse.
Itagüí no es la excepción a esa práctica poco ética. Acá, varios concejales que hicieron parte de la campaña del hoy alcalde José Fernando Escobar, pero que se opusieron a su Plan de Desarrollo, desmarcándose así de Escobar y de Carlos Andrés Trujillo (ver El nuevo clan de Itagüí), están recibiendo retaliaciones de su alcalde, en tanto los empleados que recomendaron en su momento, están siendo despedidos sin justa causa.
Tal es el caso de Carlos (nombre real cambiado), quien fue despedido el 30 de mayo, aun cuando inició contrato el 13 del mismo mes mediante Corsaldep, que es un operador del Instituto de Recreación y Deporte del municipio (antes Secretaría de Deporte y Recreación), para supuestamente finalizarlo en diciembre. Carlos asegura que fue una retaliación política, puesto que el concejal que lo había recomendado se opuso al Plan de Desarrollo Municipal, el cual se aprobó por el Concejo un día antes del despido de él y de más de 10 empleados, a quienes despidieron bajo el argumento de que no cumplir “con aptitudes y habilidades exigidas” durante el período de prueba, el cual tenía una duración de 42 días, aun cuando no llevaban ni 20 días haber empezado a trabajar (ver terminación contrato).
Así juegan con los trabajos de la gente que nada tiene que ver con las rivalidades políticas del alcalde.
A Carlos y a su equipo constantemente los felicitaban por sus tareas y labores. Angustiado, me decía que (sic) “siempre que hacíamos una actividad nos felicitaban nunca hubo un llamado de atención ni un proceso disciplinario para no cumplir el periodo de prueba” (ver felicitaciones). ¿No es realmente extraño e injusto el argumento que se expone en la carta de despido?
Para la fecha de despido, Carlos argumenta que no había presentado su informe de actividades, el cual debía presentar cada mes, lo que confirma, según él, la falta de análisis objetivo que diera pie al despido. Además, el debido proceso nunca tuvo lugar pues en ningún momento fue evaluado.
Carlos y otros 6 empleados despedidos por la misma razón interpusieron una acción de tutela, alegando vulneración al trabajo, a la salud, al mínimo vital y al debido proceso. Buena suerte en el proceso.
Pareciera que en Itagüí solo pueden trabajar los amigos de Escobar… o mejor, solo pueden trabajar los amigos y familiares del alcalde.
Resulta que, a diferencia de Carlos y el resto de despedidos, el joven Jeison Nieves, sobrino de la esposa del alcalde, Deisy Herrera Sanmartín, tiene aún activo su contrato, que también es hasta diciembre (ver relación) (ver contrato).
El contrato de Carlos era de gestor de ocio, tiempo libre y estilos de vida saludable, lo cual se podía desarrollar durante la cuarentena con diferentes estrategias, mientras que el de Nieves es como entrenador de fútbol sala, lo cual difícilmente se puede estar desarrollando durante estos tiempos de pandemia (ver objeto contrato). Según el mismo sobrino, (sic) “hasta el momento solo están habilitados los deportistas de altos logros osea los que compiten a nivel internacional y el fútbol profesional”. ¿Qué actividades estará desempeñando Nieves? ¿Qué está justificando su salario de más de tres millones de pesos durante estos tiempos de inactividad?
No quiero decir que el joven Nieves sea un mal profesional en el campo para el que fue contratado, pero lo que sí es evidente es que acá despiden y contratan con diferentes raseros, y que su contrato debería estar suspendido por obvias razones. ¿Por qué fueron despedidos unos y otros no? ¿Por qué el alcalde pretende mantener gobernabilidad jugando con el trabajo de las personas de a pie? Que la rivalidad política del alcalde con algunos de los concejales no se convierta en un tormento para varios contratistas y empleados del municipio.
Para finalizar, no quisiera pasar de largo el hecho de que la alcaldía de José Fernando, también mediante Corsaldep, contrate personas inhabilitadas por la Procuraduría General de la Nación (ver inhabilitado y alcalde). ¿Quién vigila a Corsaldep y al alcalde y sus mañas?
Adenda. No soy traficante ni vendedor de armas. Si me sucede algo, ya mi círculo más cercano sabe quién puede ser el culpable. Que las rivalidades políticas no sean caldo de cultivo para calumnias. Tampoco soy mandadero de nadie: soy autónomo en mi agenda sobre lo escribo o no.
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