“Negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad” – Nelson Mandela
En nuestra sociedad se ha vuelto muy común la violación de derechos fundamentales, lo vemos en nuestra vida cotidiana como algo que tiene que suceder o así lo han expresado diferentes personajes políticos; pero nos preocupamos más bien poco por la violación de derechos humanos al interior de las cárceles de nuestro país. En los últimos años hemos normalizado la palabra hacinamiento, la cual significa acumular personas o animales en un lugar que no cuenta con las dimensiones físicas, de seguridad e higiene para albergarlos, así viven los presos de nuestro país, agregando además la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de estos, lo que ha caracterizado a los centros penitenciarios por décadas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre la vulneración sistemática de los derechos humanos de los presos, es el caso de la sentencia T-153 de 1998, en ella se habla del estado de cosas institucionales haciendo referencia a la manera en que sobreviven los reclusos, sin las condiciones mínimas que brindan el acceso a la dignidad humana y a un ambiente sano, pero ¿Cuál es el origen del hacinamiento? partiendo de un estudio realizado por la oficina de planeación del INPEC en 1997, se pueden distinguir cuatro etapas dentro del fenómeno de ocupación carcelaria; la época del asentamiento entre 1938 y 1956; la época del desborde, entre 1957 y 1975; época del reposo, entre 1976 y 1994; y la época de alarma desde 1995 hasta la fecha, todo este conflicto debido a la crisis de los años noventa en la que el Estado no invirtió en la construcción de cárceles sino hasta el año 2000, lo que no ayudó en la reducción del hacinamiento debido alto incremento de delitos en el país en ese año, pero hay otras causas que dan vía libre al incremento del hacinamiento como la demora en los procesos penales, la falta de jueces de ejecución de penas, alto índice de delincuencia en el país y políticas criminales que no van a encaminadas a la protección de los derechos humanos.
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