Veinte años después de haberle servido al país como Vicecontralor General de la República, he presentado mi nombre al nuevo proceso para elegir Contralor para el periodo 2018 -2022.
Fueron importantes los logros alcanzados con Carlos Ossa Escobar, cuando la Contraloría General de la República, CGR, estaba en mora de adaptarse a los nuevos roles asignados por la Constitución de 1991, y aunque muchas de esas transformaciones perduran, otras fueron desechadas por las posteriores administraciones.
Fue lamentable el reversazo en el proyecto de “E – control”, con financiación BID, que permitía el acopio de información y el ejercicio de la función de control en línea y en tiempo real, reduciendo al mínimo las auditorías presenciales.
Hoy retomo ese sueño. Creo en un control preventivo y propositivo, en las alarmas tempranas y en la focalización. Creo en una CGR que se ocupe menos de perseguir corruptos y más de cerrarle caminos a la corrupción, con la ayuda del Estado y la sociedad, porque la lucha contra la corrupción es de todos.
Reniego de una Contraloría que atemorice o pueda ser utilizada en contra de personas o instituciones. Sufrí en carne propia el uso de la institucionalidad como arma de retaliación. Y yo no lo haré. Pueden estar tranquilos quienes se consideren mis contradictores.
Construiré sobre lo construido; conservaré lo valioso y reviviré proyectos que considero sustantivos para que la CGR responda competitivamente a los nuevos retos tecnológicos.
Hace 20 años emprendimos un cambio estructural para fortalecerla como una organización moderna y administrada por resultados. Se actualizaron procesos a partir de la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC. Se implementó un Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), autónomo, eficaz y proactivo, y creamos la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, un gran esfuerzo para estandarizar las metodologías de control.
Fortalecimos el proceso de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo, y dimos vida a las auditorías articuladas con la sociedad civil. La Ley 598 de 2000 creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE; el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS; y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR. Y con la Ley 610 de 2000 -de Responsabilidad Fiscal-, aún vigente, logramos un enorme avance jurídico procesal.
Hoy estoy dispuesto a afrontar nuevos retos, si el Congreso así lo decide. Cuando se pasa el umbral de los sesenta, ya no buscamos “hacer hoja de vida”, sino asumir causas que puedan transformar la realidad del país.
Creo en una Contraloría que le agregue valor al control fiscal y a la administración de los recursos públicos. Hay que devolverles su condición de sagrados, porque son fruto del esfuerzo de los colombianos para construir la Colombia del mañana.
