“En teoría, en nuestro décimo octavo cumpleaños adquirimos un vínculo jurídico con el Estado que nos otorga derechos y deberes, sin embargo, ser ciudadano en Colombia requiere mucho más que tener 18 años.”
En Colombia es obligatoria la enseñanza de clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública. Seguramente más de uno recuerda haber visto en el colegio los derechos y deberes que todos tenemos con el Estado, o que al menos desde la inexperiencia y optimismo propios de la infancia creíamos que todas las personas poseían. No niego ni busco menoscabar la importancia que tiene estudiar la Constitución y la instrucción cívica. Sin embargo, me gustaría cuestionar la veracidad del discurso que se imparte en Colombia, en tanto existen muchos requisitos por fuera de la normatividad para establecer si una persona es vista por el Estado como ciudadana o no.
En teoría, en nuestro décimo octavo cumpleaños adquirimos un vínculo jurídico con el Estado que nos otorga derechos y deberes, sin embargo, ser ciudadano en Colombia requiere mucho más que tener 18 años. Dicho esto, es válido preguntarse por qué hay tantas personas que cumplen con todos los requisitos para ser considerados ciudadanos colombianos, que tienen cédula y deberes políticos, pero siguen sin ser vistos realmente como ciudadanos por el Estado. Tal es el caso de las personas que han debido asentarse en zonas de difícil acceso, que luchan por no ser estigmatizadas y para que se les garanticen derechos básicos como el acceso al agua y demás servicios públicos domiciliarios. O el acceso a la salud, la educación y muchos otros derechos ubicados en cada una de las tres generaciones de estos, que resultan inasequibles para personas que no pueden pensarse a sí mismos a largo plazo, porque están ocupados sobreviviendo el día a día.
Mediante el reconocimiento de un ser humano como ciudadano se reconocen todos los derechos que está obligado a otorgar el Estado, lo anterior significa que pueden exigir su propio bienestar y reconocimiento de la identidad de sus familias o comunidades. En las sociedades actuales la ciudadanía ha adquirido nuevos significados, en tanto se posea o no la capacidad de influir en el intercambio mediático y a participar en este con un adecuado conocimiento de lo que se discute.
En la búsqueda de despojar de fundamento ideológico a las políticas públicas, especialmente a las sociales, se ha ignorado lo poco ético que resulta poner en términos de influencia a grupos poblacionales. Significando lo anterior que la mirada del Estado solo se posicionará sobre las personas más capaces de llamar la atención, no necesariamente quienes más lo necesiten. La población vulnerable se ha enfocado en lograr satisfacer sus necesidades primarias, no ha tenido tiempo de educarse para el debate político o académico, esto ha sido motivo suficiente para ser, por el resto de sus vidas y de su descendencia, parias.
Sin embargo, hasta aquí no he dicho nada nuevo, la ciudadanía siempre ha sido, más que una garantía, una pugna. No obstante, en un contexto en el que el accionar político se ha guiado a la búsqueda de la paz, con la sanción de la Ley de la Paz Total, o la circunscripción a los ODS, dentro de los cuales existe un objetivo que dicta: Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cómo pueden implementarse políticas orientadas a la paz si no se tienen los mínimos de participación? La acción del Estado debe ir encaminada a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos de papel.
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