“La nueva constitución supera el Estado subsidiario fijado por la constitución del 80, pasando a ser un estado cuidador embebido en un contexto de responsabilidad fiscal y de crisis climática. En este sentido, se busca garantizar las condiciones de dignidad mínimas para vivir bien en un país cuyo progreso macroeconómico no se condijo con una reducción proporcional de las desigualdades”
En medio de un complejo y polarizado contexto político, y después de un año de arduo trabajo, la Convención Constitucional de Chile logró cumplir su mandato y entregó al presidente Gabriel Boric el borrador de la Nueva Constitución, el cual se plebiscitará el 4 de septiembre para definir su aprobación o rechazo. De ganar el Apruebo, el texto comienza a regir in actum, y en caso que gane la otra opción, continúa vigente la constitución de Pinochet.
Cabe recordar que una de las demandas sociales del estallido de 2019 fue precisamente cambiar la constitución impuesta en dictadura, y maquillada por los gobiernos de la Concertación y las administraciones de Piñera. Y además, el plebiscito por una nueva carta magna fue la salida política que permitió descomprimir el ambiente, el cual sin embargo no llegó a estabilizarse debido a que las reglas vigentes y la voluntad política imposibilitaron las reformas demandadas, y luego la pandemia impidió cualquier proceso de cicatrización social.
Dentro de este contexto, la Convención concentró todas las esperanzas de cambio y su conformación fue clara muestra del hastío contra la clase político-económica, reflejando de mejor manera la diversidad política y social del país. Además, sus reglas fijaron la paridad, quedando integrada por 77 hombres y 77 mujeres, y la incorporación de 17 escaños reservados para los pueblos originarios.
Desde el comienzo, el proceso constituyente enfrentó sendas campañas de desprestigio, desinformación y deslegitimación producto de la resistencia de un bloque político que ha sido permanente opositor de los procesos de cambio, quienes además ostentan el monopolio de los medios de comunicación, los cuales han servido de cámara de eco para amplificar las campañas contra la Convención.
Primero, incrementaron las opciones electorales del rechazo, lo cual fue aplastado gracias al 78% que obtuvo el Apruebo en el plebiscito de 2020. Luego usaron el castrochavismo y las mentiras ideológicas para la elección de los constituyentes, así como también abultaron las curules que podría lograr la derecha, con pronósticos de hasta un 50% del total de la instancia, pero apenas lograron 37 sillas. Ya durante las funciones de la Convención, se dedicaron a desvirtuar la labor de los constituyentes, concentrando el debate en el chisme, en mentiras y en la tergiversación de los contenidos en disputa, llegando incluso a elaborar textos con contenido alterado del articulado.
A pesar de todas estas dificultades, se cumplió el mandato y 4 de julio se entregó el manuscrito cuyos 388 artículos y 57 disposiciones transitorias fueron aprobados por al menos dos tercios de las y los constituyentes, dando cuerpo así a una constitución de carácter progresista y que consolida en 10 pilares, las respuestas a muchas de las demandas de 2019:
En el primer pilar, democracia y participación, se destacan dos aspectos: se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y se habilita la iniciativa popular de ley; Del segundo pilar, inclusión social y no discriminación, se reconoce la plurinacionalidad en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado; en el tercer pilar, instituciones y autonomías constitucionales, se reemplaza el Senado por la cámara de las regiones y se crean los sistemas de justicia bajo una única corte suprema; y el cuarto pilar, sobre libertades, confirma la libertad de emprender, de cátedra y de culto.
El Quinto pilar, respecto a género y paridad, establece que toda entidad estatal debe tener una composición paritaria del 50% de mujeres; señala que una ley garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, incluyendo la decisión de interrumpir el embarazo; y establece la justicia con enfoque de género para erradicar las violencias contra mujeres, disidencias y diversidades sexuales.
El Sexto pilar, sobre naturaleza y medioambiente, dispone la obligación estatal de combatir el cambio climático dentro del territorio nacional, crea el principio de responsabilidad ambiental para que toda persona que dañe el medio ambiente deba repararlo; elimina el mercado del agua y constitucionaliza el derecho al agua y al saneamiento, e incluye protecciones ecosistémicas y los derechos de la naturaleza y los animales.
El séptimo pilar, descentralización, define a Chile como un estado regional y potencia la autonomía de las entidades territoriales; el octavo pilar, ciencia e investigación, trata sobre acceso al mundo digital y principios sobre bioética; y el noveno pilar rescata aspectos esenciales sobre economía en cuanto responsabilidad fiscal, brinda la posibilidad de crear empresas municipales y sienta las bases para fomentar economías de pequeña escala.
Finalmente, el décimo pilar, compila propuestas para garantía de la mayoría de los derechos fundamentales reclamados en las calles: a la vida y la salud; justicia y memoria; no violencia; muerte digna; ciudad y vivienda; educación; trabajo decente; a la seguridad social; a la propiedad y no expropiación y el derecho a la indemnización en caso que ocurra.
Con todo este conjunto, la nueva constitución supera el Estado subsidiario fijado por la constitución del 80, pasando a ser un estado cuidador embebido en un contexto de responsabilidad fiscal y de crisis climática. En este sentido, se busca garantizar las condiciones de dignidad mínimas para vivir bien en un país cuyo progreso macroeconómico no se condijo con una reducción proporcional de las desigualdades, sino por el contrario, benefició principalmente a una élite político-económica que jamás trabajó por acercar la democracia a la gente, sino más bien sumió la disputa política a la voluntad del mercado.
Así, Chile enfrenta una batalla por la hegemonía, donde las fuerzas a favor del statu quo han desenvuelto todos los dispositivos para minar el trabajo de la Convención y la capacidad resolutora de conflictos que tiene la Nueva Constitución. Con toda esta deslegitimación, el gobierno de Gabriel Boric ha debido remar contracorriente y las encuestas hoy dan ganador al rechazo, con una ventaja cada vez más estrecha, precisamente porque al existir un texto al cual consultar, la gente ya ha podido acercarse a los pilares descritos y ver en ellos la posibilidad de satisfacer las demandas por un mejor país.
No debemos olvidar que el descontento fue – y sigue siendo – masivo, general y estructural respecto al modelo chileno que tanto ha servido como ejemplo para otros países, entre ellos Colombia, y que en caso de perder el Apruebo, continuaría sin modificaciones. Luego de sucesivas mareas de movilización, se llegó al clímax de 2019, momento en que la derecha perdió la hegemonía y también la vergüenza, dedicándose abiertamente a mentir y desinformar, dando manotazos de desespero para mantener el poder en su bolsillo.
En medio de toda esta disputa, sumada al contexto económico y la presión mediática, se viene la última batalla para defender la Nueva Constitución, y probablemente se llegue a un triunfo estrecho del Apruebo, lo cual traerá consigo nuevos desafíos para relegitimar el proceso que fue dispuesto para cerrar las heridas de tantos años de desigualdad.
Comentar