La estructura política del Ecuador establece cinco poderes del Estado que son: poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación ciudadana –claro está que el socialismo del siglo XXI incorporó dos de ellos en la Constitución del Estado aprobada en 2008, para así ampliar su control en el corto, mediano y largo plazo–. Si bien cada una tiene funciones y tareas específicas enmarcadas en las leyes, y todas a su vez enfrentadas al desgaste en sus distintas administraciones y procesos, la actual legislatura se esmera en superarse a sí misma y, con ello, fallarle al país, reflejado esto en la Asamblea Nacional, la cual, tiene el más bajo nivel de confianza y reputación entre todas las instituciones públicas; aunque su desgate al final de cada cuatro años está siempre en un dígito, la actual no cumple ni el año y ya se ubica en alrededor el 10% de su nivel de aceptación.
Recordemos que este órgano está conformado por 137 asambleístas, distribuidos en 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y distritales, y 6 que representan a los compatriotas en el exterior (siendo las circunscripciones Europa, Oceanía y Asia; Canadá y los Estados Unidos; y Latinoamérica, el Caribe y África). En el actual período legislativo existen cinco bancadas: Unión por la Esperanza o UNES (una alianza electoral entre el Movimiento Centro Democrático y Revolución Ciudadana, movimiento del expresidente Rafael Correa), Movimiento de Unidad Plurinacional o Pachakutik (MUPP-18), Partido Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC) y aliados, y Alianza por el cambio (integrado por el Movimiento CREO y varios movimientos provinciales).
Son pan de cada día los conflictos entre las bancadas y las denuncias de casos de corrupción con o sin pruebas, donde cerca del 30% de asambleístas tiene algún tipo de investigación en su contra por presunción del cometimiento de algún delito; por ello, la actual imagen de la Asamblea es la que cuenta con el deterioro más rápido en su credibilidad al compararla con sus predecesoras, siendo los principales factores que afectan su imagen:
- El perfil profesional de los legisladores que poco o nada conocen de sus funciones y llegan por ser “caras conocidas” en sus territorios, antes que por el aporte que pudiesen dar desde las facultades que asumirán.
- Las propias actuaciones de los miembros y del poder legislativo como tal.
- Las constantes confrontaciones con el ejecutivo.
- El acceso directo a las fuentes de información que permite al ciudadano en tiempo real conocer el accionar de la Asamblea.
Ahora bien, precisar qué ha hecho o qué no ha hecho para lograr ese nivel de aceptación, es sin duda realizar un conteo de todos los desaciertos en este casi primer año de funciones. Sin duda hay que aclarar que existen respetables asambleístas que buscan darle otra cara al legislativo, pero la gran mayoría, representada en UNES y en aquellos legisladores que le secundan coyunturalmente, no generan otra cosa que no sea el caos, traducido en “no hacen ni dejan hacer nada”, conllevando a una parálisis política de la que no se observa una luz al final del túnel.
El pasado 10 de marzo se dio un golpe al Estado de derecho cuando en la sesión parlamentaria se votó por la amnistía en paquete de 268 personas, usando como principal motivación la búsqueda de la “paz social” por los acontecimientos de octubre de 2019, donde todo Ecuador –en especial Quito– vivió días muy oscuros en los cuales se le prendió fuego a la Contraloría, se atacó a canales de televisión con bombas incendiarias, se bloquearon vías, se destruyó el centro histórico de Quito, se invadieron fincas y haciendas agrícolas para que los trabajadores de las mismas adhirieran a las protestas –caso contrario, amenazaban con quemarlas–, se secuestraron a policías y periodistas en diversos puntos del país… y la lista continúa.
Fueron días de vergüenza y desesperanza por la actitud vandálica y subversiva de aquellos que decían representar al pueblo, pues fueron ellos parte de los que recibieron la amnistía promovida por UNES y Pachakutik, a lo que se unió una fracción de Izquierda Democrática y algunos “independientes” que están aglutinados en la bancada oficialista. Lo curioso es que apenas 62 de los 268 están vinculados a esas protestas (con investigaciones relacionadas a delitos tales como: incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, paralización de servicios públicos, rebelión, secuestro, terrorismo, instigación, daño a bien ajeno y sabotaje) y muchos de los delitos sobre los que tienen investigaciones están tipificados en la norma ecuatoriana que no pueden ser indultados; el resto están agrupados en “defensores de territorios comunitarios” (151 personas acusadas de usurpación, uso ilegal del suelo y delincuencia organizada), 12 están en el grupo de Justicia Indígena (acusados de delitos de robo, tráfico de tierras y secuestro) y, finalmente, 43 personas en el grupo de “defensores de la naturaleza” acusados de sabotaje, daño a la propiedad privada, rebelión, ataque, daños y perjuicios. Es decir, un perdón en combo, ya que estos mismos grupos parlamentarios preparan un nuevo grupo de amnistías, y así la impunidad sigue su curso, dejando al país ante la impavidez de como aquellos que son sus representantes, usan su posición para el beneficio personal. Sería importante analizar si de trasfondo no hay beneficios económicos por meterse en esa lista de “beneficiarios”.
Pero salta la pregunta, ante el justificativo dado que era “la búsqueda de la paz social”, ¿por qué dentro de la lista de amnistía, no hay policías y militares que están presos por esas mismas protestas?, aquellos que defendieron a costa de su vida al país, a las ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil (esta última intentó ser tomada por los mismos grupos que alteraron el orden en la capital), y a la propiedad privada y a las familias, porque a ellos se los juzga como maleantes, cuando fueron otros lo que querían destruir los cimientos de la sociedad ecuatoriana. Razón de peso para tener vergüenza de la Asamblea Nacional del Ecuador, y con ello mandar un mensaje de impunidad donde el que siente que tiene poder –y los recursos– puede ser “amparado” por la ley, y así, una vez más “el que tiene padrino se bautiza”.
A esto se le suman más y más acciones, por ejemplo, la negativa al proyecto de ley de inversiones que remitió el ejecutivo y que era uno de los pilares de campaña del ahora presidente Guillermo Lasso, donde las bancadas de oposición, e incluso de aquellos partidos de izquierda que lo venían apoyando, le fueron aceptados algunos de sus pedidos; al final decidieron negarla y archivarla, relegando al país a las tendencias mundiales de apertura que han generado bienestar en otras latitudes. Para estas inacciones debemos mencionar las que señala la periodista Patricia Estupiñán:
“En casi un año de funciones, la actual Asamblea ha puesto en la gaveta del olvido proyectos como las reformas a las leyes de Comunicación y Universidades, ha impedido que se apruebe una ley para lograr que haya un proceso de repetición sobre responsables de acciones contrarias a los intereses del Estado, y permitió que pase por el Ministerio de la Ley la Reforma Tributaria sin consideraciones ciudadanas. Ha aprobado un proyecto de aumento salarial a los maestros, sin el financiamiento respectivo, pues habla de los ingresos excedentes del petróleo, que son temporales: una burla para los maestros.”
De igual manera, se sigue sin darle tratamiento al proyecto de ley remitido por el ejecutivo encaminado a fortalecer la seguridad ciudadana, ante el aumento de los índices de criminalidad del país, y demás iniciativas a las que se les ha dado la espalda en aras de mantener la confrontación y de que el ejecutivo no avance, para así, derrotarlo en las siguientes elecciones y retomar, según ellos, el poder y mantener la impunidad en los innumerables casos de corrupción donde están señalados funcionarios del gobierno del expresidente Correa ¡Esa es la moneda de cambio en las negociaciones de cualquier proyecto de ley! ya se dejó de actuar hace mucho tiempo por el país, sino más por el interés personal o partidista ¡Como dueles Ecuador!
Así nuevamente transcurrirán los años del actual gobierno que, al no contar con mayoría en el legislativo, verá como sus iniciativas naufragan. De ahí que la solución que plantean muchos sectores ciudadanos es la “muerte cruzada”, mecanismo legal a través del cual el ejecutivo disuelve a la Asamblea y dentro de los siguientes seis (6) meses deben realizarse nuevas elecciones; durante ese período gobernará por decreto siempre que estén aprobados por la Corte Constitucional del Ecuador. Lamentablemente no es un camino que desea explorar el presidente Guillermo Lasso, pues una potencial elección presidencial es probable que no la gane.
¿Qué le queda al país? Seguir dependiendo de sectores políticos personalistas que poco o nada les importa su futuro, y solo ven la oportunidad para obtener prebendas y beneficios políticos y económicos, continuando así en la oscuridad y el subdesarrollo.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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