Conflicto Opinión Recomendados

Incoherencia o cinismo

“Resulta impresionante e increíble el nivel de cinismo y el poder que tiene para engañar con un discurso tergiversado y mentiroso el Uribismo”


La ley de justicia y paz fue un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe en el 2005, y posteriormente aprobado por el Congreso de la República. Este marco se propuso para facilitar la desmovilización de paramilitares en Colombia. Esto se dio después de que la organización terrorista, paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha denominada como las autodefensas unidas de Colombia (AUC), que participó en el conflicto armado interno en Colombia, se desmovilizara en el 2006. Lo que buscaba la ley de justicia y paz, era facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de estos grupos que se habían desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto se dio después de que en el año 2003, el 15 de julio, las autodefensas unidas de Colombia firmara con el Gobierno Nacional un acuerdo que buscaba dar inicio a una etapa de negociación entre ambas partes para el logro de la paz nacional, este acuerdo fue firmado en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, uno de los lugares de concentración de estos grupos.

Sin embargo esta ley fue fuertemente criticada por grupos defensores de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas, entre otras organizaciones, puesto que esta ley ofrecía penas demasiado generosas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados hayan confesado o que el estado haya probado posteriormente. Otro tema fuertemente criticado, fue que en un principio el periodo propuesto para las investigaciones y para la recolección de material probatorio fue muy corto. Adicional a esto, los victimarios jamás dijeron la verdad sobre sus actos cometidos en el conflicto, pues solo se les pidió que declararan una versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, este punto fue también criticado por las Naciones Unidas mediante su vocero Michael Fruhling, pues la realización de una confesión total no fue un requisito del proceso, sino que en principio se exigió más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, también argumentó que eso constituyó un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación de las víctimas.

El mismo gobierno y los defensores de este proyecto, argumentaron que había que permitir cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negación, pues de esta forma se encontraba un balance entre años requerimientos de la justicia y de la paz.

La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la ley de justicia y paz, en un fallo de abril de 2006, por 7 votos contra 2, no encontró vicios de forma en el hecho de que el trámite de la ley en el congreso haya sido el de una ley no estatutaria; mas sin embargo, el 18 de mayo de ese mismo año, en un nuevo fallo referido esta vez al mismo contenido de la ley, la corte condiciono varios apartes de la ley y declaró que quienes se acogieran a la ley deberían cumplirá cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir, a diferencia del proyecto de ley que paso el gobierno y aprobó el congreso donde la confesión plena de la verdad no era un requisito, y los delitos que los desmovilizados cometieran después de la desmovilización, no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos. Si no hubiera sido por estos correctivos que solucionaron varios de los graves problemas y vacíos iniciales que existían en el proyecto de ley, la impunidad y el engaño hubieran sido más grandes.

La ley de justicia y paz no le dio garantías judiciales a las víctimas, los paramilitares no les devolvieron las tierras que alguna vez les robaron a sangre y fuego, tampoco los repararon ni los indemnizaron. Tras 15 años de esta ley, queda claro que los bienes que entregaron para la reparación siguen siendo pocos frente al gigantesco reto que implica indemnizar a las víctimas.

Por otra parte la JEP, jurisdicción especial para la paz o justicia especial para la paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes del grupo guerrillero de las farc, y miembros de la fuerza pública, terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia. Esta tiene como fin el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación y no repetición. La JEP está vigente en Colombia desde el año 2017 cuando fue aprobada desde el Senado de la república, acoge a los delitos que fueron cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc el 24 de noviembre de 2016.

Sin embargo la JEP desde su creación ha sido fuertemente criticada y cuestionada por el partido político Centro Democrático, movimiento que tiene como líder máximo al ex presidente Álvaro Uribe y el Presidente de la República Iván Duque, quienes manifiestan que estos delitos no deberían ser amnistiables y que la JEP lo que hace es darle impunidad a aquellos que cometieron delitos atroces, afirmación totalmente contradictoria y mentirosa, pues la JEP precisamente lo que busca es que los guerrilleros desmovilizados que se acogieron al acuerdo y también los miembros de la fuerza pública que cometieron crímenes de lesa humanidad, confiesen la verdad de lo que paso, a cambio de recibir una condena relativamente simbólica, estas penas aunque no son intramurales, ordenan que deben trabajar en proyectos para reparar a las víctimas y tienen restricciones de movilidad. El presidente Iván Duque en mayo de 2019, presentó seis objeciones a la JEP que por fortuna la Corte Constitucional rechazó. Sus reparos estaban relacionados con la reparación económica de las víctimas, la suspensión de procesos de extradición, la selección de quienes podrían someterse a esta justicia especial y el rol de la justicia ordinaria frente a los tribunales de la JEP. Por supuesto las reacciones de quienes apoyaron el acuerdo de paz, no se hicieron esperar, en aquel momento se presentaron diversas manifestaciones en contra de la modificación de la JEP. Los cambios que presentó Iván Duque fueron rechazados por la Cámara de Representantes y en el Senado no hubo consenso sobre el número de votos que se requerían para que fueran aprobados, así que la discusión pasó a la Corte Constitucional, esta decidió, que debido a que las objeciones no obtuvieron la mayoría de votos, estas no debían ser implementadas. Por este motivo, a regañadientes, el presidente tuvo que acatar la orden de la corte y sancionar la ley tal y como fue aprobada en el proceso de paz con la guerrilla.

El camino para el perdón y la reconciliación es la verdad, todas las víctimas, y las familias de las víctimas merecen saber la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto, por lo menos para que descarten de una vez por todas, si sus familiares ya están en la oscuridad del sepulcro, por lo menos para que les puedan dar a sus muertos la última despedida y para quitarse de encima esa condena llamada incertidumbre.

Pero el trasfondo del problema va más allá de lo que se cree; a diferencia de justicia y paz, la JEP busca una verdad obligatoria de contar, una reparación y una garantía real de no repetición. Hoy sabemos la mayoría de colombianos y colombianas que Uribe es un protagonista es esa cruel verdad sobre la guerra, he ahí, el porqué del miedo y la insistencia por acabar y debilitar la JEP, porque el hecho de que los altos mando militares también confiesen sus crímenes, lleva a que los militares declaren quien dio las órdenes, y ya para nadie es un secreto que los altos mandos militares cumplen órdenes directamente desde arriba.

La otra parte del trasfondo de este problema, es que la JEP busca no solo el esclarecimiento de la verdad, sino adicional a eso la reparación y la indemnización de las víctimas, porque el hecho de decir a verdad, implica también un reconocimiento del conflicto, y el hecho del reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado interno, implica una reparación, y por ende una devolución de tierras a los campesinos que un día fueron despojados de sus propiedades. El conflicto armado interno en Colombia, se origina por la mal repartición de las tierras, hoy la gran mayoría de tierras están en manos de unas pocas familias que no las ponen a producir, sino que las acumulan como grandes latifundios, muchos de ellos además de dudosa procedencia, violando así, el mandato de la constitución que ordena cultivar y producir la tierra.

Después de saber todo esto, resulta impresionante e increíble el nivel de cinismo y el poder que tiene para engañar con un discurso tergiversado y mentiroso el Uribismo, ese poder de convencimiento funciona muy bien en un país donde el nivel de educación es realmente bajo, y por ende es muy fácil engañar y manipular a multitudes poderosas.

Esto fue escrito por

Leonardo Sierra

Soy bogotano, me gusta leer, amante del arte, la literatura, y la música. creo en el cambio, así que propongo cambios para esta sociedad colombiana en la que vivo, creo en la paz, la reconciliación y el perdón. respeto y defiendo toda clase de libertad y expresión.

Añadir Comentario

Haga clic aquí para publicar un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.