Entre los funcionarios públicos se da el nombre “asustadurías” a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. De las tres, la más antigua es la primera, cuyos orígenes se remontan a los inicios de nuestra vida republicana, en el Congreso de Cúcuta de 1821. La Contraloría es una de las instituciones creadas en 1923, por el gobierno de Pedro Nel Ospina, siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, las otras fueron la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Las Fiscalía es más joven, con solo treinta años de existencia como quiera es una creación de la Constituyente de 1991, aunque empezó a operar en 1992, con Gustavo de Greiff como primer fiscal.
A lo largo de sus años de existencia de estas entidades se han alternado períodos de esplendor con otros de menor brillo o, incluso, de total oscuridad. Hubo una época en que el paso por la Contraloría se convirtió en la antesala del ingreso a prisión de su titular. El solo nombre de algunos procuradores de antaño imponía respeto, sin necesidad de que estuvieran gesticulando o haciendo monerías donde quiera que había un micrófono o cámara de televisión. En fín, la Fiscalía despertó esperanzas de mejor justicia que se fueron diluyendo con el tiempo y, sobre todo, con el paso de fiscales cada vez más duchos en asuntos de la política que en los del derecho penal.
Hoy las “asustadurías” no pasan por su mejor momento. Seguramente asustan mucho a los funcionarios públicos competentes y honestos, que a veces inexplicablemente caen en investigaciones de esas entidades; pero no así a los bandidos que entran a la administración pública con el claro propósito de robar, dando por descontados los honorarios que pagarán a los abogados para defenderse en los procesos e, incluso, los años de prisión domiciliaria a los que sean condenados si las cosas salen realmente mal.
Pero hay otro aspecto asustador de estas entidades, que concierne a todos los ciudadanos, cual es su incontenible voracidad presupuestal. Entre 2010 y 2020, su presupuesto total creció 153%, es decir, casi el doble del PIB nominal, que aumentó 84% entre esos años. Otra forma de ver las cosas es decir que en el período el PIB nominal de todos los colombianos ni siquiera se duplicó, mientras que el presupuesto de la Contraloría se multiplicó por más de tres y los de la Fiscalía y la Procuraduría lo hicieron por 2,5 y 2,2, respectivamente.
Ese desmesurado crecimiento presupuestal no ha estado acompañado de una mejora sustancial y ostensible en el desempeño de esas entidades. Muchos ciudadanos no vemos en ellas más que poderosos fortines burocráticos usados para impulsar las carreras políticas de quienes llegan a su dirección y, de paso, acabar, si es posible, con las de algunos rivales. Y si el aumento del presupuesto no ha llevado a ninguna mejora en su desempeño, su disminución no debería provocar ningún deterioro.
No es disparatado pensar que, si el ingreso de los colombianos como consecuencia de la pandemia retrocedió tres años, los entes de control hagan el sacrificio correspondiente y recorten sus presupuestos solo en 25%. Esto daría a las finanzas públicas un ahorro de un billón quinientos cincuenta y dos mil millones.
LGVA
Abril de 2021.
Comentar