Un estruendoso ruido han provocado las continuas advertencias del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sobre el proyecto de “humanización de la política criminal” del Gobierno Petro, por considerarlo como un modo de legalizar la cadena del narcotráfico; y como era de esperarse, el Ministro Osuna no ha escatimado esfuerzos para desmentirlo.
Pero, a decir verdad, ¿qué es lo que propone Petro en su reforma a la política criminal, que ha escandalizado de tal forma a la cabeza máxima de la Fiscalía? ¿Se justifica la insistencia del Fiscal Barbosa en sus denuncias? ¿qué alcance real tendría la reforma de ser aprobada?; pues veámoslo.
La reforma a la que se refiere el Fiscal Barbosa, corresponde al Proyecto de Ley No. 336 de 2023 Cámara y 277 de 2023 Senado, “por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, radicado por los Ministros del Interior y de Justicia el 5 de febrero de 2023, con el que se pretende reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 65 de 1993, en punto de despenalizar algunas conductas, flexibilizar régimen de acceso a subrogados penales (como la prisión domiciliaria) y las condiciones de cumplimiento de las penas.
En lo que apunta insistentemente el Fiscal, el proyecto incluye como beneficiarios de la suspensión condicional de la pena a pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, a los que denomina “pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito”, con lo cual de imponérseles una pena de prisión, podrán continuar en libertad vigilada; asimismo, por principio de favorabilidad, quienes se encuentren actualmente presos por cuenta de esta actividad ilícita recobrarían inmediatamente su libertad bajos esas mismas condiciones.
Pero el proyecto va aún más allá, pues pretende beneficiar, como claramente lo ha denunciado el Fiscal Barbosa a quienes participan de toda la cadena del narcotráfico, al extender este beneficio a quienes sean autores o partícipes de los delitos de conservación o financiación de plantaciones (artículo 375), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376), destinación ilícita de muebles o inmuebles (artículo 377) y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos (artículo 382); luego, contrario a lo que ha afirmado el Ministro Osuna, el proyecto sí busca legalizar a quienes participen de todo el ciclo del negocio de la producción y comercialización de estupefacientes, y no solo a los “pequeños cultivadores”.
El Fiscal Barbosa ha insistido, en que esta iniciativa (i) se convierte en un incentivo perverso para el uso de campesinos por parte de organizaciones criminales y promueve así el narcotráfico; (ii) legaliza a pequeños cultivadores y financiadores, y (iii) genera una permisión para que un cultivador también pueda traficar su producto al “pitufeo”.
Más grave aún; si consideramos que, en la práctica, el subrogado de suspensión condicional de la pena tiene los mismos efectos del indulto, resulta gravísimo, desde el punto de vista ético y jurídico que se pretenda legalizar solapadamente (o como diría el Fiscal, por la puerta de atrás) el maldito negocio del narcotráfico, en contravía de lo normado en el inciso segundo del artículo 150.17 de la Constitución Política que prohíbe expresamente que …’los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, sean considerados como delitos políticos o como conductas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrán existir respecto de ellos, amnistía ni indulto’
Por más que insista el Ministro Osuna en lo contrario, el Fiscal Barbosa tiene toda la razón, Petro busca a toda costa, hacer efectivo su vergonzoso discurso ante la comunidad internacional: legalizar el narcotráfico. Con todo, a Petro, el cinismo le alcanza para calificar las afirmaciones del doctor Barbosa como calumnias; y a un Congresista para denunciar al Fiscal por “traición a la Patria”, a pesar de que lo es efectivamente el hecho de promover la entrega del país a criminales de toda laya.
En la próxima columna explicaremos el modo en que lo propuesto por el Gobierno Petro en esta Ley implicaría una grave afectación a dos de los pilares básicos de nuestra sociedad:el respeto a la familia y la libertad de expresar y profesar nuestras creencias religiosas.
Postdata:
En el debate de control político que se promovió en su contra en el Senado de la República, el Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, destacó una serie de cifras que respaldarían un incremento de incautación de estupefacientes en lo que va corrido del año, lo que respaldaría su tesis de mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico basada en la interdicción por sobre la erradicación de cultivos. Pues bien, el engaño se cayó por su propio peso. La revista Semana acaba de publicar, basada en información de ese mismo Ministerio, que la incautación de cocaína ha caído exponencialmente, con relación a los datos del mismo periodo en los dos años anteriores. Así, mientras en enero y febrero de 2022, se habían incautado 121,7 toneladas, en 2023, apenas 74,4 (-39%); además, en el mismo periodo de 2022, se habían erradicado 9.895 hectáreas de coca, mientras que, en 2023, sólo 733 hectáreas.
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