“La administración estatal, en cabeza de sus instituciones, deben ajustarse a los cambios estructurados en la sociedad y, a los desesperanzadores índices que auguran infortunios y pobreza extrema al sector más desfavorecido en nuestro sistema económico. Una economía inflexible y rígida, que otorgue prebendas al sector empresarial, y gire en torno al mismo ciclo ventajoso, deja en una posición de vulnerabilidad mayor a la clase baja y media de nuestro país”.
La importancia que implica el aporte monetario de una sociedad a través de la obtención de bienes y servicios (consumo), para el Estado Social, es vital para su sostenimiento. Esta configuración se traduce en los impuestos que terminan asumiendo los consumidores finales debido a la cesión que hace el sector empresarial en el precio de los productos. En otras palabras, somos nosotros la base del Estado, quien se encarga de administrar esos recursos “en prevalencia del interés general”. Por supuesto, en complementariedad de los aranceles y gabelas que contribuye el sector empresarial en todos sus niveles.
El principal legado que nos dejó el neoliberalismo económico es la injusticia y el desbalance que hay entre masas a nivel global. La sociedad actual del siglo XXI, y hablo también de la colombiana, está viviendo la peor cara de esta teoría capitalista que llevada la práctica es ruin. Parece que cada día más se normalizara la sobreexplotación laboral, al ver como un triunfo, el hecho de tener varios empleos para subsistir y poder pagarle a sus acreedores. Esa libertad de escogencia no es más que mera propaganda disfrazada en la autorrealización y autooptimización del trabajador.
Paralelamente encontramos otro panorama: el desempleo y la informalidad. Según el DANE, para el mes de julio de este año la tasa desempleo se ubicó en 14,3%, emitido en su último boletín técnico. Por su parte, la informalidad se ubica sobre el 48% en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Es decir, casi la mitad de los trabajadores en el país no gozan de prestaciones sociales, seguridad social, y mucho menos garantías laborales. La explicación más fácil puede ser “la pandemia”; ese gran telón de humo en el que trata de escudarse el gobierno nacional para justificar su falta de diligencia e ineptitud; no estoy desconociendo los estragos que ha dejado esta crisis sanitaria, sin embargo, este problema viene desde mucho antes.
Surgen muchos interrogantes, algunos de ellos son: ¿Qué se está haciendo desde el Estado para buscar el punto de equilibrio y humanizar más a nuestro sector empresarial con carencia de solidaridad?, y por otro lado, ¿Qué enfoque se le está dando a las políticas públicas en seguridad social para la protección de los trabajadores informales en Colombia? Lastimosamente, en esta breve columna no tengo las respuestas, pero sí, ciertas acotaciones. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de redireccionar la consigna establecida en la Constitución del 91, sobre el principio de progresividad tributaria; en cuanto, no es equitativa entre quienes perciben más ingresos en el país y la clase media, ya que, se le están ofreciendo exenciones tributarias injustificadas a este sector y no le están aportando al Estado lo que deberían acorde a su capacidad. Por otro lado, hay que ir destiñendo la deshumanización de la mano de obra, mediante un enfoque diferencial que permita lograr un tránsito hacia la dignificación del trabajo con mejores condiciones y garantías laborales. Puede sonar un poco utópico por el alto componente filosófico que contiene esta última reflexión, sin embargo, considero que es posible lograrlo dentro de Estado si se establecen con claridad las prioridades.
Es un deber consignado en la Constitución Política, la contribución que hacemos todos los colombianos para los gastos e inversiones dentro del Estado, por ende, es lógico que este presupuesto logre ser restituido a través de la inversión social. Es cuestión de justicia y equidad. Con la convulsión social generada a causa de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, los defensores de tal propuesta señalaron la importancia del “efecto redistributivo de los impuestos”, y que este solo se lograba a través de los impuestos personales tratando de deslegitimar el peso tributario que recaía, en cierto modo, sobre el sector banquero y empresarial. Es aquí donde entra en cuestionamiento sus afirmaciones, debido a que, el bajo impacto distributivo de los tributos se explica porque los impuestos directos tienen una progresividad débil y los impuestos indirectos como el IVA son regresivos en Colombia.
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