Las exigencias de la minga al presidente develan sus intenciones, pues mientras Duque viajó a ratificar lo acordado, los indígenas querían hacerle un juicio político que me recuerda el que el M19 pretendió imponerle a Betancur en 1985.
El expresidente no cedió y optó por el uso legítimo de la Fuerza para disuadir a los violentos, que arrogantes desencadenaron la tragedia del Palacio de Justicia, por la cual han sido perseguidos los defensores de las instituciones, mientras los determinadores gozan de libertad y reconocimiento.
Entre ellos se encuentra Petro, el único político que, invitado por la minga, estuvo echando discursos haciendo propuestas populistas e instigando «movilizaciones», fiel a su amenaza al gobierno el día de su derrota. Las intenciones eran otras, como confesó el consejero del CRIC: «No solo quedaron plantados los sectores indígenas, acá están los campesinos, los sindicalistas, obreros, estudiantes, porque íbamos a trabajar las políticas del país, pero el presidente no quiso escuchar».
¿Qué hacían allá sindicalistas, obreros y estudiantes? ¿Ese era el espacio y el momento para «trabajar los problemas del país»? De lo que se trataba era de una encerrona para agitar todas las banderas políticas contra el Gobierno, a la que Duque no se prestó, sin renunciar al diálogo con los líderes.
La protesta social es un derecho, pero está infiltrada políticamente por la izquierda y por grupos armados ilegales. Los mingueros y los estudiantes lo niegan, pero los encapuchados, el vandalismo y la agresión violenta lo confirman.
Sin embargo, ahora resulta que, según el vocero de la minga, la culpa del fracasado encuentro con el presidente es del fiscal Martínez, que «se inventó» un atentado. Hoy «la paz» –léase Acuerdo fariano y JEP– tiene nuevos mejores amigos como Vargas Lleras, mientras el fiscal pasó a ser uno de sus enemigos por sus argumentos frente a las objeciones; pero de ahí a que se invente atentados para sabotear un acuerdo con la minga hay mucha distancia.
La respuesta de Duque a las pretensiones abusivas de la minga contra la dignidad del presidente como mandatario de todos los colombianos –de ellos también–, fue serena pero firme: Respeto a lo acordado y rechazo a las vías de hecho.
El país está advertido. El Gobierno llegó a un acuerdo «cumplible» y anunció que no permitirá más bloqueos. Si la minga vuelve a las vías de hecho, será suya la responsabilidad, pues no puede extorsionar al Gobierno con «culpabilidades anticipadas», para pretender impedirle el cumplimiento de sus deberes frente al orden público.
Nota bene. La «Unidad» se adjudica el triunfo de rechazar el debate de la JEP por intereses politiqueros. El Gobierno se atribuye el de la dignidad y el deber, porque no solo se dan las batallas que se saben ganadas, sino las que se deben dar, así se pierdan.
