Política

Fuerza sí, pero no así

Si para nadie es un secreto que los alcaldes son plenamente conscientes de los frecuentes excesos en los que incurre el ESMAD cuando actúa, ¿por qué estos suelen evitar pronunciarse respecto de tan evidentes hechos? Simple, para esquivar los costos políticos que conlleva reconocer los errores. Por eso, es común que los regidores se abstengan de pronunciarse hasta que las investigaciones de las instituciones correspondientes se lleven a cabo, aun cuando conocen que la mayoría de esas investigaciones, rara vez desembocan en un resultado coherente con la realidad.

¡Ojo! No estoy diciendo que esos eventos no deban ser motivo de investigación; lo que sí creo es que esos discursos amañados, satanizan unos excesos (como es debido) pero respaldan otros, por motivos eminentemente oportunistas.

Pero volvamos al planteamiento inicial. Los cuerpos antimotines están diseñados para servir como fuerzas de choque no letales, especialmente en casos de disturbios, lo cual no implica que siempre deban ser usados como primera opción ante la presencia de actos de violencia colectiva. Bajo esta lógica, hay que entender que el escuadrón antidisturbios puede incitar la respuesta de los violentos, por tanto, es de suma conveniencia que antes que el ESMAD, intervengan otros actores institucionales enfocados en desmantelar los conatos de violencia por parte de algunos protestantes.

Creo esencial entonces, que los ayuntamientos establezcan unos modus operandi en los que se les espacio a al menos tres grupos de funcionarios públicos perfectamente diferenciables: en primer lugar, los gestores de convivencia, los que, por supuesto, deben intervenir desarmados y deben estar capacitados en el manejo de masas para intentar mediar con aquellos miembros de la colectividad cuya agresividad haya desembocado o pueda desembocar en actos destructivos. Tales gestores son un pilar trascendental en las manifestaciones sociales de ciudades como Estocolmo y Bruselas, y han sido implementados con algún éxito en Pereira y Bogotá.

Ahora, si los gestores resultan insuficientes, hay que darle paso a un grupo policivo especial para que, usando la protección corporal necesaria −cascos y escudos−, sirva como último filtro no coercitivo y contrarreste la radicalización de algunos manifestantes. Sin embargo, este segundo escalón, debe resultar más intimidante que conciliador, esto es, más que persuadir tiene que ordenar que cesen los disturbios o se procederá a usar la fuerza materializada en el ESMAD.

Finalmente, si y sólo si, los dos filtros anteriores fallan, inevitablemente habría que utilizar una coerción de carácter institucional, pero nunca desmedida, para hacer frente a los actos vandálicos. No obstante, la pregunta del millón es, ¿qué se logra implementando tantos intermediarios antes de reprender a quienes corresponde? Se logra sobre todo, blindar de legitimidad la represión estatal: por un lado, porque se consigue el respeto de los manifestantes pacíficos y de los ciudadanos que de facto rechazan las intervenciones de los antidisturbios. Por otro lado, porque se mantiene el apoyo de aquella parte de la ciudadanía que exige que el Estado garantice el control sobre las protestas para evitar que degeneren en ataques a los bienes públicos y privados.

Entender la intervención de las fuerzas del orden de esta manera, genera una relación de ganar-ganar, en donde la institucionalidad (y los alcaldes) sólo pude salir triunfalista, pues cada actuación recoge al grueso de la opinión pública, permitiéndole así a los gobiernos locales, mantener el apoyo de la ciudadanía.

Alguien debería recordarle o enseñarle (que es lo más probable) esto a los alcaldes, especialmente a aquellos que se denominan ‘alternativos’ que cada vez son más comunes y que suelen estar excesivamente angustiados por simular ser amigos de todos y todas para consolidar un electorado que impulse sus crecientes carreras políticas.