Fuego con fuego no se apaga

En los colegios colombianos, a los jóvenes se les enseña, en cuanto a los símbolos patrios, que el “Escudo de Armas de la República de Colombia” consta de tres franjas horizontales, y que el cóndor, ave de nuestros Andes y que simboliza la libertad, está representado de frente, con las alas extendidas, mirando hacia la derecha, y que de su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante, asida al escudo y entrelazada en la corona, en la cual aparecen sobre oro y en letras las palabras “Libertad y Orden”. Esas dos palabras, las cuales componen el lema nacional, además de configurarse a veces en dicotómicas e incompatibles, son el centro de este escrito de opinión, en tanto han sido tradicional e históricamente platillos distintos de una misma balanza, creciendo y decreciendo de forma inversamente proporcional una en relación con la otra.

De las dos, en un país clásicamente represivo como este, es pertinente comenzar a hablar sobre el “orden”, pues Colombia pareciera un país absurdamente esquizofrénico con el “orden”, pero con uno de corte militar, de marcha y compás, de tomar distancia, de camisa por dentro, de correa en el cinto, de cabello corto, de comida a la fuerza y de bota brillante. Además, es un “orden” de fachadas y calles “pulcras” (sin “vandalismos”, ojalá sin “indigentes” y mejor si es para la visita de alguna autoridad extranjera), de bustos bien pulidos, de hablar cuando se le indica y de filas interminables en donde, ordenadamente, uno detrás del otro debemos pasar horas para realizar el trámite más exiguo. Pareciera existir un gusto por el “orden”, pero aquel que es aparente, externo, el que se hace visible después de que se esconde lo que no se quiere mostrar debajo de la alfombra. Quizá por eso es que, mientras en este país se defiende tan frenéticamente a las paredes, las estatuas y los centros comerciales en las movilizaciones, al mismo tiempo se abandona a los moribundos sangrantes en las vías públicas sin ningún pudor.

Acá pareciera que se defiende un “orden”, pero ojalá uno panfletario, instaurado a punta de amenaza y cocinado en la ilegalidad. Se ampara el “orden”, pero el que es violento, sin duda muy violento, defendido a toda costa mediante el uso legítimo o ilegítimo de las formas más desbordadas y desproporcionadas de agresión. Además, parece que estuviéramos demencialmente preocupados por estar siempre listos para ese “orden”, pues, por ejemplo, es increíble ver cómo, mientras aún no se han finiquitado ni siquiera los detalles de las marchas y concentraciones, ya se encuentran listos los cascos y los escudos, los bolillos y las tanquetas, las patrullas, las motos, las granadas de aturdimiento y de múltiple impacto, los agentes químicos, las patadas, los puños, las pistolas y los fusiles bien cargados y apuntando.

El problema es que para ese “orden”, establecido por nuestros antecesores, los jóvenes resultamos profundamente incómodos y liosos. Y es que debemos ser incómodos con nuestras camisas por fuera, el pelo largo y de colores, los tatuajes, la rebeldía en el rostro, la energía, el entusiasmo, la esperanza, la sinceridad, la pintura, la música, el baile, las pancartas, las arengas y la libertad. Sin embargo, más allá de lo irreverentes que legítimamente podemos llegar a ser, es clara la forma terrorífica, bárbara e hiper-violenta mediante la cual se ha querido obligar tradicionalmente a los jóvenes a pertenecer al “orden”.

Celebro el retiro de una reforma tributaria malsana y egoísta, pero, ¿Qué va a pasar con los jóvenes muertos, los heridos, los mutilados, los desaparecidos, las viudas y las madres que perdieron a sus hijos? Considero que hay un problema estructural que requiere una reforma urgente y necesaria en el país, y es una reforma profunda a la forma como se concibe al “orden” aquí. No puede ser que frente a cada grito delirante y colérico pidiendo “¡orden!”, coexista una respuesta aplastante pidiendo a gritos y de igual forma “¡VIOLENCIA!, ¡VIOLENCIA!, ¡VIOLENCIA!” (aunque se disfrace de palabras como “derecho a utilizar armas para defender a las personas y a los bienes de la acción criminal del terrorismo”).

No puede ser que las madres, aunque partidarias de las causas que se expresan en las calles, tengan que prohibirles a sus hijos salir a las movilizaciones por el miedo de no volverles a ver nunca más con vida. Salir a protestar no puede convertirse en un acto que tenga tanto de heroico como de temerario, y en donde los jóvenes, previa persignación, salgan de sus casas con la idea de que el escenario al que van a enfrentarse en las calles es uno desconocido, bélico, peligroso y tan injusto como letal. No puede ser que cada que salimos los jóvenes a ejercer el componente de “libertad” contenido en el lema nacional, tengamos que volver a nuestras casas (si es que volvemos), humillados, heridos, sin algún ojo, con contusiones, con heridas abiertas, con heridas de bala o sin vida.

Además, no se puede seguir pregonando lo absurdo, inexacto y peligroso de aquellos que consideran que la totalidad de la inmensa masa de jóvenes marchantes en este país son “vándalos”, “saqueadores” y “terroristas”. Es evidente que, si se realizan hechos vandálicos, estos son aislados y no representan sino un ínfimo y despreciable porcentaje de dicha totalidad. Sin embargo, si así fuera, y la gran mayoría de los manifestantes fueran “vándalos” y se dedicaran a “saquear” y a “destruir” como afirman algunos, ¿Quién va a criticarlos en este Estado cimentado en la violencia? ¿Quién va a tirar, con hipocresía, la primera piedra en un país que pide a gritos pena de muerte, linchamientos, atropellos, bombardeos y fusilamientos por doquier? Deberían entender y agradecer que la población que en este país ha vivido de primera mano la violencia, da continuamente gestos impresionantes de reconciliación y solución pacífica frente a los conflictos, pues, si cada una de las ocho millones de víctimas que tiene este país, decidiera prender una antorcha, esta nación ya hubiera ardido hace mucho.

Desesperadamente pido que cese la violencia represiva del Estado hacia sus ciudadanos, especialmente hacia sus jóvenes. La solución a la falta de “orden” no puede ser militarizando las calles, ni las detenciones arbitrarias, ni los excesos policiales, ni las desapariciones, ni los bombardeos, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni las balaceras. ¡Ya basta de eso! La solución, si es que viene del Estado, no puede ser usar el fuego para apagar el fuego, porque las consecuencias serían evidentes.

 

Daniel Porras Lemus

Estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín. Apasionado por la Política, el Derecho y la Historia. Investigador en temas históricos y constitucionales. Sangileño. Santandereano.

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