#LaOpinionDeColmenares.
Los problemas que enfrenta la red hospitalaria pública de La Guajira son estructurales: desactualización tecnológica, insuficiencia de equipos, deterioro de infraestructura, falta de insumos básicos y de personal científico, entre otros. De ahí que el apoyo financiero sea un paso necesario para garantizar la prestación de los servicios a la comunidad.
La Ley 2392 faculta a la Asamblea Departamental para emitir la Estampilla Pro-Hospitales Públicos de La Guajira hasta por $300 mil millones, con el objetivo de atender las urgencias de una red hospitalaria pública históricamente golpeada por la precariedad en la atención en salud. Este mecanismo busca dar un respiro al sistema con un enfoque integral que abarca adquisición de equipos, mantenimiento de la planta física y la expansión de servicios críticos como cuidados intensivos y unidades de diagnóstico.
Este enfoque, en principio, es loable para atender las necesidades urgentes y proyectar soluciones a mediano y largo plazo. Pero, ¿quién garantiza que eso se cumple? ¿La Contraloría Departamental, que es un cero a la izquierda del cero? Es menos que el menos.
La Gobernación y los 15 municipios tienen el desafío de recaudar la Estampilla Pro-Hospitales Públicos de La Guajira de manera efectiva y transparente, superando un contexto histórico de desorganización administrativa y corrupción, de lo cual no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esto plantea algunos interrogantes: ¿Qué medidas concretas se tomarán para evitar que se roben el recaudo? ¿Será suficiente la vigilancia de la Contraloría Departamental que nunca ha tenido resultados? ¿Dónde están los recaudos de las otras estampillas que existen? Porque no es la primera vez que se adopta una estampilla para financiar algún aspecto de la función pública en La Guajira. ¡Y todo lo que han recaudado se lo han robado! ¿Quién ha dicho algo? ¡Ombe! No es negativismo, son los hechos.
Por eso, el éxito de esta estampilla dependerá de varios factores clave. En primer lugar, garantizar el recaudo efectivo, para lo cual tanto la Secretaría de Hacienda Departamental como las tesorerías municipales jugarán un papel crucial, y el traslado oportuno de los recursos deberá ser riguroso. En segundo lugar, aunque la ley menciona mecanismos de transparencia, como la divulgación pública de resultados y la intervención de veedurías ciudadanas, estos pueden ser ineficaces si no se fortalecen las capacidades locales para exigir rendición de cuentas. Aquí es fundamental el papel de las organizaciones de la sociedad civil.
En tercer lugar, la facultad otorgada a los municipios para adoptar la obligatoriedad de la estampilla es positiva en términos de adaptabilidad a las realidades locales. Sin embargo, puede generar desigualdad si algunos municipios optan por no implementarla o enfrentar barreras administrativas y técnicas para recaudar y destinar los recursos. La Asamblea Departamental debe apoyar activamente a los concejos municipales en la reglamentación y adopción de la estampilla para evitar que queden rezagados en el proceso.
Por otro lado, el impacto social esperado es significativo. Los hospitales públicos, que son la única opción de atención para gran parte de la población en La Guajira, especialmente en zonas rurales y para comunidades indígenas, podrían mejorar notablemente su capacidad de respuesta. No obstante, cualquier avance tangible dependerá de una planificación adecuada en la asignación de recursos y una ejecución eficiente, áreas en las que La Guajira ha mostrado históricamente grandes debilidades.
La destinación del 20% de los recaudos para cubrir pasivos pensionales es un reconocimiento al impacto que estas deudas tienen en la sostenibilidad financiera de las instituciones beneficiarias. Esto previene que los recursos operativos se diluyan en compromisos históricos, asegurando que el grueso de los fondos se destinará a mejorar la atención en salud.
La transparencia en el uso de los recursos será fundamental para que la ley cumpla su propósito. La rendición de informes por parte de los directores de los hospitales a las autoridades locales es un avance, pero será crucial que estos informes sean públicos y comprensibles para la ciudadanía. Sin efectivos mecanismos de control y seguimiento, la estampilla corre el riesgo de convertirse en un nuevo frente de corrupción que ya, de por sí, reina en los hospitales públicos de La Guajira.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
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