Entre el derecho a la propiedad industrial y el derecho a la salud y la vida: Un debate necesario en medio de la pandemia

La COVID-19 hizo evidente la necesidad de establecer fuertes capacidades científicas e industriales para que el país cuente con independencia tecnológica en temas críticos. Uno de ellos, la seguridad farmacéutica y sanitaria, reconocida hoy por hoy como un asunto de seguridad nacional. La vulnerabilidad del país en la materia es evidente. La disponibilidad y el acceso a las vacunas para COVID-19, está actualmente sujeta a numerosas condiciones  por fuera del control de las autoridades y de las mismas empresas que las suministran. Como muestra de ello, medio millón de dosis del fabricante chino Sinovac, destinadas para la vacunación de adultos mayores de 70 años, se encuentran demoradas[1].

Al ver que el país no tuvo más remedio que tolerar esta clase de imprevistos, sin que pudiera hacer mucho para evitarlos, ha sido necesario poner en primer plano de la agenda pública la articulación de una política científica, industrial y de salud especializada. En su abordaje, surge un punto clave de análisis: las complejidades de los derechos sobre la propiedad industrial. Las tecnologías sanitarias (vacunas, medicamentos, equipos médicos, etc.) en general, están protegidas por patentes que entregan a un fabricante derechos exclusivos de explotación durante al menos veinte años, periodo en el cual nadie más puede producir, usar, distribuir o vender, sin que medie el consentimiento del titular de la patente.

Estas reglas del comercio plantean una importante tensión con las necesidades de la salud pública. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y a la decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), permiten que se puedan emplear Licencias Obligatorias, que son aquellas que habilitan a un productor a fabricar cierto producto patentado sin la autorización del titular, con el fin de garantizar mayor abastecimiento. En el caso de las vacunas, ese es justamente el cuello de botella global en este momento. La tensión se manifiesta al reparar en que los mecanismos de otorgamiento de estas licencias obligatorias han mostrado ser particularmente lentos y poco efectivos. En el país se han intentado usar en tres ocasiones y en ninguna de ellas se llegó a completar el proceso después de varios años. Por ejemplo, la declaratoria de interés público de medicamentos para tratar la Hepatitis C nunca supo llegar a puerto.

A falta de mecanismos funcionales para dar respuesta a emergencias globales de una gravedad tal como la estamos viviendo, deben discutirse nuevos mecanismos que, preservando el orden propio de las reglas del comercio mundial, permitan la necesaria acción del Estado en otros contextos de máxima prioridad pública. Las patentes son una herramienta valiosa y útil. Pero vernos obligados a emplearlas cuando priman intereses sociales superiores, se hace necesario producir nuevos y mejorados marcos normativos.

Una reciente nota editorial del portal de noticias de la revista Nature, destaca que las patentes no han sido diseñadas para ser usadas en el contexto de emergencias globales como pandemias o guerras[2]. De esta forma, superar la COVID-19 no es un reto que se desarrolle bajo la lógica de conquista competitiva de un mercado, sino desde la suma de esfuerzos empresariales y estatales en torno al bien común.

Ningún país del mundo estará a salvo hasta que todos lo estén. En este momento, en la ciudad más poblada de Brasil, Sao Paulo, los cementerios se han visto obligados a exhumar tumbas viejas para vaciarlas y poder acomodar un alto número de fallecidos recientes[3].Un país que, aunque con mayores capacidades que las nuestras, debido a la desidia de sus gobernantes, fue superado de forma abrumadora por la Pandemia. Por eso, en Colombia debemos decidir entre acomodar los cadáveres de nuestros seres queridos y acomodar nuestras normas. Salud y mercado no pueden acabar asumiéndose como prioridades equivalentes. Mucho menos pueden salud y vida acabar subordinadas a la concepción de legalidad particular del mercado.

Vale la pena destacar las declaraciones del Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, el arzobispo Iván Jurkovic, señalando la necesidad de hacer que medicamentos y vacunas sean accesibles de manera justa y sostenible para todos, asegurando que esta es una “condición fundamental” para salir de la actual crisis sanitaria mundial por coronavirus[4]. El religioso católico recalcó que «la coherencia de las políticas para lograr el doble objetivo del acceso a los medicamentos y la innovación médica es hoy más vital que nunca». En Colombia, la Misión Internacional de Sabios 2019 señaló el camino para avanzar hacia ese doble objetivo, que consiste en la construcción de capacidades científicas para generar nuevo conocimiento, e industriales para producir bienes públicos indispensables para la salud y la vida. Colombia debe dar este paso. Pero para darlo, es necesario clarificar desde la ley cuándo jugamos con las reglas competitivas del comercio, y cuándo aplicamos otras reglas cooperativas diferentes.

La pandemia vino a cambiarnos las preguntas. Mal haríamos en insistir en dar las mismas respuestas de antes. Para obtener respuestas nuevas hay que dar a fondo este debate, convocando a toda la ciudadanía a los escenarios democráticos en un tema que sigue trastornando la vida de toda la humanidad.

[1] El Tiempo. (2021). “Gobierno anuncia cambios en la llegada de vacunas COVID-19 en abril”. 7 de abril de 2021. URL: https://www.eltiempo.com/salud/vacunas-contra-el-covid-19-que-llegaran-a-colombia-durante-abril-579057
[2] Nature. (2021). “It’s time to consider a patent reprieve for COVID vaccines”. Editorial. 30 de marzo de 2021. URL:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00863-w?utm_source=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews
[3] France 24. (2021). “Las muertes por Covid-19 ponen contra las cuerdas a los cementerios de São Paulo”. 2 de abril de 2021. URL: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210402-las-muertes-por-covid-19-ponen-contra-las-cuerdas-a-los-cementerios-de-s%C3%A3o-paulo
[4] Vatican News. (2021). “Jurkovič: mejorar el sistema mundial de patentes para garantizar vacunas para todos”. URL: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-12/jurkovic-mejorar-sistema-mundial-patentes-garantiza-vacuna-covid.html

 

 

Iván Darío Agudelo Zapata

Senador de la República - Partido Liberal
Autor de la Ley 1951 de 2019 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley 1838 de 2017 que permite la creación de empresas de base tecnológica - Spin-off -. Coordinador ponente Ley que recupera la cátedra de historia en Colombia y Ley de Bilinguismo

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