“La lucha democrática en México es un baluarte que durante muchas generaciones les ha tocado defender. En los tiempos actuales es indispensable que los ciudadanos defiendan nuestros derechos y busquemos fortalecer nuestras instituciones”.
«Ojalá no nos arrepintamos de estar dejando tan desprotegida a una democracia naciente»
José Woldenberg
En México, en el año 1990, se crea el Instituto Federal Electoral y se publica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la principal finalidad es la de brindar certeza a los procesos electorales, ¿Por qué?, Muy sencillo, antes de este año los procesos, el cómputo y prácticamente toda la materia electoral lo realizaba directamente la Secretaría de Gobernación.
Es hasta el año de 1996, que a través de una reforma electoral a nuestra Constitución y al COFIPE, que se desliga prácticamente el Gobierno del Instituto, donde ya quedaba integrado cien por ciento de por ciudadanos sin afinidad política, además representados por consejeros Legislativos, por cada Grupo Parlamentario con solo voz y por cada Partido Político. Hasta el año 2014, con la nueva reforma Constitucional se le cambia el nombre a Instituto Nacional Electoral y se le dan más atribuciones para blindar los procesos electorales.
Cuestión similar que sucede con el órgano máximo el 0 quién tiene la principal facultad resolver controversias en materia electoral, proteger los diferentes derechos político-electorales de las y los ciudadanos, con toda la responsabilidad de impartir justicia en dicha materia.
Ambas autoridades tienen la responsabilidad de brindar certeza jurídica e imparcialidad en los procesos electorales.
La Doctrina del Partido Acción Nacional, que es desde 1939, el único Partido opositor al viejo régimen mencionaba que sin efectivas garantías de los derechos fundamentales del ser humano, no cabe realización alguna del Bien Común, y sin Democracia Participativa decae el perfeccionamiento continuo de la comunidad en la búsqueda de su Bien propio. La justicia social se promueve mediante la participación de todos en la definición, construcción, realización y disfrute del bien común; su definición en común es lo que constituye la democracia participativa.
Y aunque estas Instituciones Políticas son perfeccionables, en el caso del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sus 11 integrantes son electos por la Cámara de Diputados mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son electos por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior blinda nuestro proceso electoral, pues no interviene prácticamente ninguna autoridad en las funciones tanto del Instituto ni del Tribunal, a excepción de la persecución política y jurídica a dichos Organismos.
¿Por qué? En el año 2021, se llevaron elecciones intermedias en México, donde se eligen las y los Diputados del Congreso de la Unión y se renovaron prácticamente el 50% de las Gubernaturas, en el año 2014 se le entregó una facultad al Instituto que todos consideramos importante para el desarrollo de las campañas electorales, esta facultad consiste en la fiscalización de los recursos que los partidos políticos a nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen. Esto permitió que el INE diera diferentes observaciones a algunos precandidatos a Gobernadores del partido en el poder, el Partido de López Obrador, y de otras alternativas electorales que no cumplieran con el requisito de la presentación de la fiscalización de la precampaña, perdieron la oportunidad de ser candidatos, dado que la propia legislación mexicana lo contempla.
Qué más le molestó al partido en el poder, que el propio tribunal válido, como era debido la actuación del Instituto, además de otros criterios relevantes, por ejemplo, el INE limitó las conferencias del presidente por hablar de los Procesos Electorales, es importante decir, que está prohibición se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En días pasados el presidente amenazó con enviar una Iniciativa al Congreso de la Unión, entre ellas que se pone en tela de juicio la autonomía del Instituto, y aunque la democracia siempre es perfeccionable, es muy importante que se salvaguarde lo ganado por diversas generaciones de mexicanos.
El INE organiza y vigila los procesos electorales, el Tribunal valida y evalúa los derechos de los candidatos, y es ahí dónde el ciudadano participa, no solo con su voto, sino que también participa durante toda la jornada electoral. Por ello, a mi parecer la reforma electoral debe ser en los siguientes términos para mantener la autonomía institucional.
Eje 1 – El umbral de votación: Elevar el umbral de votación al 5% permitirá que exista una menor cantidad de Partidos Políticos y menor dispersión del electorado, si es que los recursos para las campañas permanecer con recursos públicos, en el caso en concreto, no se concretaría la necesidad de el umbral de votación.
Eje 2 – Acciones afirmativas: Brindar certeza Constitucional que en las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral permanezca la paridad entre los géneros, además de que todos los partidos políticos postulen al menos el 10% de jóvenes a la Cámara de Diputados y Senadores.
Eje 3 – Instrumentos de fiscalización: El Instituto tendrá la facultad de solicitar a la Unidad de Investigación Financiera la vigilancia sobre las cuentas de los candidatos, partidos y familiares en los Procesos Electorales para fortalecer la fiscalización y los topes de gastos de precampaña y campaña.
Eje 4 – Brindar recursos necesarios: El INE no podrá continuar con una reducción presupuestal, sobre todo para incrementar las actividades de cultura cívica con los ciudadanos.
Eje 5 – Disminución de presupuesto a los Partidos Políticos: Realizar las modificaciones necesarias para que el recurso financiero en las campañas pudiera provenir en un mayor porcentaje de los ciudadanos y militantes, con ello disminuir el presupuesto público dirigido a los partidos políticos, con candados financieros para prohibir el recurso de procedencia ilícita en los Partidos Políticos.
Eje 6 – Disminuir requisitos a independientes: Los procesos electorales deberán tener mayor participación de ciudadanos sin partidos políticos, es por ello, la necesidad de disminuir el requisito legal de las firmas de apoyo, es prácticamente imposible que sin una estructura como la de los partidos logren las firmas necesarias para participar en un proceso electoral.
Eje 7 – Profesionalización ciudadana: El Instituto deberá contener con una estructura de capacitación amplia, suficiente y contar con los recursos financieros, materiales y humanos para que dicha estructura permanezca en los diferentes procesos electorales.
Eje 8 – Fuero Constitucional: Ningún Consejero del instituto Nacional Electoral ni Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial pueda ser sancionado por acciones en el uso de las atribuciones y facultades que la ley otorga, deberá existir un procedimiento de desafuero, que se realizará a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eje 9 – Sanciones a autoridades: Se deberá fortalecer la capacidad del INE para evitar la intromisión de algún Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes en los procesos electorales, y brindar elementos que generen certeza al proceso electoral.
Eje 10 – Límites a la UIF: La Unidad de Investigación Financiera podrá solicitar al INE la autorización para poder investigar a cualquier candidato, familiares y cuentas bancarias, ello para salvaguardar el proceso electoral constitucional.
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