En defensa del bono escolar

Hace más de un mes, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, puso en moción un proyecto de ley que tiene el potencial de cambiar el sistema educativo colombiano de forma positiva. Este proyecto, aprobado en primer debate, es del infame “bono escolar” que busca entregarle el financiamiento para la educación directamente a los beneficiarios de esta y no a las instituciones que proveen el servicio. Es decir, darle a las familias los recursos para mandar a su hijo a cualquier colegio, sea público o privado; el Estado financia, más no administra la educación.

Sin embargo, no sorprendentemente, el proyecto enfrentó fuerte oposición por parte de Fecode, la institución gremial sindical de profesores públicos más grande del país. No sorprende, pues este proyecto les quitaría mucho del poder que han gozado por años en Colombia; el poder de restringir las opciones de los padres de familia y monopolizar la educación para sacar beneficio.

Para entender mejor el debate y en aras de hacer una defensa del bono escolar, en la siguiente columna encontrará el lector un breve resumen de la propuesta, los beneficios y lógica detrás de ella, y una evidencia sobre estos programas.

La propuesta de la senadora Valencia

Leyendo el documento, es claro que la senador y su equipo hicieron una investigación importante para su propuesta – si le interesa, vale la pena leerlo. De forma particular, el proyecto contempla la creación de dos tipos de bono, el Bono Escolar Universal y el Bono Escolar Aditivo.

El primero es un bono para todos los jóvenes de estratos bajos que cubriría todos los gastos educativos, incluyendo derechos académicos, pensión, matrícula, costos de enseñanza, salud del estudiante, comidas, administración, etc. El segundo es un bono extra otorgado a estudiantes que han destacado en sus actividades académicas, por ejemplo, cuando esté entre los cinco primero puestos de la clase, o por condiciones inherentes a su estado, por ejemplo, cuando es discapacitado.

En el proyecto, todas las instituciones públicas cambiarían a aceptar bonos y su financiamiento provendría del pago de los estudiantes. Los colegios públicos, por su lado, tienen la opción de participar, pero tienen que cumplir ciertos requerimientos; tener un Proyecto Educativo Institucional o Proyecto Educativo Comunitario, licencia de la Secretaría de Educación, y una garantía de mínimo 30% por grado para jóvenes con bono.

El bono estará disponible para los jóvenes de familias en condiciones de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad, de acuerdo con el Sisben IV. Por último, los padres podrán escoger libremente donde mandar a sus hijos entre los colegios que permiten el uso de bonos, y tendrán una plataforma digital donde pueden comparar fácilmente algunas características de los colegios.

El bono escolar: la opción de libre mercado para la educación pública

La propuesta del bono, como dice el mismo proyecto, se inspira de las ideas de Milton Friedman, uno de los economistas estadounidenses más influyentes en el siglo XX, premio nobel en Economía en 1976. En su artículo de 1955, El papel del gobierno en la educación, plantea la lógica y necesidad del programa de bonos.

Según Friedman, hay tres ocasiones donde, en una sociedad libre, el Estado podría intervenir mínimamente en la economía para mejorar su funcionamiento. En primer lugar, en el “monopolio natural” que lastima la competencia en un sector, en segundo lugar, lo que llama “el efecto del vecindario” en que las acciones de un individuo tienen un impacto superior, y el tercero, la responsabilidad sobre el cuidado de menores e individuos irresponsables.

La educación pública se justifica principalmente bajo la segunda, y la tercera ocasión. El cuidado hacia los individuos todavía irresponsables revela un principio de responsabilidad importante para las familias, pues los padres son quienes deciden y guían a los jóvenes o aquellos que, por condiciones mentales, no tienen la capacidad de elegir por sí mismo. Cuando estos padres fallan de forma desastrosa, con abusos o maltrato, el Estado interviene para protegerlos.

El efecto vecindario, por su lado, es la justificación más relevante para la educación pública. Este efecto implica las acciones de un individuo que impactan de sobremanera las acciones de otros a un nivel que el individuo no puede compensar. Por tanto, corre el argumento, en tal caso es necesario que intervenga el Estado para garantizar una equivalente operación del mercado. Sin embargo, para una implementación efectiva, es necesario dividir la educación en dos, una educación ciudadana que enseñe los principios básicos de la ciudadanía, y conocimientos y habilidades literarias, y una educación vocacional que enseña habilidades particulares para el trabajo.

Al hablar de bonos, el primer tipo de educación es el enfoque, pues es aquella la que mayor beneficio a la sociedad otorga, mientras que minimiza la reducción de la libertad. Como lo pone Friedman en su artículo “La educación de mi hijo contribuye al bienestar de otras personas al promover una sociedad estable y democrática.

La educación vocacional, por su lado, no tiene la misma justificación. En primer lugar, no tiene el correspondiente efecto vecindario, pues es un beneficio principalmente individual, no societal. El que obtiene un mayor salario es el individuo, quien tiene mejor estándar de vida es el individuo, y no aquella carrera o conocimiento que quisiera es escogido a preferencia por el individuo. Subsidiar que alguien se beneficie a costa de otros no tiene un efecto vecindario.

En un segundo momento, se vuelve más difícil saber que tipo de vocaciones subsidiar, requiriendo de cálculos económicos muchas veces imperfectos. El consenso se dificulta de sobre manera. Que es mejor, ¿tener economistas o tener físicos?, o ¿ingenieros o químicos?, ¿politólogos o abogados?, etc. No hay forma de saberlo, pues las necesidades que busca llenar el mercado crean demanda por personas educadas en diversas cosas en puntos de tiempo distintos. Si se intenta financiar todo, acabamos beneficiando a unos a costa de otros por caprichos. ¿En serio quieren gastar que los impuestos se vayan a que personas estudien artes plásticas, o estudios literarios?

Así como la afirma Friedman, “El beneficio social de la educación es probablemente mayor en los niveles más bajos de educación, donde existe la mayor aproximación a la unanimidad sobre el contenido de la educación, y disminuye continuamente a medida que aumenta el nivel de educación.”

El bono escolar, en términos generales, es una forma de devolverle la libertad de escoger a los padres de familia sobre donde sus hijos van al colegio. Aquellos que no vean progreso en la educación de sus hijos tendrían la opción de cambiar; el peso de las quejas se vuelve real, pues los administradores y profesores saben que deben ganarse a los estudiantes, no forzarlos a estar con ellos. La ineficiencia e inefectividad se castiga.

Es una oportunidad para que los abusos por parte de algunos profesores o administradores frene. Si un padre de familia no está de acuerdo con lo que le enseñan a su hijo, tiene este la opción de sacarlo. Esto es particularmente importante para evitar el adoctrinamiento que a veces sucede en colegios – algo que el mismo autor vivió en un punto. También, le da una poderosa herramienta a los padres y estudiantes para evitar el acoso y violencia de distintas formas por parte de otros estudiantes o maestros. Una administración que no actúe con respecto a un profesor o estudiante abusivo, perderá a los otros. En Bogotá se han vivido varios casos de abuso donde los padres, desesperados por la ineptitud o corrupción administrativa, deben recurrir a una demostración de fuerza en la forma de protestas para traer atención a los casos. Con el bono, podrían forzar la mano de los administradores.

Un beneficio adicional, tal vez particular a los Estados con altos niveles de corrupción, es quitarle de las manos a los burócratas y desconocidos los recursos supuestamente destinados a la ciudadanía que, no obstante, algunos se meten al bolsillo.

El modelo ejemplar

Ahora, más allá de buenos sentimientos y la lógica detrás de la propuesta, en políticas públicas se pide algún grado de evidencia para justificar el cambio. En el caso del bono escolar, la evidencia es abrumadoramente positiva a favor del bono escolar. La senadora Valencia mencionó cuatro casos en su proyecto: Chile, Suecia, Estados Unidos, y Pakistán, aquí un poco más sobre ello.

La literatura ha mostrado que el bono escolar tiene numerosos beneficios para los estudiantes, las instituciones educativas, y las cuentas fiscales del Estado. Sobre los estudiantes que han participado en programas de elección escolar, 14 estudios discutidos mostraron efectivos positivos, dos no encontraron efectos, y tres tuvieron efectos negativos. Es decir, la mayoría de la evidencia muestra beneficios para los estudiantes (aquellos que se supone beneficie directamente la educación pública).

Sobre los efectos para escuelas, de 34 estudios, 32 mostraron efectos positivos para las instituciones y dos encontraron efectos negativos. Al hacer que los colegios se vuelvan responsables ante los padres y que deban competir por educar a los jóvenes, estos mejoran para ofrecer un mejor servicio y lograr que evolucione el sistema.

En términos fiscales, también hay buenas noticias. De 45 estudios, 41 encontraron que estos programas le ahorran dinero a los contribuyente, es decir, no deben gastar  tanto de su dinero para sostener la educación de sus hijos. Otros tres estudios encontraron que no había diferencia, y tan solo uno encontró mayor gasto por parte de contribuyente.

Resumiendo, las propuestas de elección escolar mejoran los resultados académicos de los jóvenes, mejoran la calidad de las instituciones educativas a través de la competencia con otras, y lo hacen al mismo tiempo que reducen el costo hacia el contribuyente. Todo esto indica un éxito rotundo para la elección escolar, lo cual lo hace la elección obvia al transformar el sistema educativo en Colombia… al menos, uno pensaría eso.

Es tiempo, como sociedad, de plantearnos la pregunta más básica al tratarse de la educación: ¿A quién buscamos beneficiar con la educación en Colombia?, ¿al estudiante o al maestro? Pregúntese usted en su casa, revise cuanto paga de impuestos, y reflexione si usted paga eso para que una persona pueda recibir un salario con el mínimo de trabajo, o para que su hijo tenga una formación de calidad que le asegure un mejor futuro.


Todas las columnas del autor en este enlace: Santiago Silva Schmidt

Santiago Silva Schmidt

* Coordinador local para Students for Liberty Colombia. Graduado de Relaciones Internacionales enfocado en política, economía e historia.

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