“Que sean los empresarios los administradores de las cárceles porque sabemos que al Estado le quedó grande”
No cabe duda que en América Latina existe una fuerte crisis desde todas las esferas sociales, políticas y económicas generadas desde antaño y robustecidas fundamentalmente por la pandemia que hoy indispone al mundo. Sin embargo, dentro de esos problemas sociales, existe uno al que infelizmente parece no gozar de importancia y es precisamente la crisis que se vive dentro del sistema penitenciario y carcelario en el que sus efectos negativos persiguen a todos los ciudadanos libres o presos, de tal forma que es importante abordar el tema con urgencia y detenimiento, no solo desde la óptica de estos espacios de opinión, sino también desde la perspectiva legislativa que en definitiva, es la forma adecuada de proponer el cambio mediante la potestad de la ley.
La sociedad del castigo en la que vivimos día a día, condena a las personas sin estar condenadas por una sentencia de un juez, ni siquiera nos damos a la tarea de informarnos sobre lo que ha pasado porque aún desconocemos la palabra “libertad” en toda su dimensión.
Nos excita el castigo y el dolor ajenos, la morbosidad de ver al hombre condenado sufriente como un tal “karma” por haber tenido un momento de oscuridad en su vida que lo ha llevado a cometer un delito y es el mismo pueblo que le hace culto a la hipocresía que día a día pide la protección de los derechos humanos pero al mismo tiempo persuade para que sean vulnerados los (derechos) de las personas que se encuentran privadas de la libertad, y en este sentido vale traer palabras del gran jurista italiano Carnelutti: “la libertad vale más que la vida”, aunque todavía nuestra sociedad tiene vigente la cultura del castigo y aquella ley del talión del “ojo por ojo y diente por diente”
Ciertamente, el hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios es un problema social que debe ser valorado desde el panorama de los derechos humanos, teniendo en cuenta el factor de inherencia a la persona y la no exclusión o selectividad de estos; es decir, para unos sí y para otros no. El fiasco del sistema penitenciario en Colombia se traduce a 79.953 cupos. Si los que estuviesen en las cárceles fueran solamente los condenados, básicamente no habría hacinamiento, porque el total de esa población es 78.461; pero los sindicados detrás de las rejas suman 43.000 dice el director del INPEC, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón.
No nos digamos mentiras y digamos la verdad, al Estado colombiano le quedó grande la administración del sistema, cada preso tiene un costo de manutención de $1.200.000 mensuales, el estado no está en la capacidad económica de solventar tan altas cifras y más a una población olvidada y reprochada socialmente, así que tanta es la deficiencia administrativa que anualmente se presentan más de 18.000 demandas contra el Estado.
Otra verdad sobre el pésimo sistema penitenciario es que las cárceles no son centros de resocialización que propenden a cumplir los fines esenciales de la pena; sino más bien, se han convertido en campos de concentración nazi en el país, dónde la única diferencia que existe es que los presos no son judíos sino colombianos, el diario vivir de un condenado es estar todo el día a la intemperie en un patio, en condiciones infrahumanas y con mucho tiempo de maquinar en su mente criminal nuevas ideas de delito, de tal forma que las cárceles en Latinoamérica son unas completas universidades del crimen, dónde se pueden hacer perfectamente doctorados en criminalidad y violencia, no se le puede exigir a un condenado que se resocialice en un lugar putrefacto y corrompido en el que desde el primer momento se le han vulnerado sus derechos.
La solución es limpiar y acabar con estos repulsivos y sucios lugares trasladándole estos centros a los grandes empresarios que quieran seguir contribuyendo con el desarrollo y la economía del país, de tal suerte que sean ellos quienes funjan como verdaderos líderes sociales generadores de un auténtico cambio social y de esta forma, regresarles sus derechos. Son los empresarios quienes podrían salvar la patria contribuyendo en la construcción de nuevas cárceles, celebrando convenios con universidades públicas y privadas, proporcionándole de esta manera a la población carcelaria formación académica a través de programas técnicos y trabajo que en verdad ayude a la plena resocialización y alejamiento del crimen; así como también, sean ellos, los mismos generadores de mano de obra de las grandes industrias, como la textil, los químicos, la metalurgia y también el sector agrícola, por eso que sean los empresarios los administradores de las cárceles porque sabemos que al Estado le quedó grande.
Esto proporciona un salvavidas tanto para la industria colombiana como para el condenado que está cambiando el “chip” de la criminalidad, pero en definitiva el mayor beneficiado de todo esto es sin duda la sociedad colombiana, porque significa tener menos gente dañina en las calles y muchos más tecnólogos y trabajadores en el país.
Lo anterior puede parecer un sueño o una meta inalcanzable pero no cabe la menor duda que puede llegar a convertirse en una realidad social que va a favorecer al país entero, porque no nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros problemas a nivel nacional tienen su génesis en las cárceles.
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