¿Empresario o contrabandista? Las dos caras de Colombia

Una de las grandes dudas que surgen con cada cambio de Gobierno, es la de qué políticas implementarán el nuevo mandatario y su gabinete ministerial para favorecer el crecimiento económica de las empresas y que tan fácil será la creación de las mismas: estas son el caballo que tira de las riendas de la economía colombiana y mejoran la calidad de vida de las personas, gracias a que fortalecen el tejido social y la cooperación entre los individuos.

Colombia en los últimos años ha presentado un mal desempeño en materia de políticas que fomenten el crecimiento empresarial, puesto que somos uno de los países miembros de la OCDE que tiene la tarifa más alta en el impuesto sobre la renta a las empresas; mientras que en 2020 la tasa que se pagaba en Colombia era de 32%, el promedio en la OCDE fue de 22% y en pares regionales, como Chile y México, tenían tarifas de 25% y 30% correspondientemente (Salazar Sierra, 2021). Lo dicho, crea un panorama muy poco alentador para nuestros empresarios y, por supuesto, para los trabajadores.

A partir de esto surgen diferentes fenómenos sociales. El primero: las empresas, al ver el alto precio que se debe pagar por trabajar dentro de los parámetros establecidos por la ley (costo de legalidad) deben ofrecer sus productos y servicios a un precio más elevado de lo que una economía de libre mercado permitiría, lo cual obliga a los consumidores a gastar más en el mejor de los casos, y en el peor a optar por mercancías y servicios de mucha menor calidad, generando un deterioro de la confianza entre las empresas y los consumidores.

El segundo problema es una disminución en el salario de los trabajadores, puesto que las empresas, al gastar más en pago de impuestos, ven limitada su capacidad de reinvertir el dinero en máquinas y en nuevos métodos para optimizar los recursos y volverse más productivas.

Otro de los fenómenos es el del llamado contrabando, nombre que utiliza el Estado para clasificar los negocios y mercancías que entran al país sin pagar su respectivo tributo. Pero hay algo más detrás de esto. Al igual que el mercado, el ser humano (su agente principal) siempre busca satisfacer las necesidades de los demás para ganar y satisfacer sus propias necesidades –para estar bien, claro está–, lo que hace que, al momento de buscar alternativas de comercio, algunas personas prefieran pagar sobornos, arreglos extralegales, e incluso, recurrir a las armas (precio de la violencia) con tal de ofrecer sus productos; evidentemente, los consumidores, al ver una mejor calidad a menor precio, prefieren elegir estas mercancías.

Con lo antes mencionado, no tengo el ánimo de defender el contrabando, ni mucho menos. Solo quiero dejar claro que muchos de los problemas que tiene el libre mercado, existen gracias a la intervención del Estado sobre este.

En el año 2020, la firma consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) realizó un informe sobre la facilidad para hacer negocios en países de todo el mundo. Allí se encontró con que Colombia tiene una presión tributaria del 71,3%, lo que quiere decir que por cada cien pesos que generamos los colombianos, el Estado se queda con 71,3 de ellos. Conociendo estos datos, es comprensible que las personas prefieran tomar otra vía, pues el Estado prácticamente nos ata los brazos.

Antes de elegir a nuestros Gobiernos, analicemos cuál de ellos ofrece políticas que le permitan a cada individuo hacerse cargo de su propia vida, porque está demostrado que los políticos no las pueden solucionar por nosotros.