La del sector eléctrico fue una de las grandes reformas institucionales de los años 90 del siglo pasado. Abierto a la participación privada y regido por reglas de mercado y una regulación competitiva, el sector eléctrico colombiano ha crecido sostenidamente en capacidad de producción y transporte, abasteciendo cumplidamente la demanda, aún en condiciones hidrológicas críticas, con una matriz de generación diversificada y limpia. Solo los prejuicios ideológicos profundamente arraigados en su mente pueden explicar el deseo del candidato Gustavo Francisco Petro Urrego de acabar con lo que internacionalmente se reconoce como un caso de éxito.
Son tres las principales amenazas contenidas en el programa de Petro (página 17) que se ciernen sobre el sector eléctrico y que llevarían a la desaparición del modelo de mercado y su institucionalidad:
- “No se construirán más hidroeléctricas de embalse”
- “Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables”
- “Se fortalecerá el rol del estado en el despacho de energía eléctrica…”
La prohibición de construir hidroeléctricas de embalse acaba con la libertad de los empresarios de elegir la naturaleza y monto de sus inversiones y llevaría a la desaparición de la planeación indicativa de la expansión de la generación y a su sustitución por una planeación imperativa y centralizada como la que colapsó con ocasión del racionamiento de 1992.
El “impulso” a la sustitución de plantas térmicas también va en contravía de las reglas de mercado y de la regulación competitiva con la que se ha buscado la neutralidad tecnológica de suerte que la elección de las fuentes de generación dependa de su eficiencia y rentabilidad relativas. Adicionalmente, la desaparición de la generación térmica privaría al sistema de un referente de mercado – el costo de los combustibles – para la valoración del agua embalsada.
El “fortalecimiento” del rol del estado en el despacho es extremadamente inquietante. Hoy el despacho horario de la carga eléctrica es el resultado de las ofertas competitivas – precio y cantidad – que hacen los agentes generadores basados en sus propias evaluaciones de oportunidad, beneficio y riesgo. El “fortalecimiento del rol del estado” no puede significar nada distinto que la implantación de reglas puramente administrativas dejando al mercado sometido a la arbitrariedad del ministro de turno.
El gran mérito de la reforma eléctrica de los años noventa fue la separación funcional y normativa de los roles del estado en el sector eléctrico colombiano. Ese esquema institucional – con la política en el ministerio, la planeación en la UPME y la regulación en la CREG – ha permitido la coexistencia de empresas públicas, mixtas y privadas compitiendo bajo las mismas reglas.
No cabe la menor duda de que una planeación imperativa y centralizada, guiada por criterios ambientalistas extremos, y la desaparición del mercado spot y su reemplazo por un despacho administrado – regido por los criterios de confiabilidad y estabilidad del ministro de turno – llevarán al marchitamiento progresivo de la inversión privada en el sector y a la aparición en su lugar de un desueto monopolio gubernamental en generación y transmisión. Estamos advertidos.
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