Sin importar cuantos discursos se hagan alrededor de la justicia restaurativa, la reconciliación o el perdón, a los colombianos les hacen falta razones para volver a confiar o confiar por primera vez.
En teoría pareciera que el conflicto interno de Colombia ha terminado, pero la realidad de las regiones evidencia circunstancias hostiles aún latentes en el país. A pesar de haber logrado un hito histórico al firmar los Acuerdos de Paz con el grupo guerrillero más longevo de la historia colombiana, quedan millones de víctimas en fila ante el gobierno buscando restaurar los derechos que se les vieron vulnerados.
Por su parte, la implementación de los Acuerdos de Paz se ha desarrollado en un ambiente de críticas y tropiezos, en el que un amplio sector de la sociedad mira con desconfianza su validez. Y es que la tardanza del congreso en aprobar las leyes que representan la base del Acuerdo, la falta de respuestas por parte del gobierno a los interrogantes de las víctimas, la carencia en la protección a líderes sociales, el débil proceso de reintegración a la vida civil de los excombatientes y el insuficiente apoyo económico del Estado a proyectos productivos son solo algunos de los impedimentos que el gobierno tendrá que sortear para ganar la credibilidad que amerita la consolidación de una paz estable y duradera.
Sin embargo, debido a las dudas que se han presentado respecto a la voluntad del gobierno por cumplir a cabalidad con lo planteado en los Acuerdos de Paz, el reto para los órganos institucionales que nacen del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es demostrar, con el cumplimiento de su mandato, que la institucionalidad del Estado sí está comprometida con la paz y, por ende, es vital que a su vez los ciudadanos legitimen su accionar.
Puesto que, en la tormentosa espera de pasar del papel a los hechos, lo que sí es cierto es que en el camino hacia la reconciliación dos cosas son importantes: que los órganos que integran el Sistema Integral alcancen su mandato, y que la sociedad civil se apropie de la construcción de paz, demostrándose dispuesta a reparar el tejido social que quebrantó la violencia.
Sobre lo primero, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tienen una inmensa responsabilidad con el pueblo colombiano. Con su labor se dará un acercamiento profundo a las distintas caras que protagonizaron el conflicto, y con esto deberá ser posible satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.
Lo segundo tal vez sea más necesario que lo primero. Pues la Colombia de la que hoy hacemos parte se encuentra innegablemente rota, existe en ella un profundo trauma social suscitado por el conflicto armado. El irrespeto y la agresión se han vuelto parte de la interacción social, mientras la corrupción y falta de garantías por parte de los gobernantes ya no sorprenden a los colombianos; por esto se nos hará difícil volver a confiar, volver a confiar en quienes nos rodean, y en quienes nos gobiernan.
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