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El que afirma debe probar, no el que niega

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La presunción de inocencia está siendo minada. Con frecuencia se vulnera en redes sociales por ciudadanos que ejercen irresponsablemente su derecho a la libertad de expresión. Siendo más grave las publicaciones incriminatorias que hacen referencia de supuestos hechos ilícitos con la finalidad de lograr una condena mediática.

El uso de las redes sociales como estrategia de guerra política con incidencia penal es preocupante.  Desde esta tribuna, personas sin escrúpulos lanzan injurias y calumnias. Especulan sobre sus opositores y echan a rodar comentarios sin fundamento antes de sentarse como espectadores a observar el alcance negativo de sus decires en la reputación ajena. Quienes así utilizan estos medios lo hacen con la vil motivación de degradar la honra de su adversario y con la tranquilidad del anonimato. Actúan con conocimiento de la impunidad de la que gozan. Partiendo de la premisa que la mayoría de los receptores de su mensaje están desinformados y no les interesa distinguir la verdad de la mentira.

Es suficiente con poner en circulación cualquier afirmación incriminatoria que apele a la emotividad del receptor del mensaje. Pues es difícil estar en desacuerdo con aquel que expresa indignación frente a supuestos hechos de corrupción, de maltrato, de abusos. Apelar a las emociones siempre será un argumento poderoso de convicción. También estratégico cuando se quiere disfrazar la mentira con apariencia de verdad. De ahí que los argumentos falaces son tan comunes y difíciles de descubrir. Requiere de racionalizar el mensaje y esto es justo de lo que carece la comunicación por redes sociales. Donde priman las emociones (me gusta, me entristece, me enoja, me divierte etc.) no hay afán por la verdad.

En esa guerra política, al final no importa tanto la lucha por una causa concreta, sino dejar un manto de duda frente al buen nombre y dignidad del opositor.  Basta que sea viral para que la opinión pública de por cierto lo que se dice. Infortunadamente, las redes sociales están sustituyendo las reglas procesales para determinar la verdad de los hechos, la inocencia de una persona y la justicia en materia judicial.

La presunción de inocencia es la garantía del principio de razón suficiente en Derecho, pues impide llegar a conclusiones sin premisas comprobadas. Parte de la regla según la cual “el que afirma debe probar, no el que niega”. Este derecho es fundamental en un Estado democrático para otorgar seguridad jurídica. Sin embargo, hoy es práctica frecuente en el país que el pseudoperiodismo utilice las redes sociales para invertir la carga de la prueba. Ahora todas las personas que son señaladas públicamente de una supuesta conducta ilícita son considerados culpables hasta que demuestren su inocencia.  Y si guarda silencio, inmediatamente resulta condenado.

Es necesario hacer cada vez más evidente esta estrategia en la confrontación política para exigir del que afirma algo, que lo pruebe.  Pues son muchos los casos de denuncias temerarias que intentan resolverse desde el anonimato en redes sociales que ni siquiera pasan por los tribunales de justicia.

Esto fue escrito por

John Fredy Arango

Politólogo y Abogado Especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal. Colaborador en diferentes medios de comunicación escrita como columnista y caricaturista. Apasionado por los asuntos políticos y la filosofía política.

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