El pajazo de Santos

“Si se fragmenta la verdad, no habrá verdad…”
Gustavo Petro

Circuló en estos días un video del Presidente durante la posesión de una magistrada de alguno de los muchos e ineptos tribunales de “justicia” de este país. En esta oportunidad, el Mandatario, haciéndose a un lado del Estado que encabeza y dirige, dijo, supongo que en lapsus, que iría personalmente a la ONU a decirles que el Estado “No quería cumplir el acuerdo que firmó¨. Se refería al acuerdo con las Farc.

Dije que en un aparente lapsus, porque nuestra Constitución establece que el Presidente es la cabeza del Estado y representa su majestad, es el jefe del Gobierno, el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y dirige las relaciones exteriores del país. Dijo, literalmente, que el Estado, o sea él, no iría a cumplir los acuerdos firmados con las Farc. ¡El Estado NO soy yo!

En la calentura que me produjo el discurso, escribí a algunos de mis contactos e WhatsApp, algo que me reafirma en la decisión de no tener redes sociales, especialmente X: “Y tampoco hay como cumplirle a los 9 millones de Víctimas. La ley de Víctimas es otro pajazo Santista, al igual que el acuerdo con las Farc”. Y rematé luego escribiendo que: “Los acuerdos con las Farc y la Ley de Víctimas se convirtieron en fortines clientelistas y corruptos de la clase política tradicional”.

Leyendo lo escrito tuve que añadir la siguiente glosa para algunos de mis contactos: “quiero decir “La implementación de los acuerdos y de la ley de Víctimas…” Si hubiera escrito en X los primeros párrafos, ya estarían ardiendo mis carnitas y huesitos en la hoguera inquisitorial de las buenas conciencias, de la burocracia de la paz o de la zurda ciega en que se convirtieron casi todos mis amigos.

De mi corto paso por una alta entidad del Estado, salí con la amargura de constatar que la voluntad de cambio es irrisoria al nivel de la ejecución de los presupuestos y de la implementación de los cambios urgentes de este país. El Camión del cambio patina y se hunde en el barrizal de la alta y mediana burocracia. Primaba la conveniencia y el acomodo de los nuevos burócratas sobre el imperativo de la denuncia y el alto a la corrupción hereda. El miedo campeaba entre los ejércitos de contratistas reconvertidos, por arte de magia, en los nuevos “compañeros” de viaje, aunque seguían lamiendo las suelas de sus nuevos jefes, muchos de ellos encumbrados en sus oficinas y prisioneros del silencio. Era más fácil comunicarse con el papa.

Estando allí aprendí a odiar la palabra “articular”. La palabra preferida de la alta burocracia capitalina para explicar sus falencias e inercias o echarle la culpa a sus pares institucionales. Entonces no se ejecutaba por falta de articulación, no se hacía nada por falta de articulación y en todo caso, había que esperar la reunión o el conclave interinstitucional para dejar claro que estábamos desarticulados. Terminaban los municipios y los departamentos cargando la pesada ineficiencia de la “administración” nacional.

Y encontré una clave para explicar el por qué en el gobierno del Cambio se habían profundizado el centralismo y el desprecio por las autonomías regionales; por qué la descentralización era mirada con recelo y campeaba el argumento de que en las regiones todo se lo roban. Creo que la clave es la siguiente: al alto gobierno llegaron unos hambrientos de poder que se deslumbraron con los carros blindados, los escoltas, los micrófonos y las cámaras. Unos y Otros, provenientes de partidos, movimientos y organizaciones que siempre anduvieron en la marginalidad, que practicaron el centralismo democrático y le prendían velas a la dictadura del proletariado, la planificación central y las bondades del Estado, llegaron a poner en práctica su catecismo. Ganamos sin con quien gobernar y eso es una tragedia.

Conocí en la capital el perverso sistema de los Operadores: consorcios, uniones temporales, organizaciones no gubernamentales y empresas constituidas para contratar y ejecutar en los territorios los recursos nacionales. Estos operadores han sido creados por los políticos nacionales y regionales para robarse los recursos públicos y aligerar la ejecución de una horda de funcionarios ineficientes y negligentes. Su mina son los enormes recursos destinados al sistema nacional de paz. Si algo hay que reprocharle a este Gobierno, es que no nombró funcionarios valientes y arrojados que atajaran la corrupción que se carcomía el Estado. Hemos hecho muy poco para acabar con esta vagabundería.

La conclusión a la que llegué trabajando unos pocos meses en Bogotá, o mejor, mi epifanía capitalina es la siguiente: un gran sector del establecimiento, representado por Santos, se reencauchó, se fortaleció políticamente y se ha enriquecido con el llamado proceso de paz, a cuya sombra conformó un Estado paralelo creado para materializar el acuerdo con las Farc. Este Estado paralelo ha usufructuado los ingentes recursos destinados a la sustitución de cultivos, los planes de desarrollo territorial, la reincorporación, la atención a las víctimas, la reforma agraria y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos nuevos espacios institucionales, fueron entregados a las cuotas “progresistas y democráticas” de Roy Barreras, Benedetti, Velasco, Rivera, Cristo y Santos, por supuesto, quedando los Cargos y recursos departamentales y locales para los politiqueros de estos órdenes.

Estos nuevos demócratas, nóbeles, amantes y defensores de los acuerdos, son los dueños de los cargos y de los operadores que se roban los recursos para la paz. Es de anotar igualmente, que los recursos y la pomposa nueva institucionalidad para la paz, fue parte de la mermelada que aceitó la aprobación y constitucionalización en el Congreso de los acuerdos con las Farc.

Lo que ocurrió en la Unidad Nacional del Riesgo y que viene ocurriendo en todo el Estado Central, no es producto de un corrupto de Caramanta, es la saga de lo que ha sucedido en anteriores administraciones, es el resultado del centralismo aberrante de este gobierno que no suelta una competencia ni un peso hacia lo local o regional. Es producto de la falta de una política de ordenamiento territorial que empodere los territorios, achique el estado central, acabe con las Corporaciones ambientales y transfiera las competencias y recursos suficientes para atender las necesidades del pueblo; a la falta de voluntad para adelantar una reforma política que acabe con los nichos de poder y corrupción locales, departamentales y nacionales encarnados en las Contralorías, las procuradurías regionales, y las personerías.

En fin, en Bogotá entendí que el agua está lejos…