El reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que elevó a *7.837* las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, desató una tormenta política. El senador de la Alianza Verde, Leon Fredy Muñoz Lopera, arremetió contra los sectores de derecha, centrando sus críticas en la senadora Paloma Valencia tras su reciente propuesta de postular al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.
Para el congresista, plantear el regreso de Uribe a la cartera de Defensa en este contexto es una afrenta directa al proceso de paz y a la verdad histórica. “¿Qué le pasa a Paloma Valencia? Con estas cifras sobre la mesa, pretender poner a Uribe como ministro es desconocer el dolor de las víctimas. El país no olvida”, sentenció Muñoz.
Memoria contra la impunidad
Muñoz, aliado cercano del senador Iván Cepeda Castro en la defensa de los derechos humanos, recordó que el grueso de los “falsos positivos” ahora documentados por la JEP ocurrió precisamente bajo el mandato de Uribe Vélez. En su intervención, insistió en que la memoria debe ser el eje rector de cualquier decisión estatal.
“Hay que decirlo con claridad: estos crímenes ocurrieron en ese gobierno. Las cifras lo confirman y hoy son irrefutables. Por eso, resulta inaceptable —e incluso provocador— siquiera plantear ese tipo de nombres para el Ministerio”, señaló el senador.
Además de cuestionar a Valencia, Muñoz denunció un intento sistemático por parte de la derecha para deslegitimar los hallazgos judiciales. “Mientras la JEP trabaja por esclarecer la verdad, hay quienes insisten en tapar el sol con un dedo. No más impunidad, no más falsos positivos”, expresó, al tiempo que agradeció la labor de la Jurisdicción por su compromiso con la reparación de las víctimas.
Finalmente, el senador lanzó una advertencia con tono electoral de cara a los próximos comicios: “No pasarán y no ganarán. Este país tiene memoria y la va a defender en las urnas, junto a Iván Cepeda y siempre del lado de las víctimas”.
El debate sobre las ejecuciones extrajudiciales no solo reabre heridas del pasado reciente, sino que profundiza la polarización en un país que aún intenta procesar la magnitud de la tragedia revelada por la justicia transicional.
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