La izquierda vuelve a las calles, pero no puede borrar su pasado

 

“Gustavo Francisco Petro Urrego y el progresismo regresaron a la oposición con una convocatoria de paro nacional contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La protesta es legítima; lo que merece cuestionamiento es la pretensión de presentarse como ajenos a los problemas fiscales y sociales que ellos mismo generaron, ahondaron y marcaron en sus cuatro años en el poder.”

La izquierda colombiana regresó al lugar desde el cual construyó buena parte de su identidad política; las calles. Después de cuatro años ejerciendo la Presidencia, Gustavo Francisco Petro Urrego volvió a encabezar movilizaciones, esta vez contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La diferencia es sustancial, ya no se trató de una fuerza que reclama la oportunidad de gobernar, sino de una oposición que debe responder por el legado de su propia administración. El paro nacional del 19 de noviembre tuvo como principal motivo el rechazo a la Ley de Rescate Económico. Sus convocantes cuestionaron el aumento de las cargas tributarias sobre los trabajadores y las familias. Son preocupaciones que merecen discusión. Sin embargo, también corresponde preguntar por qué el país enfrenta un ajuste fiscal tan complejo y qué responsabilidad tiene en esa situación el Gobierno que terminó hace apenas tres meses.

La oposición tiene derecho a protestar, pero no tiene derecho a borrar su pasado. Gustavo Francisco Petro Urrego y el Pacto Histórico no pueden exigir que Colombia olvide los resultados de su administración simplemente porque cambiaron de posición en el tablero político. Durante cuatro años tuvieron la responsabilidad de dirigir las finanzas públicas, ejecutar políticas sociales, administrar instituciones y responder por las decisiones del Estado. Hoy, cuando el nuevo Gobierno plantea medidas para enfrentar el desequilibrio fiscal, corresponde examinar tanto la pertinencia de esas medidas como las condiciones heredadas. El debate económico es suficientemente serio para reducirlo a consignas. Las proyecciones fiscales muestran un panorama preocupante; el Gobierno anterior había previsto un déficit del 4,5% del PIB para 2027, mientras la administración actual elevó su estimación al 7,2%. La diferencia exige explicaciones técnicas, no solamente acusaciones políticas. Tampoco puede atribuirse automáticamente todo el deterioro a una sola administración sin examinar ingresos, gastos, deuda y supuestos macroeconómicos.

Desde una visión que defiende la responsabilidad fiscal, resulta indispensable recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero hacerlo tampoco significa extender un cheque en blanco al presidente De la Espriella. Una reforma tributaria debe demostrar que distribuye sus cargas con justicia, protege la actividad productiva y está acompañada de un esfuerzo verificable de austeridad estatal. El retiro anunciado del IVA a la canasta familiar demuestra que la deliberación pública puede corregir decisiones gubernamentales. Persisten, sin embargo, controversias sobre la ampliación del impuesto de renta y otros componentes de la propuesta. Esos asuntos deben discutirse en el Congreso, con cifras, argumentos y participación ciudadana.

Lo que resulta cuestionable es convertir cada diferencia en una confrontación existencial entre el pueblo y sus supuestos enemigos. La democracia no pertenece exclusivamente a quienes marchan, como tampoco pertenece exclusivamente a quienes ganaron las elecciones. El país necesita oposición responsable, no una confrontación permanente que sustituya las propuestas por arengas. Sindicatos, organizaciones estudiantiles, movimientos indígenas y colectivos sociales pueden expresar legítimamente su inconformidad. Sus integrantes no constituyen un bloque uniforme ni todos responden a las decisiones de Gustavo Francisco Petro Urrego. Muchos tienen reivindicaciones concretas que merecen ser escuchadas.

Otra cosa ocurre cuando una protesta deriva en intimidación, destrucción, amenazas o restricciones arbitrarias a los derechos de terceros. Los antecedentes de violencia protagonizada por grupos encapuchados y sectores radicalizados, primeras líneas, obligan a las autoridades a actuar con prevención y proporcionalidad. El trabajador que desea llegar a su empleo, el comerciante que necesita abrir su establecimiento, el estudiante que quiere asistir a clases y el paciente que requiere atención médica también tienen derechos. La libertad de manifestación debe convivir con ellos. Ni la capucha concede impunidad ni el uniforme otorga autorización para abusar de la fuerza. El Estado debe garantizar la protesta pacífica y perseguir las conductas delictivas individualmente, sin criminalizar la inconformidad.

Existe además un debate que Colombia no puede abandonar, el lugar de las víctimas en las políticas de paz y seguridad. Durante la administración Petro Urrego, la estrategia de paz total generó discusiones sobre los beneficios ofrecidos a integrantes de organizaciones armadas y criminales. La nueva administración tiene la obligación de demostrar que sus alternativas producen mejores resultados, respetan los derechos humanos y fortalecen la justicia. La condición de gestor de paz no puede convertirse en una absolución moral. Quien haya cometido secuestros, homicidios, desplazamientos o extorsiones debe responder conforme a la ley. La reconciliación requiere verdad, reparación, garantías de no repetición y compromisos verificables. Ninguna identidad ideológica puede justificar privilegios frente a las víctimas. Pero el mismo principio debe aplicarse a todos; los derechos de las víctimas no pueden utilizarse como argumento para desconocer las garantías judiciales de los responsables de delitos. La justicia pierde legitimidad cuando se administra con criterios partidistas.

Colombia llega a este momento con profundas diferencias políticas y desafíos económicos que no desaparecerán por decreto. Corregir desequilibrios puede exigir sacrificios. Habrá decisiones incómodas, reformas difíciles y costos que deben explicarse con transparencia. Lo que no resulta aceptable es trasladar esos costos indiscriminadamente a los ciudadanos mientras la oposición se resiste a asumir su cuota de responsabilidad. Las elecciones de 2022 permitieron a la izquierda ejercer el poder nacional. Las de 2026 dieron paso a un proyecto político diferente. Ambos resultados forman parte de la democracia y ambos gobiernos deben ser evaluados por sus decisiones y consecuencias, no por la intensidad de sus discursos.

Para quienes defienden principios de derecha como la libertad individual, la seguridad jurídica, la iniciativa privada, la responsabilidad fiscal y el respeto por las instituciones, el desafío actual consiste en traducir esas convicciones en políticas públicas eficaces y sometidas al control democrático. La izquierda, por su parte, enfrenta una responsabilidad que ninguna movilización puede sustituir, explicar su gestión anterior y presentar alternativas concretas a las políticas que cuestiona. Protestar contra una reforma es legítimo; demostrar cómo financiar el Estado sin agravar sus desequilibrios sería una contribución mucho más sustantiva.

Gustavo Francisco Petro Urrego ya no gobierna, pero sus cuatro años en la Presidencia siguen siendo materia de examen público. De la Espriella gobierna ahora y debe responder por cada decisión de su administración. Esa es la diferencia entre una democracia que exige responsabilidades y una política atrapada en el espectáculo de la confrontación, ni el pasado se borra con una marcha ni el presente se justifica culpando eternamente al pasado. Colombia necesita cuentas claras, instituciones fuertes y soluciones comprobables. La calle puede expresar el descontento, pero no reemplaza la obligación de responder por lo que se hizo cuando se tuvo el poder.

Andrés Barrios Rubio

PhD. en Contenidos de Comunicación en la Era Digital, Comunicador Social – Periodista. 23 años de experiencia laboral en el área del periodística, 20 en la investigación y docencia universitaria, y 10 en la dirección de proyectos académicos y profesionales. Experiencia en la gestión de proyectos, los medios de comunicación masiva, las TIC, el análisis de audiencias, la administración de actividades de docencia, investigación y proyección social, publicación de artículos académicos, blogs y podcasts.

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