A finales del mes de Septiembre del año pasado, el representante a la cámara Carlos Eduardo Guevara propuso un proyecto de Ley que buscaba sancionar la apología al odio. El proyecto de Ley proponía, entre otras cosas, tres años de cárcel y una multa de 100 salarios mínimos para todo aquel que por medio de su discurso o acciones promoviera el odio en la sociedad. El proyecto de Ley se presentó como un complemento a la Ley 1482 de 2011, que ya sentencia esta conducta.
En la mañana del 7 de Enero de éste año, dos hombres armados irrumpieron en la sede del semanario satírico de izquierda Charlie Hebdó, ubicada en París, dejando un saldo de 12 muertos y 11 heridos. El ataque se perpetró en represalia a las caricaturas satíricas que el semanario suele hacer sobre el profeta Mahoma.
Aunque la comparación pudiera parecerle al lector fuera de lugar, ya que no es lo mismo un proyecto de ley a una masacre, cabe preguntarse si las caricaturas de Charlie Hebdó en Colombia serían legalmente punibles según el proyecto de Ley, o la misma Ley 1482.
Defender la libertad de expresión a luz de una masacre resulta fácil y tentador. No es un reto intelectual condenar la censura cuando no son nuestras creencias las atacadas. ¿Pero qué pasa cuando es nuestra religión el objeto de burla? ¿Estamos tan dispuestos a defender las libertades ajenas cuando son nuestras costumbres o ideologías políticas las atacadas? ¿Somos igual de valientes para defender nuestras libertades cuando es el Estado, y no un grupo de terroristas, el que está dispuesto a quitárnosla?
La censura, independientemente de quien o como se practique, es habitual en nuestra sociedad. Aunque las purgas, masacres, y quemas de libros en occidente son una cosa del pasado, todavía usamos la fuerza coercitiva del Estado para imponer cierto nivel de control a la libre expresión, mediante leyes y decretos.
El discurso políticamente correcto es otra forma de censura en nuestra sociedad – esto teniendo en cuenta que el estilo del discurso cambia según la época-. Cualquier persona en el mundo occidental casi instintivamente siente la necesidad de medir sus palabras cuando trata de hablar del sexo femenino, las minorías étnicas, los derechos animales, o el medio ambiente.
Lo más peligroso de la censura políticamente correcta es que se nos presenta como un discurso neutro, y que apacigua todo tipo de odios.
Aun así el discurso moderno también demoniza y ataca a distintos grupos sociales. Los banqueros, las empresarios, los ricos, los fumadores, y los taurinos –en el caso particular del mundo hispano-, son minorías –de una u otra forma- que constantemente son atacadas por la prensa, y políticos de izquierda y derecha, secundados en buena parte por la opinión pública mayoritaria que confunde la voluntad popular con el derecho a definir las libertades individuales.
Ya en el siglo XIX, Stuart Mill, en su clásico texto Sobre la Libertad, señalaba que la mayor amenaza a la libertad provendría de lo que denominaba la dictadura de las mayorías. Se ha visto en varias ocasiones como los Estados apoyados por las mayorías definen lo que se puede decir o no en el mundo occidental, con las escusa de proteger las sensibilidades de un grupo minoritario a costa de las libertades de otro.
La libertad de expresión no es necesaria para defender a la opinión mayoritaria –esa se defiende sola- sino justamente para defender a aquellas voces que van en contra de la corriente, piensan distinto al común y quieren expresar su inconformidad.
Personalmente encuentro las caricaturas de Charlie Hebdó obscenas y de mal gusto, y no estoy de acuerdo con su propaganda de izquierda. No obstante creo que están en su derecho de publicar lo que quieran y que ningún grupo de personas o Estado debería tener la autoridad para censurarlos.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://alponiente.com/wp-content/uploads/2015/01/10347562_10152499484180917_3957509235453210633_n.jpg[/author_image] [author_info]Juan Felipe Vélez T Economista egresado de la Universidad EAFIT. Actualmente es investigador asociado de la Fundación ECSIM. Se desempeñó en el pasado como pasante en el Instituto Cato y en la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI). [/author_info] [/author]
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