Todos los monopolios estatales son intrínsecamente dañinos para la libertad y el desarrollo económico, pero existe uno cuya peligrosidad pasa desapercibida para la mayoría precisamente porque convive con nosotros a diario: el monopolio del curso legal. En Colombia, el principal monopolio es el Peso. En el territorio nacional está jurídicamente prohibido utilizar cualquier otro medio de pago para liquidar impuestos o cumplir con las obligaciones estipuladas por el Estado. Este monopolio coercitivo cuenta con un actor central que manipula la estructura de incentivos de toda la economía: el Banco de la República.
Hace tan solo unos días, con la anuencia y el beneplácito del Ministerio de Hacienda, la Junta Directiva del Banco de la República fijó la tasa de interés de intervención en el 12,25%. Por un desconocimiento técnico generalizado, la ciudadanía suele percibir estas reuniones de junta como debates lejanos e inofensivos. La realidad es trágica: este tipo de decisiones afecta de forma directa e inmediata al ciudadano de a pie, al microempresario y al trabajador informal, mientras que la clase política y los altos dirigentes permanecen blindados en sus esquemas de privilegio.
En las lecciones elementales de economía de corte neoclásico se argumenta que, cuando la inflación escala, los bancos soberanos deben intervenir encareciendo el “precio del dinero” mediante incrementos en la tasa de referencia. La narrativa oficial sostiene que este ajuste frena la espiral alcista de precios, protegiendo supuestamente a la población más vulnerable. La lógica matemática parece impecable en el papel: si el costo del capital se eleva a través de tasas de interés más altas, habrá menos agentes dispuestos a endeudarse, el consumo y la inversión se contraerán, y la presión sobre la demanda agregada se detendrá. Sin embargo, los teóricos del estatismo suelen omitir deliberadamente el devastador efecto colateral de esta medicina: al paralizar la iniciativa privada y restringir la circulación del crédito, la consecuencia inevitable es el estancamiento de la actividad productiva, la destrucción de capital y el aumento del desempleo.
El mecanismo opuesto se aplica teóricamente en contextos de baja inflación: el banco central reduce las tasas de interés para abaratar el crédito, buscando que las personas y las empresas consuman e inviertan más, lo que dinamiza la economía y reduce la desocupación.
No obstante, cuando un organismo central determina arbitrariamente el costo del capital, la institución del libre mercado —que opera de forma orgánica mediante el vaivén de las interacciones espontáneas de millones de consumidores y productores— queda anulada. El Banco de la República representa la máxima expresión del control centralizado de los medios de cambio. Una entidad conformada por un puñado de burócratas y tecnócratas —cuya capacidad intelectual no entro a juzgar— pretende determinar desde un escritorio el futuro del instrumento de intercambio más crucial de una sociedad. Como bien lo teorizó el premio Nobel Friedrich A. Hayek, es la «fatal arrogancia» de los planificadores centrales la que los lleva a asumir que poseen más información y sabiduría que la totalidad de la mente social actuando en libertad. No es coincidencia que las crisis económicas a nivel global se hayan vuelto más profundas, frecuentes y destructivas desde el surgimiento de la banca central estatizada a principios del siglo XX.
Las Inconsistencias Detrás de la Última Decisión Monetaria
Frente al panorama actual, resulta obligatorio formular la pregunta incómoda: ¿Cuál es la verdadera intención del Banco de la República al mantener y elevar las tasas de interés en los niveles actuales?
La justificación institucional inmediata sugeriría que la medida responde al nivel de inflación, el cual se ubicó en el 5,81% anual para el mes de septiembre de 2026, una cifra que todavía sobrepasa la meta dogmática del Emisor (fijada entre el 2% y el 3%). Sin embargo, esta explicación carece de solidez analítica cuando se contrasta con la evidencia empírica de la coyuntura nacional.
En primer lugar, la inflación ha mostrado una trayectoria descendente constante a lo largo de todo el año, pasando del 8,35% registrado en enero al 5,81% actual. En segundo lugar, aunque la tasa de desempleo nacional mostró una leve caída técnica al ubicarse en el 9,1% para septiembre, la tasa de informalidad laboral se mantiene petrificada entre el 50% y el 56%. Esto demuestra que no existe de ninguna manera un “recalentamiento” de la economía derivado del exceso de demanda privada o del sobreconsumo de los hogares. Por el contrario, la modesta reducción en las cifras brutas de desempleo durante los últimos meses ha estado impulsada en gran medida por la hipertrofia de la contratación estatal y el gasto público desmedido articulado por el gobierno de Gustavo Petro, con el propósito electoral manifiesto de consolidar su estructura política de cara a la contienda presidencial.
Durante los últimos años, el Ejecutivo ha gastado a manos llenas sin reparar en los límites presupuestales, recurriendo sistemáticamente al endeudamiento para financiar su agenda. Cuando el Estado gasta de manera recurrente más de lo que ingresa por concepto de impuestos, aranceles, tasas y rentas patrimoniales, se genera un déficit fiscal estructural. Ese abismo financiero se cubre obligatoriamente mediante la colocación de deuda y préstamos, generalmente contratados a tasas fijas. Este dato es vital para comprender la trampa en la que está atrapada la nación.
Desde el año 2012, Colombia no ha vuelto a cerrar un solo ejercicio fiscal con superávit; es decir, lleva más de catorce años consecutivos gastando por encima de sus posibilidades reales. Las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro han compartido el mismo patrón irresponsable: gobernar a base de déficit y trasladar el costo de la factura a las generaciones futuras mediante una carga tributaria creciente.
La Inflación no es del Mercado: Es el Producto del Mismo Estado
Al estudiar el detalle del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE, queda en evidencia que el incremento en los precios no responde a un exceso de dinamismo en el mercado libre, sino a las distorsiones directas introducidas por el propio Estado.
El sector de Restaurantes y Hoteles lidera las alzas con una variación anual del 8,94%. Este rubro es intensivo en mano de obra no calificada y servicios directos, por lo que el incremento artificial en sus costos operacionales es el resultado directo de las reformas laborales, los aumentos decretados en el salario mínimo por encima de la productividad, la reducción obligatoria de la jornada de trabajo y el encarecimiento de los recargos nocturnos y dominicales.
El segundo sector con mayor variación es el de Alojamiento, Agua, Electricidad y Gas, que se ubicó en un 7,52%. Las decisiones de política pública que llevaron al país a perder su autosuficiencia energética y comprometer sus reservas de gas natural han disparado los costos de los servicios públicos domiciliarios. Por su parte, el encarecimiento del alojamiento es la consecuencia directa de regulaciones urbanísticas asfixiantes y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) altamente restrictivos que limitan la oferta de suelo urbanizable, transformando el acceso a la vivienda en un privilegio inalcanzable.
En síntesis: la inflación en Colombia no surge del libre intercambio entre oferta y demanda, sino del intervencionismo torpe del gobierno central. Como diría el también Nobel de Economía Milton Fridman, la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario y el único que tiene la capacidad de crear un incremento global en los precios es el Estado por medio de sus políticas y sus gastos descontrolados.
La Trampa Monetaria y el Efecto Desplazamiento (Crowding Out)
Para comprender el impacto destructivo de la tasa fijada por el Banco de la República, es necesario analizar el circuito del crédito comercial. Cuando el Emisor establece la tasa de referencia en el 12,25%, fija la tarifa a la cual le prestará liquidez a la banca privada. En consecuencia, las entidades financieras comerciales deben trasladar ese costo al consumidor final, sumando sus márgenes de intermediación y riesgo, lo que eleva las tasas de los créditos de consumo, libre inversión e hipotecarios a niveles prohibitivos.
Pero el aspecto más grave ocurre en el sentido inverso. Cuando los bancos comerciales cuentan con un exceso de ahorro o liquidez en sus balances, la lógica de mercado dictaría que deberían competir entre sí bajando las tasas de interés para colocar esos recursos en el sector productivo. Sin embargo, la regulación actual les permite depositar ese excedente en el propio Banco de la República, el cual les paga una rentabilidad garantizada equivalente al 12,25% sin asumir absolutamente ningún riesgo.
Este esquema destruye la competencia financiera. Ningún banco privado estará dispuesto a prestarle a un emprendedor, a una PYME o a una familia por debajo de la tasa que el banco central le garantiza de forma limpia y segura. Como consecuencia, la tasa de intervención funciona como un suelo infranqueable que encarece artificialmente toda la estructura crediticia del país.
Esto desencadena un devastador efecto desplazamiento (crowding out). Si un proyecto de inversión o una empresa naciente no ofrece una rentabilidad neta muy superior a la tasa de referencia del 12,25%, no obtendrá financiación. El Estado, a través de la emisión de Títulos de Tesorería (TES) para financiar su déficit crónico, está ofreciendo rendimientos en el mercado que superan el 15% anual.
Cualquier persona que haya creado empresa o gestionado un negocio real sabe que alcanzar utilidades netas superiores al 15% anual en el sector productivo formal es una hazaña compleja. Al elevar las tasas a estos niveles, el sistema financiero y el Estado absorben todo el ahorro disponible en la economía, condenando al país a mantener una red empresarial de mera subsistencia. Las inversiones de gran escala quedan paralizadas, y el crédito termina reservado para emprendedores desesperados que, ante la falta de empleo formal, se endeudan a tasas exageradas como última alternativa de supervivencia.
El sector de la construcción de vivienda —históricamente el mayor generador de empleo para la mano de obra no calificada y la principal vía de formalización para miles de trabajadores que acceden a la seguridad social— se encuentra completamente paralizado por esta misma dinámica.
Hacia una Reflexión de Fondo
La obstinación en mantener tasas de interés desproporcionadamente altas bajo el pretexto de combatir la inflación no se puede explicar únicamente mediante los modelos monetarios convencionales. Existe una problemática estructural mucho más profunda que trasciende las fronteras nacionales.
Esta política de estrangulamiento financiero y endeudamiento desbocado se alinea con las dinámicas globales promovidas por los principales bancos centrales del mundo, donde la acumulación insostenible de deuda pública amenaza con desembocar en procesos de licuación monetaria que destruirán el poder adquisitivo de los ahorradores a escala global.
Mientras no se desmonte el monopolio del dinero, se limite el gasto descontrolado de los gobiernos y se le devuelva a la sociedad la libertad para elegir sus medios de intercambio, los ciudadanos seguirán pagando los platos rotos de un sistema diseñado para rescatar al Estado a costa del esfuerzo privado destruyendo el valor de la moneda y con ello, tus ahorros.
Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.
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