Álvaro Uribe dijo recientemente que Gustavo Petro quiere imponer las Reformas Sociales bajo la amenaza del regreso del estallido social. Y si bien no es precisamente una amenaza, lo cierto es que el actual presidente sí lo mencionó, pero en términos de las consecuencias de la desatención de la pobreza, la desigualdad del pueblo y el incumplimiento del Acuerdo de Paz del entre las FARC EP y el Estado colombiano. Una sociedad es inviable con la persistencia de las cifras producto de 30 años de neoliberalismo presentadas por el DANE. Contra los cimientos de esa desigualdad debe ir una Constituyente que garantice de una vez por todas el Bienestar.
Uribe es un hombre rico y vocero de esos 2.8% de la población que es la clase alta, allí tiene su identidad política, sus intereses y su corazón; el expresidente ya había mostrado su preocupación con el Paro Nacional y Popular de 2021 cuando llamó al entonces presidente Duque para revisar con los “más pudientes”, cuánto ponían para apagar aquella explosión del pueblo en la calle. Uribe conoce bien tanto de la ilegitimidad del Estado como de la represión a la inconformidad. El militarismo vivido con Uribe hasta hoy es la expresión más lamentable del miedo al pueblo en el siglo XXI y parece no cesar en las políticas contra las que consideran sus amenazas a sus privilegios.
El Paro Cívico de 1977 tuvo un impacto tardío por el NO de la oligarquía a realizar cambios estructurales que evitaran la violencia política. Solo se vieron Reformas de democratización en los años 80s, también en el marco de diálogos de Paz, hechos todos que dieron lugar a la elección popular de alcaldes. Los procesos que lograran acuerdos fueron una razón poderosa para que la Paz justificara el cambio constitucional de 1991. Está claro hoy que ese cambio constitucional también era requerido para incluir el neoliberalismo en las estructuras que no permitían por ejemplo, la privatización de sectores estratégicos y de servicios prestados por el Estado. Estructuras que deben moverse hoy teniendo en cuenta el fracaso que nos muestra la gráfica del DANE.
Vuelve y juega. Hay una línea de continuidad con el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 y el Estado, el Paro Nacional y Popular de 2021 y la elección del primer gobierno popular por los intereses que representa esa elección de Petro y Francia. La oligarquía considera la que el pueblo pobre no tiene derecho a gobernar y está realizando actividades desestabilizadoras con todo su poder económico e ideológico. A eso se suma que las estructuras institucionales son las que sirven a la clase alta y fundamentalmente por eso se presentan estas cifras. El cambio constitucional es urgente.
No hay duda de que es la primera vez con un gobierno de este tipo del cual tanto la izquierda y la derecha están aprendiendo. Está convocatoria a aprender de la primera vez. Las lecciones aprendidas con el primer gobierno popular en Colombia están enviando señales de un camino para consolidar un proyecto de bienestar en este territorio distinto al que nos indican los datos oficiales. Demostrar que el pueblo pobre puede gobernar en favor de sus intereses y en favor de los intereses de la humanidad. ¿Qué aprendemos de la primera vez?
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