Hace un par de semanas, el Polo Democrático Alternativo publicó un artículo en su página web, en donde se explica que los prestigiosos abogados y sociólogos del derecho colombianos Rodrigo Uprimny y César Rodríguez fueron salpicados por una denuncia sobre “actividades mercenarias”, financiadas por la empresa petrolera Chevron y dirigidas contra el gobierno de Ecuador, presidido por el presidente Rafael Correa.
De manera más concreta, el artículo habla de un estudio en el que participó el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia) –centro de pensamiento y ONG al que pertenecen Uprimny y Rodríguez– junto con la Due Process of Law Foundation (DPLF) y el Instituto de Defensa Legal del Perú (IDL). En esta investigación se critica la creciente concentración de poderes en cabeza del Poder Ejecutivo ecuatoriano, y más concretamente la cooptación del Poder Judicial por parte del gobierno.
Se evidencia que mediante una reforma constitucional promulgada en el 2011, los jueces ecuatorianos quedaron sometidos a las disposiciones de un órgano de origen político, llamado Consejo de la Judicatura, que desde entonces, y como señaló Rodríguez en El Espectador, “ha destituido decenas de funcionarios judiciales que han fallado en contravía de las posiciones oficiales”.
También se documenta que el gobierno que preside Rafael Correa ha contribuido a la criminalización de la protesta social, presionando a un Poder Judicial cooptado a que condene, basándose en tipos penales abstractos como “terrorismo” o “sabotaje”, a ciudadanos que han protestado contra proyectos gubernamentales.
Por último, pero no menos grave, el informe de Dejusticia, DPLF e IDL habla sobre las restricciones a las libertades de expresión y prensa en Ecuador. Como muchos recordarán, la justicia ecuatoriana emitió una dura condena contra un columnista del periódico El Universo, por criticar dura y abiertamente a Rafael Correa. Y eso, para un demócrata liberal, es algo inaceptable.
Ante los hechos tan graves documentados en el estudio, cualquier persona que crea realmente en la democracia debería mostrarse por lo menos preocupada. Y más aún la izquierda colombiana, que se ha caracterizado por agitar las banderas de los derechos humanos en el país.
Pero no, su reacción fue la de señalar que Dejusticia, Uprimny y Rodríguez parecen hacer parte de una campaña de desprestigio contra Rafael Correa, financiada por Chevron. A cualquiera que conozca un poco las brillantes y muy respetables trayectorias de estos juristas, la afirmación del Polo debe parecerle un chiste. Pero con este tipo de episodios es el Polo Democrático Alternativo el que parece un mal chiste.
@AlejandroCorts1
[author] [author_image timthumb=’on’]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10157367_1429775133947014_2734248217865849022_n.jpg[/author_image] [author_info] Alejandro Cortés Arbeláez Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad EAFIT. Ha publicado en revistas como Cuadernos de Ciencias Políticas del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, y Revista Debates de la Universidad de Antioquia. Ha sido voluntario de Antioquia Visible, capítulo regional del proyecto Congreso Visible. Actualmente se desempeña como practicante en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI). Leer sus columnas. [/author_info] [/author]
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