El Estado como garante de los Derechos de todos los colombianos: diálogo, fuerza e institucionalidad

Mi amado País, Colombia, en vía de desarrollo, con una sociedad cada vez más participativa, con instituciones en constante transformación, con una innegable separación de poderes, lleno de seres humanos trabajadores y emprendedores y hasta hacer muy poco, el país más feliz del mundo; el País más diverso del mundo y no solo en la fauna y flora, sino también en los pensamientos e ideologías, tanto que, desde años remotos, hemos estado en una constante guerra civil, conflictos armados e ideológicos, pero que además, soñó con finalmente vivir en paz, con más de 20 años de negociaciones y procesos de paz, con acuerdos, justicia de transición y desarmes, que decidió finalmente perdonar, que decidió transformar los territorios, pero que en el camino bajó las manos. ¿Qué nos pasó? No estábamos lo suficientemente fuertes para soportar una pandemia mundial, más de un año en confinamiento, el declive de la economía, empresas cerradas, desempleo sobre dos dígitos, tiempos de ver morir personas cercanas, de soledades, desesperanza, miedo y rabia reprimida, no estábamos suficientemente fuertes, pasamos a atacarnos, destruirnos, acabar lo poco que quedaba de la economía, matarnos entre nosotros, todo, porque a los mismos. Siempre, les ha interesado mantenernos en guerra, canalizando nuestra ira, frustración y desesperanza, y buscar constantemente culpables en el Estado o en quienes piensan diferente.

En Colombia sobran las razones para protestar, para alzar nuestra voz, pero nada bueno nos han traído siglos de guerra, nada hemos ganado como sociedad, además de grupos armados ilegales. Hemos naturalizado la guerra y una muy mala manera de tramitar nuestras diferencias  siendo la agresividad y violencia la peor, como parte de nuestro diario vivir, creemos que es normal la destrucción colectiva, la imposibilidad de movilizarnos, estar secuestrados en nuestras casas, la violencia como lenguaje, así mismo como se ha naturalizado la corrupción, los sobornos y negocios bajo la mesa; ambas problemáticas, pagas del bolsillo nuestro, de los empresarios, asalariados y de quienes viven del rebusque. Es por esto que cómo país, nos debemos preguntar cuál es el límite para una protesta, cómo salir de este espiral de violencia y parar, reflexionar, dialogar, escucharnos para entendernos y llegar a consensos basados en la realidad fiscal consciente.

Es esto, el diálogo, el primer paso para desescalar la violencia; no podemos seguir destruyendo el país, su sistema productivo y sus instituciones, no podemos seguir atizando la lucha de clases con intereses electorales, debemos comenzar por escucharnos , moderar el discurso, la palabra, respetarnos como personas, desarmar corazones y no permitir manipulación de sentimientos ni angustias, porque así no se construye país y por el contrario,  se degrada la sociedad, hay que incluir a los jóvenes , escucharlos y solucionar sus reclamos, sin capuchas y con garantías plenas , protegiendo su vida e integridad.  Después de esto, se debe analizar y entender qué sectores incendiarios desde el discurso y el financiamiento, están tratando de incendiar  el país, están tratando de parar la producción, frenar importaciones y exportaciones, alimentar la zozobra y desesperanza, canalizando rabia y frustración contra el estado y sus institucione, así se quemen en el intento sectores políticos, grupos armados terroristas y demás, empeñados en desestabilizar para armar la tormenta perfecta, por medio de la manipulación,  tergiversación del lenguaje y de las cifras, y una vez prendido el incendio saben mantenerlo y potenciarlo combinando todas las formas de lucha, en un conflicto asimétrico  de 5 generación que al Estado y las instituciones le ha quedado difícil comprender y afrontar, donde  las redes sociales y las noticias falsas son sus aliados.

Frente a la tensión de derechos versus necesidad de esperanza, inclusión, trabajo, educación, salud y bienestar, es vital en el marco de Derechos Humanos privilegiar el diálogo, pero ya, está tensión de derechos máxime cuando el 90% de la población está siendo violentada en sus derechos fundamentales, crea gran preocupación, especialmente en los estratos más vulnerables, los menores de edad y los adultos mayores, quienes tienen protección reforzada. Por esta delgada línea roja debe transitar el Gobierno Nacional, Regional y Local, No permitir el incendio y los incendiarios, apoyar la institucionalidad es un imperativo, acudir a los mediadores y tener grandeza.

Por otro lado, paralelo al diálogo, el segundo paso y acción necesaria para proteger los derechos constitucionales y colectivos de los colombianos, es por medio de la fuerza proporcional y legitima del Estado, intervenir las situaciones que crean riesgos, que desestabilizan, y más importante, vulneradoras de todos los derechos, porque como ciudadanos y como Estado, no debemos ceder a la violencia, que nos ha dejado años de atrasos y millones de víctimas. Nuestras instituciones de Policía y Militares, deben actuar para devolver la calma y la tranquilidad a las ciudades, para garantizar los derechos fundamentales a la libre movilidad, al trabajo, a la dignidad humana, a la educación, a la salud y todos los que estén siendo vulnerados por medio de la violencia, en marco de su monopolio del uso de la fuerza, fuerza y actuaciones deben ser ceñidas al DIDH y con apego a la ley.

Nuestras instituciones como un todo , Procuraduría , Fiscalía , Defensoría del Pueblo , Gobierno Nacional , Departamental y Local, así como Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben ir en un solo bloque como “ Estado “, en sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hacer una clara diferencia entre protesta social pacífica, con protección internacional y constitucional, y la protesta violenta y desbordad que confronta la Fuerza Pública y un escalón más alto de destrucción, vandalismo, provocación, uso de armas artesanales, combustible, e incluso armas de fuego de corto y largo alcance en algunos episodios aislados. Es fundamental dimensionar la gravedad de estos hechos, es vital entender que el Estado Social de Derecho y el imperio de la ley No puede ceder el monopolio legítimo de la fuerza, pues finalmente es el Estado garante de los derechos de todos los colombianos, y no puede verse limitada esta garantía a quienes protestan y tampoco podemos permitir que sea un pulso de fuerzas, pues los violentos no pueden encaminar el futuro del país.