Los desastres naturales ocurridos en los recientes días en el país han sido devastadores, arrasando a su paso no sólo con la infraestructura, sino también con los sueños y la esperanza de cientos de personas que hoy no tienen más que la incertidumbre de haberlo perdido todo.
El huracán Iota y su paso demoledor por el archipiélago de San Andrés y Providencia, fue incontenible porque la fuerza de la naturaleza es difícil de predecir, no obstante, sí logró develar la incapacidad que tiene el Estado para reaccionar y hacer planes de mitigación del riesgo ante las amenazas decretadas por instituciones como el IDEAM. Está claro que la planeación no se presenta fuerte en nuestro Gobierno Nacional, es la improvisación lo que percibimos en su actuar en medio de la crisis y en general, para hacer frente a los problemas que aquejan a Colombia.
También evidenció que la sinergia entre el gobierno nacional y local, a través de acciones contundentes, podrían haber evitado que hoy estemos ante una destrucción del 98% de la infraestructura en la Isla de Providencia y que San Andrés esté sumergido en el declive del abandono estatal y de la corrupción que lo ha afectado por décadas.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la Nación, el 60% de los gobernadores elegidos desde 1991 en San Andrés han salido del cargo por malos manejos en los recursos, lo que ha derivado en investigaciones por corrupción. Sí, la “cultura” de la corrupción, esa enfermedad que ha sido un hito en nuestro país, que nos hace más vulnerables ante los efectos de cualquier crisis, y en este caso, los que generan los desastres naturales. De acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación, las cifras por corrupción en el país han aumentado en los últimos años, 169%, una cifra que desborda a cualquier Estado.
Pareciera increíble que continúe siendo nuestro mayor flagelo, que ni las leyes anticorrupción y las medidas restrictivas de este delito hayan podido contener en algo este fenómeno en nuestro país, porque sigue y sigue ocurriendo. Ahora necesitamos los ojos abiertos para que la reconstrucción de San Andrés y Providencia, y la promesa del gobierno por darle celeridad, no terminen engavetadas en el olvido como hace 15 años, después que el huracán Beta dejara afectaciones en la isla por más de un 40%. O como la tragedia de Mocoa, donde se estableció un tiempo de tres años para su reconstrucción y a la fecha sólo se presentan avances del 20%, sin realizarse obras de mitigación para enfrentar nuevas emergencias, luego que este desastre dejara un saldo de 335 víctimas mortales.
Los desastres naturales son situaciones que difícilmente se pueden prever, pero el desastre de la corrupción en Colombia no puede volverse algo natural, que termine en una patología crónica. El cambio debe ser de fondo, en nuestra cultura, en no permitir que la corrupción siga siendo parte de nuestro paisaje. Necesitamos el compromiso de hacer un mayor control político a las decisiones que toman nuestros gobernantes, donde la veeduría ciudadana es la mejor herramienta que tenemos para combatir este mal que ha permeado a Colombia durante décadas. Si no frenamos esto, seguiremos viendo cómo nos destruyen a punta de huracanes de corrupción.
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