El costo de los derechos

     

Al ministro de Salud Alejandro Gaviria le han llovido fuertes críticas por su decisión de pedir la suspensión de la medida provisional de un juez, que ordenó a la EPS Sanitas que autorizara la realización de un trasplante de médula ósea a Camila Abuabara, paciente de leucemia, en un centro de salud especializado en Estados Unidos, y que adicionalmente dictaminó que, provisionalmente, los gastos de este procedimiento debían ser asumidos por el Fosyga. El ministro argumentó que si bien el caso de Abuabara era trágico, el sistema de salud colombiano no podía financiar la realización en el exterior de un tratamiento que cuesta 4.000 millones de pesos, y menos aún podía permitir que esta decisión se volviera un precedente para casos futuros.

Gaviria ha sido atacado por diferentes personas, como el senador Jorge Robledo, quien le ha acusado de ser insensible ante la tragedia de Abuabara y de ser un aliado  de las EPS. No voy a entrar a discutir si Gaviria es cercano o no a las EPS. La verdad, tengo un buen concepto del ministro, por lo que veo este tipo de acusaciones con bastante escepticismo. En todo caso, ese tema tampoco es vital en esta columna, pues aquí me quiero centrar en otro de importancia fundamental: el del costo de los derechos.

Una de las críticas más frecuentes que se le ha hecho a Gaviria es que le está poniendo un precio a algo que, en teoría, no lo tiene: el derecho fundamental a la salud. Para ciertos sectores jurídicos, esto es un pecado mortal, puesto que, según esta perspectiva, los derechos fundamentales, debido a su vital importancia para el desarrollo de la dignidad humana, son concebidos como absolutos, como algo que debe ser protegido a cualquier costo. Para esta concepción, a la hora de hablar de derechos fundamentales, las consideraciones económicas no tienen cabida alguna, puesto que por su carácter superior, estos derechos deben ser garantizados de manera inmediata y sin considerar el costo económico y social de hacerlo.

La intuición subyacente a esta visión del mundo es muy valiosa, puesto que permite mirar con ojo crítico a quienes, desde la otra orilla, recurren a argumentos puramente economicistas para criticar la existencia de los derechos sociales, arguyendo que éstos amenazan la sostenibilidad fiscal. Por ello, entiendo y aprecio a la visión que, desde el maximalismo jurídico, aboga por la protección absoluta e irrestricta de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, considero que se trata de una posición demasiado idealista, que ignora que el mundo jurídico es solo una parte del mundo social, y que por tanto no puede operar de manera aislada respecto de otras esferas de la sociedad, como la esfera política y la esfera económica. En efecto, pretender que los derechos fundamentales sean amparados siempre, independientemente de los costos de su protección, es más una ilusión que una realidad. Esto por un motivo básico: la protección de los derechos (de cualquier derecho) cuesta dinero, y debe ser financiada con recursos públicos que, diga lo que se diga, son limitados.

Al respecto, conviene leer el libro El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, de los profesores Stephen Holmes y Cass Sunstein. Allí, los autores explican que todos los derechos cuestan dinero. Y ojo, no solo los derechos sociales, como el derecho a la educación o el derecho a la salud, sino también aquellos que son conocidos como “derechos negativos”, como el derecho a la propiedad privada. En efecto, sobre este punto Holmes y Sunstein señalan que si bien el neoliberalismo argumenta que el derecho a la propiedad privada únicamente requiere de la no–intervención del Estado, en realidad éste, como cualquier otro derecho, depende de la intervención activa del Estado frente a particulares que intenten violentarlo. Y esta intervención, como cualquier acción estatal, es financiada con recursos públicos, provenientes del cobro de impuestos. Por ello, el libro hace una dura crítica al liberalismo más puro y duro, que argumenta que únicamente los derechos sociales cuestan dinero.

Pero los académicos norteamericanos también critican una posición asociada a la izquierda política y al maximalismo jurídico mencionado más arriba: aquella que señala que el Estado debe proteger de manera incondicional los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin tener en cuenta los costos de esta protección. En efecto, Holmes y Sunstein explican que si bien esa es una posición cómoda, es poco realista. Esto, porque como ya se explicó, todos los derechos cuestan dinero y son financiados con recursos públicos, recursos que, aunque duela, no son infinitos.

Debido a lo anterior, cada vez que un derecho es protegido judicialmente, es necesario que los recursos públicos se utilicen para garantizar que esta protección se concrete en la realidad, pues de lo contrario estaríamos simplemente ante letra muerta. Pero esto significa que los recursos públicos usados para proteger ese derecho ya no podrán ser usados para proteger los derechos de otros ciudadanos, que también reclaman legítimamente la protección del Estado.

Por ello, y volviendo al caso de Camila Abuabara, creo que antes de lanzar acusaciones tan duras contra el ministro Gaviria, debemos preguntarnos cuáles son aquellos derechos que estamos dispuestos a financiar como comunidad política organizada y cuánto estamos dispuestos a pagar por los mismos. En últimas, a la hora de tratar este tipo de temas debemos pensar con cabeza fría y aceptar, aunque sea difícil, que ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos, puesto que éstos dependen también de las finanzas del Estado.

 

 

@AlejandroCorts1

[author] [author_image timthumb=’on’]https://alponiente.com/wp-content/uploads/2014/11/Alejo.jpg[/author_image] [author_info] Alejandro Cortés Arbeláez Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad EAFIT. Ha publicado en revistas como Colombia Internacional, de la Universidad de los Andes; Cuadernos de Ciencias Políticas, del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT; Revista Debates de la Universidad de Antioquia; y varias columnas de opinión en el periódico El Colombiano. Ha sido voluntario de Antioquia Visible, capítulo regional del proyecto Congreso Visible. Realizó su práctica profesional en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI). Leer sus columnas. [/author_info] [/author]

 

 

 

About the author

Al Poniente

Al Poniente es un medio de comunicación independiente que tiene como fin la creación de espacios de opinión y de debate a través de los diferentes programas que se hacen para esto, como noticias de actualidad, cubrimientos en vivo, columnas de opinión, radio, investigaciones y demás actividades. Esta publicación ha sido hecha por la línea editorial de Al Poniente.

Add Comment

Click here to post a comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.