EL CORREDOR DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Desplazados de las antiguas bodegas del tren, al norte de Bucaramanga, Santander. Muchos eran víctimas de la violencia que azotó al Magdalena Medio entre 1998 y 2006. /FOTO JESÚS DAVID CARRILLO

Limitar con Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander y Boyacá ha convertido a Santander en un territorio por el que transitan los desplazados procedentes de distintas latitudes del país. Le tocó la suerte de estar en medio del tablero de batalla de los grupos ilegales y los intereses oficiales.

Por @ElJesusurro 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que desde la Segunda Guerra Mundial han sido víctimas de desplazamiento, o han terminado refugiadas a causa de algún conflicto, aproximadamente 53 millones de personas en el mundo. Detrás de Siria, Colombia es uno de los países donde más hay desplazados víctimas del conflicto interno. Se estima que podrían haber entre cinco y seis millones.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) fue diseñada por el Ministerio del Interior con el objetivo de atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno. Hasta el momento el proceso de reparación integral no demuestra avances significativos. Lo que ha sucedido se asemeja a lo que pasó con la Ley 975 (Ley de Justicia y Paz) durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los infinitos trámites administrativos han impedido atender y verificar todas las solicitudes de las víctimas. 

Las acciones a seguir para repararlas están detalladas en el capítulo III de dicha ley. Desde el inicio se empieza aclarando que “de no ser posible la restitución (…) el Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material”. Gran parte de los terrenos despojados se encuentran en zonas que aún están bajo el dominio de los grupos armados, principalmente las FARC y los Urabeños, por lo que se reconoce la dificultad de que muchas de las víctimas puedan regresar a las tierras que reclaman. Sin embargo, lo poco que se ha avanzado da idea de qué tan complicado puede resultar la reparación.   

“EN COLOMBIA PODRÍA HABER

ENTRE CINCO Y SEIS MILLONES DE DESPLAZADOS

A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO“

A finales de 2014 la Fundación Forjando Futuro -que se dedica a recolectar y documentar los casos de las familias reclamantes para ayudarlos con el trámite ante la Unidad Especial de Tierras- advirtió que al paso que iba, el Estado tardaría más de 500 años en atender todas las solicitudes. La Ley 1448 tiene un costo estimado de 55 billones de pesos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Está concebida para ser ejecutada durante dos lustros, por lo que debería finalizar en junio de 2021.  El Gobierno se trazó como meta restituir seis millones de hectáreas. Hasta el momento sólo van 94 mil.   

El presupuesto de este año es de 6.4 billones para la Ley de Víctimas y 674 mil millones de pesos para la Restitución de Tierras. El principal problema es que el monto que calculó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Conpes no sería suficiente y produciría un vacío fiscal. A la fecha hay unos 360 mil reclamos de tierra en espera de ser atendidos; de esos se han radicado formalmente ante los juzgados el 20% y sólo ha habido sentencia en el 3% de los casos, es decir, en los tres años que lleva la ley no se ha cumplido ni siquiera con el 1% de lo que pretende restituir el Gobierno.

Existen 15 tribunales especializados en restitución de tierras a nivel nacional pero en ellos no hay casi procesos. Ese es el caso de Barrancabermeja, que a pesar de ser un punto neurálgico, y tener registrados el mayor número de predios abandonados (772), en el tribunal especializado de dicho municipio sólo tienen radicados seis procesos.    

Santander es un departamento que tiene 30.537 kilómetros cuadrados de superficie, prácticamente la misma extensión que un país como Bélgica. Pero mientras que en este último viven once millones de personas, en el primero no hay más de tres millones. Es un territorio grande y geoestratégico a nivel regional, al que han llegado los desplazados huyendo de la violencia que los despojó de sus hogares.

El Gobierno ha construido urbanizaciones para las víctimas del invierno y de la violencia. Sin embargo, debido a todos los trámites sólo algunas han podido acceder a ellas. /FOTO JESÚS DAVID CARRILLO

El informe oficial más reciente del progreso de la Ley de Víctimas lo realizó la Contraloría General de la República hace dos años. Ahí se especifican las solicitudes de las víctimas por departamento y municipio. En Santander hay registro de 4.030 predios abandonados, 1.510 solicitudes de reclamación, 371 solicitudes microfocalizadas, 36.062 hectáreas reportadas en abandono y 86.964 hectáreas que son reclamadas por alguien. El informe destaca que gran parte de las solicitudes no obedecen a despojo de tierras sino a procesos de terrenos baldíos.

En el departamento sólo hay cinco municipios que registran procesos de restitución de tierras a víctimas de desplazamiento. De esos los que más reportan terrenos abandonados son Cimitarra (10.561 Has), Barrancabermeja (9.134 Has), y Sabana de Torres (8.036 Has). A pesar de haber sido el destino de cientos de desplazados en la última década, Bucaramanga no aparece dentro de la lista. Pero más allá de la focalización de las zonas críticas, lo que más preocupa a las autoridades del departamento es que de las 86.964 hectáreas que reclaman, sólo se hayan podido identificar y comprobar el estado de 24.918 de ellas.   

La inseguridad sigue siendo un impedimento para verificar las condiciones de los terrenos reclamados, particularmente en la zona del Magdalena Medio (donde se encuentran la mayoría de los municipios críticos de Santander). Todos tienen intereses en el flujo de caja que se mueve gracias a la refinería de Barrancabermeja: los políticos, los comerciantes, los ganaderos, los campesinos, los narcotraficantes, las FARC, el ELN, y las Bacrim. De esa zona no se han movido -ni se moverán- porque desde la década de los ochenta, cuando Pablo Escobar incendiaba el país mientras se divertía en la mítica Hacienda Nápoles, se ha sobrevalorado cada metro cuadrado que hay allí. Los intereses de algunos terratenientes y delincuentes son más fuertes que las peticiones de restitución de las víctimas. 

“MÁS DEL 50% DEL MAGDALENA MEDIO

HA SIDO CONSIDERADO COMO “ZONA ROJA”

DURANTE LOS ÚLTIMOS TREINTAS AÑOS”

Por otra parte, el departamento sigue siendo la ‘glorieta’ más cercana para llegar al sur del país, al noreste y al noroeste. Ese es el valor agregado que tiene: uno puede estar en menos de diez en horas en el Caribe, en el Pacífico, o en Bogotá. Por eso tanto la fertilidad de los suelos, como la riqueza mineral y agrícola que pueda haber en esas tierras, hacen que los que tienen el poder (armas) y el dinero para comprar complicidades y títulos de predios, a la final despojen al que sea que haya que despojar con tal de expandir el latifundio.

Se volvió una constante que en Colombia se presente el desplazamiento forzado en aquellos lugares donde hay recursos naturales, sobre todo oro y petróleo. También que los principales afectados terminen siendo los campesinos que sólo buscan sobrevivir de lo que pueden cultivar, o de la coca que los bandidos les han impuesto cultivar. Peor aún -después de ser tan recurrente- se volvió normal asumir que el desplazamiento era una consecuencia secundaria de la guerra frontal entre el Estado y los grupos al margen de la ley. Por eso el problema quedó marginado, en la mayoría de cascos urbanos, en la periferia de la ciudad.

La realidad demuestra que el problema no puede estar fuera de la lista de prioridades en un escenario de posconflicto. Hay que recordar que las bandas criminales que progresivamente se han ido apoderando de las ciudades son una potencial amenaza de desplazamiento interno en algunas de las capitales del país. Las migraciones internas que se han presentado por décadas entre varios municipios y departamentos de Colombia podrían replicarse en las grandes urbes como Cali, Barranquilla o Bucaramanga. Sucedería, sobre todo, porque los desmovilizados de las guerrillas que no se reinserten a la vida civil seguirán delinquiendo, con el agravante de que ahora controlarán y azotarán a los centros urbanos.   

Los desplazados son la escoria que surge de la disputa por el territorio. Son víctimas del oro, del coltán, de las refinerías, de los ganaderos y de las multinacionales. Son víctimas de la riqueza de la Pachamama y de los interesados en amamantarse de ella a como de lugar. En fin, son ‘algo’ a lo que hay que prestar atención antes de que la solución a sus problemas se vuelva insostenible, aunque desde un inicio se haya sabido que costaría más de lo presupuestado.

Hay que identificar cuántos son, de dónde provienen, cuándo y por qué los sacaron de donde estaban, qué dejaron atrás y qué perdieron. No se puede reparar justamente a todos, pero basados en esos interrogantes hay que determinar con la mayor precisión posible qué se necesita para hacerlo. El Estado -aunque parezca obvio- no se puede dejar intimidar de los grupos ilegales para que la Ley 1448 de resultado. 

Aunque el discurso de las FARC haya perdido su vigencia ideológica, es cierto que a cientos de municipios, veredas y corregimientos todavía no llega la ayuda del Estado. No hay ni ha habido una presencia real que se evidencie en servicios básicos como agua potable y alcantarillado, salud y educación. Por eso los terroristas se han apoderado del control de dichos territorios y han perpetuado la inseguridad, la pobreza y el sufrimiento. A donde impera el crimen de la mano con la corrupción oficial no pueden llegar el progreso ni las oportunidades.   

Según el Ejército más del 50% del Magdalena Medio ha sido considerado como “zona roja” durante los últimos treintas años. Es decir, desde 1985 (“el peor año” de la historia de Colombia, llamado así por la Toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre, y la tragedia de Armero cinco días después) no ha dejado de representar un peligro ser pobre y vivir en los valles que colindan al río más importante del país. En esos lugares los menos favorecidos son los que soportan la guerra: ellos ponen los combatientes, los ultrajados, los muertos y los desplazados.   

Más allá de las discusiones informales que puedan surgir sobre la autonomía y los recursos de un territorio que siempre ha estado en disputa, aparecen las demandas reales de un grupo como el Ejército de Liberación Nacional (ELN): la tortura eterna del Gobierno en lo que tiene que ver con las políticas minero energéticas; mientras los terroristas farianos sostienen que la tierra es la causa fundamental del conflicto, los terroristas elenos insisten en que son los recursos y la explotación de los mismos, que principalmente favorece a multinacionales extranjeras que terminan saqueando la riqueza nacional.

“500 AÑOS SE DEMORARÍA EL ESTADO 

EN ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS”

Como consecuencia del rifirrafe que han tenido ambas guerrillas con el Gobierno de turno es que ha aumentado el número de víctimas: hasta que no se negocie algo puntualmente (y se apruebe) no se podrá garantizar la seguridad de ningún desplazado que viva en zona roja y/o esté amenazado. Por eso es necesaria la firma de la paz, al menos para avanzar en el compromiso de reparar integralmente a las víctimas.

¿Por qué el panorama no es muy esperanzador? El próximo año se cumplirá la mitad del tiempo estipulado para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al paso que van no habrán atendido, ni siquiera, el 10% de las solicitudes. El mismo Gobierno ha dicho que en medio del conflicto “es muy complicado” que el proceso de restitución de tierras tenga un impacto y que sus resultados sean los esperados. Por lo pronto Santander seguirá en el medio: siendo el peaje de las desgracias de aquellos que buscan una seguridad estatal que hasta el momento es igual de precaria en los Montes de María como en Cimitarra.