Denuncia Política

El Cartel del PAE en Oriente

A pesar de la gran indignación generada por los robos y corrupción que rodea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), estas noticias siguen proliferando a lo largo y ancho del territorio nacional, donde servidores desalmados e inescrupulosos usurpan  recursos públicos para su beneficio personal, quitándole, en el sentido literal de la palabra, el pan de la boca a los niños y niñas más vulnerables del país. Hace años este flagelo azota al municipio de La Unión en el Oriente Antioqueño en cabeza del actual alcalde Edgar Alexander Osorio, quien resulto nuevamente electo después de pasados 8 años, momento en que sucedieron los hechos denunciados.

Del Partido Liberal, Edgar Alexander hace parte del grupo político del cuestionado senador Julián Bedoya, conocido por presuntamente haber falsificado su título de abogado, quien impulsó su campaña presentándose en plaza pública con el candidato. Preocupa que los municipios donde el senador tiene personas de su confianza ocupando cargos de influencia, se tenga como común denominador hechos irregulares en la contratación del PAE o del Buen Comienzo, dado que no es la primera vez que miembros de su equipo político quedan en medio de investigaciones relacionadas con corrupción, tal como lo escribí tiempo atrás para el portal Confluencia, logrado canalizar la contratación de varios municipios del Urabá Antioqueño, a un solo contratista de su confianza, pero hasta ahora ninguna denuncia ha desembocado en algún tipo de sanción disciplinaria o fiscal.

El entramado de corrupción salió a la luz desde el 2015, donde un valeroso hombre denuncio ante la Contraloría a la señora Sandra Milena Gómez Osorio, Directora Local de Salud (DLS), por la presunta sustracción de alimentos destinados a la alimentación escolar, para después ser revendidos por ella y sus socios, además de otra serie de irregularidades como el cobro de dos cheques a nombre de una empleada de la entidad con labores de limpieza, a la cual se le falsifico la firma. Sin embargo, la investigación fue torcida desde la Fiscalía y la Personería a pesar del abundante material probatorio. Ahora, como suele suceder en el país del realismo mágico, el denunciante salió del municipio por diversas amenazas contra su vida, mientras Sandra Milena ostenta un cargo directivo en la actual administración de Alexander Osorio en completa impunidad.

Frente al cargo que data del contrato 0108 del 2015 para el suministro de alimentos para eventos institucionales por un valor de 18.000.000 COP (Hecho #2), la DLS Sandra Milena Gómez fraguo todo un entramado para desviar estos recursos, suplantando la identidad de una empleada del servicio contratada por el municipio y presentando su nombre el 10 de marzo del 2015 como una de las dos oferentes, para después aceptar su propuesta, firmar las actas de interventoría 0203 y 0317 del 2015, para finalmente cobrar los dos cheques girados, todo sin su conocimiento.

La primera cuenta de cobro por valor de 1.842.000 COP se da por la supuesta compra de víveres para la fuerza pública (879.000 COP), la compra de refrigerios para el adulto mayor (510.000 COP) y las Juntas de Acción Comunal (452.000 COP), la cual se cobró mediante la orden 296.

La segunda cuenta de cobro mediante orden 511 se dio por un valor de 1.892.000 COP por concepto de alimentación para la fuerza pública (468.000 COP), la compra de refrigerios para el adulto mayor (594.000 COP) y las Juntas de Acción Comunal (530.000 COP). Para un total de 3.734.000 COP cobrados de forma irregular, a través de la suplantación de un tercero que nada tenía que ver.

Otro hecho preocupante resulta cuando la DLS Sandra Milena se da cuenta de la denuncia que cursa en el órgano del control en su contra, puesto que según declaraciones de la víctima, Sandra Milena inicio una serie de presiones y ofrecimientos para que declarará que el dinero efectivamente había ingresado a su patrimonio, buscando que asegurará que el contrato se llevó a cabalidad sin ningún tipo de percances, por lo que se le consignó el pago de la segunda cuenta de cobro 511, dinero que ella misma restituyo a la Alcaldía de La Unión.

Entrevista a la señora suplantada.

 

Al momento de revisar el correspondiente endoso del banco, y de recibir la declaración juramentada de la supuesta contratista, la Contraloría pudo determinar que ambos fueron cobrados de manera irregular,

Orden 296.

Orden 511.

 

Frente al segundo cargo donde supuestamente la DLS Sandra Milena Gómez extrajo la minuta alimenticia destinada a cubrir las necesidades nutricionales de los niños de las Instituciones Educativas Pio Xl y Félix María, la Contraloría pudo determinar fuertes indicios probatorios a partir de la declaración de varios funcionarios de la Dirección Local de Salud, a esto se suman dos declaraciones juramentadas en notaría de personas que trabajaron con Sandra Milena. Las declaraciones son contundentes.

Cabe mencionar que ambos comercios niegan haber cometido cualquier negocio irregular.

Declaraciones juramentadas.

5 diferentes declaraciones de funcionarios.

 

Frente a los cargos 2 y 3, la Contraloría consideró posibles ilegalidades, mencionando la remisión a la Fiscalía y Procuraduría, pero debido a que no se pudo determinar el valor del detrimento (debido a la extracción física de los alimentos), no pudo concretarse ningún tipo de hallazgo fiscal.

Una vez remitido el proceso a la Fiscalía y por intermediación de la Secretaría de Transparencia de Presidencia y la alcaldesa Claudia López (senadora para ese entonces), la Fiscal 106 de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, la señora Ana Cristina Chica Restrepo contesto un derecho de petición del denunciante donde solicitaba el estado del proceso, pero a pesar del abundante material probatorio, meses después lo archivó, argumentando que no hubo delito alguno.

Por estos hechos, la fiscal Ana Cristina Chica está incursa en un proceso penal donde se le imputo el delito de Prevaricato, habiendo negando los cargos. Este hecho llama especialmente la atención debido a que, según la Consulta de Procesos Unificados, la fiscal tuvo otro proceso por Prevaricato en el 2009 el cual fue archivado, además de haber sido condenada en primera y segunda instancia por Abuso de Confianza cuando fungía como Fiscal Local en Amagá por supuestamente haber citado dos ciudadanos del municipio con el fin de que le pagaran una deuda a un comerciante amigo, sin embargo en 2004 la sentencia fue removida en casación por atipicidad sobreviniente, lo cual es básicamente que se reformó  el delito y se le incluyeron nuevos presupuestos que no fueron demostrados en su caso, por lo que fue absuelta con base en el principio de favorabilidad, mas no por hallársele inocente.

En el 2016 La Procuraduría dio inicio a una investigación preliminar en contra del Alcalde Edgar Alexander Osorio y la DLS Sandra Milena, que a la fecha no ha mostrado mayores avances.

La Fiscalía hizo lo propio e  inicio una indagación preliminar en contra del Alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño y Sandra Milena Gómez por los delitos de Peculado por Apropiación, Falsedad Ideológica en Documento Público y Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos Legales, investigación que fue desestimada, pero que en el año 2018 fue desarchivada por el peso del material probatorio. Luego de varios aplazamientos, el 26 de marzo del 2020 se realizo la audiencia de imputación de cargos sin que ninguno se haya allanado.

Otro hecho que el Consejo Superior de la Judicatura debe entrar a dirimir es la participación del Personero del municipio de La Unión para ese entonces, el señor Andrés Felipe Arteaga Correa, quien cuando hacía parte del órgano de control, conoció sobre las denuncias contra la DLS por queja interpuesta por la empleada objeto de la falsificación de firmas, para años después representar a Sandra Milena en el proceso penal incurriendo, presuntamente, en la incompatibilidad contenida en la ley 1123, numeral 5: “No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos (…) 5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales…”

 

Acuse de la indagación preliminar en Personería.

 

Escrito de Acusación.

Los hechos descritos ocurrieron durante la administración 2012 – 2015 del alcalde Edgar Alexander Osorio, quien nuevamente resulto electo para el periodo 2020 – 2023. Hoy por hoy funge como alcalde de La Unión y sin importar los procesos en curso, designo nuevamente a la señora Sandra Milena Gómez Osorio como Directora Local de Salud, nombramiento que no cayó bien en la opinión pública.

Esta denuncia es ampliamente conocida. También es un secreto a voces en todo el Oriente Antioqueño que la minuta destinada para alimentar los niños de escasos recursos, termina siendo extraída de forma ilegal para después ser revendida en comercios aliados a un precio menor. Preocupa la extraña serie de omisiones por parte de los órganos de control como La Fiscalía o La Personería, aún más cuando ha sido objeto de discusión en el Concejo Municipal de La Unión y que varias voces, como la del Diputado Camilo Calle, han denunciado que se están robando el PAE. Todos miran, todos saben, pero nadie dice ni hace nada.