“Cada año aumentan las cifras, la preocupación y las evaluación del modelo de salud cuyas reformas deambulan inciertas en Colombia, con respecto al diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con patologías relacionadas a depresión, estrés, ansiedad, bipolaridad, demencia y esquizofrenia, en nuestro país hablamos y legislamos mucho, pero ejecutamos poco.”.
En la sentencia T-118-22 la Corte Constitucional define la salud mental como un derecho fundamental y puntúa sobre la integralidad de la salud mental como la combinación de recursos humanos y recursos de salud adecuados para satisfacer las necesidades de salud mental de la población. Esto incluye la promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación y inclusión social. La integralidad también implica que la atención no puede ser suspendida o retrasada por razones administrativas, ya que su objetivo es la recuperación y estabilización del paciente.
La salud mental, además de ser un derecho fundamental, es componente esencial de la cobertura sanitaria universal. En Colombia, la Ley 1616 de 2013 establece que la salud mental es un estado dinámico que se manifiesta en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, permitiendo a las personas desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para enfrentar la vida diaria, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.
El cuidado de la salud emocional y mental se convierte en un “nuevo” desafío para entidades públicas y privadas, cuestión expuesta por la pandemia, pero que contiene una serie de esfuerzos, modelos y recomendaciones para la realización de un plan de acción. Organización Mundial de la Salud 2013-2020, todos encaminados a mejorar la calidad de los servicios psicológicos y psiquiátricos. El Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el Instituto Colombiano de Neurología, la EPS y expertos invitados analizan la situación actual de la salud mental en el país.
Así las cosas, esta semana se cumple un año de la promulgación del Gobierno Nacional de Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y en colaboración con el Consejo Nacional de Salud Mental, de la actualización la Política Nacional de Salud Mental en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023. Esta actualización incluye estrategias y acciones transectoriales de mediano y largo plazo que abordan los determinantes sociales de la salud mental, considerando los entornos de desarrollo y el curso de vida, con enfoques poblacionales, interseccionales y territoriales. Sin emabargo a hoy no se ven muchos resultados.
La política plantea como objetivos la promoción de la salud mental, la prevención, la atención integral, la rehabilitación y la inclusión social de las personas afectadas, así como el abordaje del consumo problemático de sustancias psicoactivas y situaciones de violencia. También busca eliminar el estigma y la discriminación, desarrollar habilidades para la vida y competencias socioemocionales, e identificar problemas mentales de manera oportuna.
Para implementar esta política, se prometió realizar asistencia técnica conjunta con las entidades territoriales, en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y rehabilitación basada en la comunidad. El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará una estructura organizacional adecuada para la ejecución de esta política.
Se creará una Red Mixta Nacional y Territorial en Salud Mental, compuesta por diversas entidades dedicadas al bienestar mental y la atención integral. El Consejo Nacional de Salud Mental organizará el funcionamiento de estas redes y rendirá un informe anual ante las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de la República.
En el sector carcelario y de reclusión de menores, se implementará una atención integral en salud mental, con tamizajes de ingreso y egreso que permitan identificar tratamientos adecuados para la resocialización. La atención continua se centrará en la promoción, prevención y atención integral, con un enfoque diferencial para mujeres, la población LGTBIQ+, indígenas y grupos raciales.
Estas acciones buscan mejorar la atención integral en Colombia, abordando los desafíos en salud mental y garantizando la inclusión social y la eliminación del estigma y la discriminación.
La política busca promover alianzas multisectoriales, aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios comunitarios, y fortalecer el apoyo psicosocial en situaciones de emergencia. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la investigación y la toma de decisiones basadas en evidencia para garantizar una atención plena y de calidad en salud mental. El Comité Ejecutivo de la OPS/OMS ha instado a los gobiernos a incrementar la inversión en recursos financieros y humanos para fortalecer los sistemas de salud mental y garantizar una atención digna y resiliente.
Esta política dice que servirá como guía para los Estados Miembros de la OPS/OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana en la recuperación post-pandemia y la reconstrucción de sistemas y servicios necesarios para un desarrollo social y económico equitativo dentro del marco de la cobertura universal de salud. Lograr estos objetivos requiere el compromiso político de los gobiernos y la participación de toda la sociedad, mediante alianzas estratégicas con amplios sectores.
Salud Mental y Psicología Jurídica: Dos Ámbitos Distintos
Es crucial distinguir entre la política pública de salud mental y la psicología jurídica cuando hablamos de derecho médico. La psicología jurídica es una rama de la psicología que estudia la conducta humana dentro del ámbito legal, aplicando técnicas y herramientas del método científico. Se intersecta con campos como el derecho, la criminología, la victimología, la medicina, el trabajo social, la sociología y la antropología, y coopera con la justicia en áreas relacionadas con los derechos humanos. la política pública de salud mental y la psicología jurídica, aunque relacionadas, operan en ámbitos distintos. Mientras la política pública busca mejorar el bienestar mental a través de leyes y políticas, la psicología jurídica aplica conocimientos psicológicos al sistema legal para promover una justicia más humana y equitativa. Esta distinción es esencial para entender el alcance y la implementación de las acciones en cada campo.
La psicología jurídica aboga por la defensa de los derechos humanos y la salud mental, con el objetivo de humanizar la justicia, esta área investiga e interviene sobre el comportamiento humano con implicaciones jurídicas. La psicología jurídica contribuye a la construcción de un derecho más cercano a la condición humana y fundamentado en la ética de la dignidad.
Los psicólogos jurídicos en Colombia propician soluciones negociadas a los conflictos jurídicos, mediando para prevenir y paliar el daño emocional y social. Su campo de aplicación es amplio, abarcando el derecho penal, civil, de familia, laboral y la psicología forense. Sus objetivos principales son aportar conocimiento científico al sistema legal, mejorar la comprensión del comportamiento humano en contextos legales y promover la justicia y la equidad.
Ya para concluir cada año aumentan las cifras, la preocupación y las evaluación del modelo de salud cuyas reformas deambulan inciertas en Colombia, con respecto al diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con patologías relacionadas a depresión, estrés, ansiedad, bipolaridad, demencia y esquizofrenia, en nuestro país hablamos y legislamos mucho, pero ejecutamos poco. Los problemas de salud mental deben reconocerse como su valor más importante y tratarse responsablemente para disipar mitos y estereotipos que se desarrollan en entornos personales, familiares, colaborativos y digitales y conducen a procesos discriminatorios. Invita a la reflexión moral sobre la condición humana, la naturaleza y la libre acción, estos elementos son de vital importancia una vez se abra el dialogo nuevamente sobre nuestro ya maltrecho sistema de salud.
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