Si usted busca en Google el título de esta columna, lo primero que va a encontrar es que el mismo es un aforismo de origen latino que traduce que: “dura es la ley, pero es la ley”. Con él, en la antigua Roma, se quería expresar la necesidad de aplicar la ley en todos los casos por más excesiva, rígida o inclemente que parezca, y sin hacer distinciones de ningún tipo. Si la ley decía “si a, entonces b”, cuando en Roma sucediera “a”, entonces se debía producir “b”.
Este aforismo fue un pilar fundamental para estabilidad y solidez del Imperio pues permitió, por un lado, que las personas del común generaran consciencia de que sus conductas acarrearían determinadas consecuencias y, por el otro lado, que los gobernantes contaran con un elemento legitimador de su gobierno.
Con el tiempo, los demás sistemas jurídico-políticos fueron adoptando la regla que contenía al aforismo, al punto en que, en la actualidad, es considerado como un principio general del Derecho que es aplicado, con mayor rigor, en todos los países en dónde lo más importante para el Derecho es la ley (pues hay sistemas, como los anglosajones, en dónde lo más importante son las costumbres de las personas).
Colombia, precisamente, se encuentra dentro de ellos. Al adoptar el sistema chileno, que copiaba instituciones del Derecho francés, y éste a su vez del Derecho romano, hemos arraigado el culto a la ley en nuestro sistema. De hecho, a lo largo de toda nuestra Constitución vigente, sobre todo en los primeros artículos, se puede ver cuán importante llega a ser la ley para el ordenamiento nacional; es tan indispensable como lo son las pilas para el control de la televisión: sin ellas, simplemente el aparato no funciona.
Con ocasión de la orden de captura del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, creo que este principio cobró muchísima más importancia. Oí en mi casa y leí en las redes sociales a muchas personas compadeciéndose con el (suspendido) mandatario departamental por lo sucedido, y a raíz de ello surgen unos pensamientos que quiero plasmar en esta columna.
Si bien es cierto que a nadie le desearía la angustia que significa padecer un proceso penal en Colombia, no deja de serlo también que en Colombia las personas sólo llegan a esta instancia cuando la Justicia, con la información que recibe del ente investigador (Fiscalía), considera que hay suficientes motivos para poder iniciar un proceso formal para esclarecer si se ha cometido o no un delito; y sólo cuando esto último lo sentencie un Juez de la República será cierto, por el momento solo es mera especulación.
No obstante, me pregunto: ¿será que esas mismas personas que se compadecen con Aníbal, también lo hacen con, digamos, Álvaro Uribe que contaba para el 2019 con más de 270 investigaciones pendientes en su contra en la Comisión de Acusación del Congreso, y 28 más en la Corte Suprema de Justicia?
A esta última pregunta probablemente alguien reprocharía diciendo que no se pueden comparar las investigaciones que se le hacen al ex Presidente con las que se le hacen a un funcionario público que “ha mostrado ser honrado y decente durante toda su trayectoria hasta este impase, como lo es Aníbal, y a quien probablemente le estén cobrando alguna factura política”. A ese alguien lo que le respondería, ineludiblemente, es que tiene toda la razón en cuanto a la diferencia (política) de las investigaciones, pero no en cuanto a que es cierto lo del supuesto montaje o persecución política que le hacen al gobernador (s).
Ahora bien, sólo en gracia de discusión aceptemos que esto último es cierto, y por ellos nos compadecemos con él, entonces, pregunto, ¿también nos deberíamos compadecer con el exministro Andrés Felipe Arias, quien es defendido con las mismas palabras que usan los defensores de Aníbal y que también sostienen que todo ha sido una persecución política? ¿y qué hay de Alfredo Ramos, quien tuvo que padecer la pena de la cárcel por un delito que, según el proceso, no cometió? ¿O acaso sólo nos compadecemos cuando el investigado tiene determinada facción política, es carismático y le agrada a la gente?
La verdad creo que esos pensamientos son absurdos. Creo que quien llega a instancias de un proceso penal es porque hay suficientes motivos, susceptibles de ser corroborados o desmentidos, que ameritan que esté allí. Creo en la institucionalidad. Creo que todos tenemos el derecho a la mayor cantidad de garantías posibles en el escenario penal. Creo que estar en esa situación en la que está Aníbal puede ser de las cosas más angustiantes de la vida. Pero sobre todo creo en el imperio de la ley.
A Aníbal le deseo todos los éxitos o los infortunios que la Verdad, la Justicia y la ley le puedan traer. Sólo el tiempo lo dirá.
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