DOW CARTAGENA

Al perdón se le puede definir así: “El perdón es la acción por la cual, expresamos a alguien disculpas por nuestros errores o admitimos la falta del otro, y aceptamos su petición”. Mucho se ha dicho sobre el mismo, pero hay frases memorables como las siguientes: “Perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y defectos del otro, no tomarlas demasiado en serio, sino quitarles importancia, con buen humor, diciendo: ¡sé que tú no eres así!” (Robert Spaemann) – “A perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho” (Jacinto Benavente). Mucha tela hay por cortar en la materia, considerando que el perdón es un acto en el presente sobre un hecho en el pasado para no repetirlo en el futuro, y más, en estos tiempos de diálogos de paz cuando las Farc (terroristas antiambientales) se ufanan de sus acciones, justificándolas dizque por la mediocridad de los gobiernos (así lo dicen tanto sus jefes como sus ultradefensores), pero que en la práctica, ninguna verdad justifica a la otra. El caso de la presente columna es muy peculiar porque mediante una Sentencia de la Corte Constitucional, una multinacional debe pedir perdón a una comunidad por los daños ambientales causados a su entorno, que incluso, podrían llegar a ser irreversibles.

El lugar de esta historia es la ciudad de Cartagena de Indias, supuesta vitrina turística de Colombia, con un título tan solo en el papel de Patrimonio Histórico de la Humanidad, pero que en la realidad no se aplica, ya que los niveles de caos y desorden de mezclan con la inseguridad, la carencia de servicios públicos y el irrespeto al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Basta con mirar la adoración que sus gentes de alta sociedad le tienen a la India Catalina, cuya acción fue aliarse con los depredadores españoles quienes acabaron con su pueblo, la agonía lenta y dolorosa de la Ciénaga de la Virgen, el abandono de sus playas públicas así como su usurpación por parte de hoteles cuyos dueños tienen dinero y abogados para recurrir a toda clase de rabuladas; y una dirigencia política, que hagan el favor, dejan mucho que desear, no piensan en la comunidad, tan solo en su estatus social que les permite salir con cualquier mentira en las secciones sociales de los medios de comunicación.

La empresa protagonista de este caso es Dow Química, la cual lleva muchos años con sede en el supuesto Corralito de Piedra; le ha dado pocos empleos a los habitantes del área metropolitana, pero eso sí, aparecen con carrozas y tragos en todos cuanto festival hay (incluido el Reinado de la Belleza, a cargo de Raimundo Angulo y Alfredo Barraza), inclusive, durante varios años, sus ejecutivos se han casado con las niñas cartageneras de prestantes familias, con eventos sociales donde se derrocha la plata que le podría servir en inversiones necesarias en las zonas más populares. ¿Cuál es el trabajo de Dow? En su página web se puede leer: “Con su casa matriz en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, Dow Agro Sciences es un líder global en la provisión de productos para el control de plagas, productos agrícolas y de biotecnología. La compañía emplea más de 6.000 personas en 50 países y realiza ventas en el ámbito mundial por más de 3 mil millones de dólares”. Suena muy bonito e interesante, pero el tema de hoy no es que sea muy agradable, y por ende, tendrán que pedir perdón de verdad.

Entre sus productos se encuentra el Lorsban, un insecticida usado para tratar plagas de los mismos en los cultivos agrícolas, el cual es muy utilizado en Colombia, principalmente por los grandes grupos que acaparan tierras en la región Caribe. En junio de 1989 (hace 26 años aproximadamente), cuando el país vivía una de sus épocas más amargas gracias a las crueldades de todos los grupos al margen de la ley, hubo un singular hecho que atrajo la atención mediática: la planta que tiene esta multinacional en el sector de Mamonal, vertió (¿de forma accidental?) 23.8 kilogramos del químico en mención a la bahía, causando daños ambientales que hoy en día, ya se están considerando como irreversibles, entre ellos, la reducción de la actividad pesquera, fuente de ingresos para los campesinos de la zona. Precisamente, la comunidad correspondiente con la organización Fundepúblico entablaron las demandas correspondientes ante las autoridades ambientales nacionales y locales, que no le pusieron prioridad al tema a lo largo de este tiempo.

Tan solo, se vino a dar luz en días pasados, con la sentencia T-080 de 2015, emitida por la Corte Constitucional en donde se expresa: “La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la empresa Dow Química restablecer la zona de la bahía de Cartagena afectada por el vertimiento de un pesticida (Lorsban) el 19 de junio de 1989. Le exigió además proferir un comunicado en un diario local en el que reconozca las fallas humanas e institucionales que condujeron al derrame del compuesto químico y ofrezca perdón público por los daños ocasionados al ecosistema de la región y a sus pobladores”. 26 años tuvieron que pasar para llegar aquí, y si bien, a la multinacional le tocará respetar y obededer, así sea a regañadientes, hay que agregar: se necesita una solicitud de perdón y arrepentimiento, real y verdadera, tanto en la teoría como en la práctica.

PD1: lo más grave del Decreto Chavista 1787 sobre las Zodimain, es el daño ambiental que se podría generar por la locura bolivariana, con la bendición de la oposición venezolana. Colombia pagaría los platos rotos.

PD2: El Papa Francisco le dio un golpe duro a los intereses ultracatólicos en su encíclica Laudato Si.