Quien por no ejercer sus atribuciones se ve despojado de ellas es más culpable del despojo que el mismo asaltante. Este parece ser el caso de la Junta Directiva de EPM nombrada por el alcalde Quintero Calle hace ya más de seis meses.
Integrada por personas completamente ajenas al sector de los servicios públicos y habiéndose perdido la memoria institucional que daba la forma alternada de designación practicada durante muchos años – se garantizaba la combinación de miembros experimentados con los recién llegados – era comprensible que la Junta Directiva, nombrada en agosto de 2020, pasara por un período de adaptación y aprendizaje antes de verla ejerciendo con conocimiento y autonomía la plenitud de sus funciones.
Lamentablemente no ha ocurrido así y la Junta continúa brillando por su ausencia y, sobre todo, por un desconcertante silencio frente a las actuaciones del alcalde y de sus agentes directos enquistados en EPM, que la han engañado con descarado desparpajo.
La Junta fue asaltada en su buena fe, por lo menos algunos de sus miembros, cuando se le mintió sobre la oportunidad de presentar la demanda contra el consorcio constructor. Se le ocultaron las consecuencias de dicha demanda sobre las demandas que a su turno enfrenta EPM de los pobladores aguas abajo de la presa de Hidroituango, por los supuestos perjuicios causados por la contingencia de abril de 2018. Aparentemente no se les explicó que como contratista de la Sociedad Hidroituango, en los términos del contrato BOOMT, EPM es responsable de sus propios contratistas. No se les informó que esa demanda debilitaba la posición de EPM frente a la aseguradora que ya había reconocido que los daños de la contingencia estaban cubiertos por la póliza. Tampoco se le informó que había pactado un tribunal de arbitramento con el consorcio constructor CCC para resolver las controversias relacionadas con la contingencia del 28 de abril de 2018.
Como si todo eso fuera poco, en la reunión del 26 de enero, el alcalde le mintió descaradamente a la Junta en pleno al informarle de la supuesta renuncia del gerente Rendón López. Y volvió a mentirle cuando le dijo que la causa de su abrupta salida era un comportamiento supuestamente malintencionado al firmar la renovación del contrato de construcción con una filial de papel de Camargo Correa, con el objeto de liberar a la matriz de responsabilidades. Ya la Junta debe estar enterada de que la sustitución de la matriz Camargo Correa por Camargo Correa Construcciones dentro del Consorcio se hizo desde 2017, obedeciendo a la reestructuración del grupo brasilero y que en decenas de documentos de EPM se reconoce dicha sustitución. Además, la matriz ha dado todas garantías requeridas en esta situación.
La carta del 1 de marzo, dirigida a la gerente Mónica Ruiz por más de 90 funcionarios del área legal de EPM, pone en evidencia que el señor Alexander Sanchez Pérez, vicepresidente de asuntos legales, ayudado por un grupo de abogados externos contratados exprofeso, es el artífice de todo ese montaje de engaños, falsedades, ocultamientos y burdas mentiras que han puesto a EPM en la delicada situación jurídica y reputacional en la que se encuentra en la actualidad. Si alguna vergüenza y dignidad tuviera en señor Sanchez Pérez, renunciaría de inmediato ante el repudio de todos sus subalternos.
Una característica fundamental de los abogados de EPM – además de su rigor y disciplina de estudio – es su prudencia extrema, que los lleva a medir el alcance de las manifestaciones públicas. Los abogados de EPM no litigan en los micrófonos ni en los periódicos ni acostumbran dar declaraciones. El mero hecho de hacer pública esa carta – escrita en tono prudente y sobrio – es prueba de que la situación interna de EPM es extremadamente grave. La doctora Mónica Ruiz, salida de la entraña de EPM, debe entender bien que se trata de un llamado angustioso.
Si el señor Sanchez Pérez no renuncia, la gerente Ruiz debe declararlo insubsistente sin dilación alguna y la Junta en pleno debe darle su apoyo. En esa Junta hay varios abogados muy destacados que tienen un prestigio que defender y saben bien lo que está en juego. Hay otras personas menos conocedoras de las cuestiones jurídicas y técnicas que someten a su discusión, pero que deberían empezar por entender que el hecho de haber sido nombrados por el alcalde no los convierte en sus subalternos y que, en tanto que miembros de junta, tienen responsabilidades personales cuyo incumplimiento tiene consecuencias incluso patrimoniales.
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