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Dinamarca y Cundinamarca

Me honra que 585 honestas palabras me hayan hecho merecedor de epítetos como ingenuo y derechista, en los comentarios menos agresivos, y bolsonarista y fascista, en los más, pues unos y otros comprueban que quienes me adjetivan de esa manera leyeron con atención lo que escribí.

Algunos amigos me preguntaron si de verdad creía en lo que había escrito o si solo había sido un ejercicio retórico; de hecho, el título de esta columna lo encontré en el comentario de uno de ellos: «Comparto tu lógica, pero en Dinamarca, no en Cundinamarca».

A todos y a pensar de todo, y para no extender más la glosa, debo decirles que ni mis palabras traicionaron mi discurso ni yo traicioné lo que defiendo, y que me mantengo en lo que dije en la columna de mi autoría publicada el lunes 20 de septiembre en El Espectador (https://www.elespectador.com/opinion/lectores/columnas-del-lector/es-hora-de-corregir-un-exceso-constitucional/): es justo devolverle el derecho al voto a los militares y a los policías en servicio activo.

Quise compartir el escrito aun sabiendo que pocos compartirían su argumento, que creía correcto en aquel día y sigo creyendo correcto hoy por las razones que entonces expuse y por otras de las que he sido plenamente consciente gracias al debate que devino de su publicación.

En primer lugar, estoy convencido de que la discriminación en cualquier caso es injusta. Si realmente todas las personas son iguales en dignidad y derechos, no puede defenderse que la discriminación basada en la raza, en el color, en el sexo, en el idioma, en la religión sean indeseables y que la discriminación basada en la ocupación o en la profesión elegida sea deseable. Cualquier acto de discriminación hacia un grupo de población es injusto tanto en Dinamarca como en Cundinamarca.

En segundo lugar, aunque los derechos políticos no son absolutos y, por ende, pueden estar sujetos a restricciones -que deberían ser temporales- o limitaciones -que deben ser legales, necesarias y proporcionales-, la imposibilidad de votar es una limitación innecesaria y desproporcionada de los derechos de cada una de las personas que forman parte de las fuerzas militares y de la policía.

El derecho al sufragio es tan importante que los detenidos privados de la libertad solo lo pierden cuando han sido condenados por un juez de la República. En este sentido, el ordenamiento constitucional colombiano homologa de jure y de facto a los reos con los militares y los policías: ambos recuperan el derecho al voto cuando cumplen su pena, en el caso de los que infringieron la ley, y cuando finalizan su servicio activo, en el caso de los que hacen cumplir la ley.

Que los militares y policías, en su calidad de ciudadanos colombianos, recuperen el derecho al voto no quiere decir ni implica que las Fuerzas Militares o la Policía Nacional se conviertan en organizaciones deliberantes. Para evitar esto deberían conservarse las restricciones para que militares y policías en servicio activo no aspiren a cargos de elección popular, no conformen partidos políticos y no puedan hacer proselitismo político en su calidad de servidores públicos. ¿No son estas condiciones similares a las que hoy restringen los derechos políticos de los funcionarios civiles del Estado?

En tercer lugar, creo que para que la democracia sea verdaderamente representativa debe crear todos los espacios que sean necesarios para que todas las voces sean oídas. Varios que defendieron el componente de la participación política de los excombatientes de las FARC en los Acuerdos de Paz también dicen que los uniformados son de derecha y que si se les permite sufragar se le estaría entregando el país a la derecha otros 20 años. Aparte de la falacia inductiva que gradúa a todos los militares y policías como de derecha -que los sean unos no implica que lo sean todos-, quienes así piensan parecen usar tendenciosamente lo mejor de la socialdemocracia para integrar a la vida cívica a unos y lo peor del totalitarismo para segregar y censurar a otros en función de sus opiniones políticas.

En suma, tal como lo dije en El Espectador y lo repito aquí y ahora, creo que las razones en contra de devolverle el derecho al sufragio a militares y policías hablan más de los miedos y resquemores de un sector de la sociedad civil respecto a cómo funciona su democracia que de los ánimos golpistas y antidemocráticos de los militares y policías. El sistema electoral colombiano tiene muchos problemas y poca legitimidad, pero desconocer el derecho al sufragio de que gozan los militares y policías en cuanto personas moralmente libres no hace mucho por arreglar lo que mal funciona en parte por culpa nuestra, de los que votamos.

Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, cierto es, pero eso no hace menos ciudadanos a los hombres y mujeres que eligieron ser militares y policías al servicio de la República de Colombia.

***

Mucho ha cambiado desde aquel abril cuando redacté la columna que cinco meses después publicó El Espectador. El país no había vivido los desmadres del paro nacional. Si hoy volviera a redactar la columna (que tendría que firmar como ex vicepresidente de Ecoandinos, pues mi período venció en julio) no usaría varias de las palabras que entonces usé, aunque seguiría defendiendo la misma tesis. En estas circunstancias, cuando la confianza de los ciudadanos hacia su fuerza pública está desgarrada y el 2022 ya asoma las narices, la reforma constitucional para devolverles a los militares y policías el derecho al voto es inviable. Y que la presentara este gobierno sería afrentoso.

La publicación de la columna que escribí da cuenta del carácter liberal y pluralista de El Espectador.


Esto fue escrito por

Daniel Poveda

Economista de la Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito" y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor universitario, asesor en el Ministerio de Defensa Nacional, consultor asociado en Teknidata Consultores y vicepresidente del Capítulo de Economía de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, Uniandinos.

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