Construir una columna de opinión entorno a una temática de tan marcada coyuntura, amplio recorrido temporal y tan transversal en nuestra configuración como país y sociedad, no deja de ser un ejercicio que suscite amplios cuestionamientos y permanentes debates; más aún, si estos se tratan de procesos de negociación y acuerdos con grupos alzados en armas, y con reconocimientos políticos, como ha sido el caso del Ejército de Liberación Nacional.
Contextualizada la discusión, es oportuno mencionar que los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con este grupo guerrillero, son de lejos los que más avances han logrado en temas de agendas, acuerdos programáticos en virtud, de cada una de las propuestas establecidas por las partes, ceses al fuego con vocación de continuidad, y direccionamientos, en los que la participación de la sociedad civil, se tornan en ejes de articulación prioritaria, para las transiciones que supone una cultura de paz; en la que esta última, no es solo un producto, sino, un hacer consciente, cotidiano y práctico, según se intuye de la entrevista realizada por María Jimena Dussán, a la jefa del equipo negociador colombiano Vera Grave.
De igual manera, es difícil no advertir que, durante los seis ciclos de negociación llevados a cabo, se han acordado una veintena de acuerdos entre las partes, a partir de los cuales se destaca, el reconocimiento y priorización de Zonas Críticas, la relevancia de la territorialidad, y la urgencia de llevar a estas comunidades, procesos de dialogo y convergencia política, que, propendan por el establecimiento de una paz ajustada a sus necesidades y por supuesto, un desarrollo integral que, impacte ampliamente a las comunidades. También, se ha logrado la superación de inamovibles (así sea temporalmente) como la práctica del secuestro con fines económicos; se ha fortalecido la vocación de permanencia, de una mesa que, diseñada para el dialogo, el disenso y la construcción, se ha visto constantemente amenazada por factores externos e internos; a la par, se han generado altas expectativa por configurar un poder ciudadano con capacidad de transformación institucional y democrática, como una dignificación de la política, mediante una cultura de paz, en la que ésta, no sea la excepción, sino al contrario la pauta de actuación política.
En contraste, es evidente que, en una discusión de orden político, no dejan de presentarse desacuerdos, tensiones, incertidumbres y por supuesto interrogantes, en relación al verdadero objetivo de cada una de las partes en negociación; prueba de lo anteriormente señalado, son las acciones violentas desarrolladas contra la población civil, como son los desplazamientos y confinamientos forzados; los cuales, dejan en su haber, graves afectaciones en todos los ámbitos del ser, para alrededor de 121.000, personas, según comunicado de la defensoría del pueblo, emitido el pasado mes de enero. Paradójicamente, estas acciones se centran en zonas consideradas de alto riesgo para las partes como son, los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.
Y aunque, no sea el ELN responsable directo de los eventos señalados, si le asiste un grado importante de responsabilidad, toda vez que, los paros armados decretados por ellos mismos en cada una de estas regiones, y las demás estrategias táctico-militares, adelantadas por esta organización con vocación política, según aducen continuamente; obedece a eventos de control territorial, contención de organizaciones armadas, y alianzas estratégicas para mantener vigente el poder sobre rentas ilegales, rutas estratégicas, y alineaciones con la configuración de un modelo organizacional, en el que la autonomía y la federalización, operan como vector predominante al interior de este grupo armado.
Paralelo a ello, otra de las observaciones que no pueden pasarse por alto, es aquella en la que el denominado COCE, se abroga para sí, el derecho a decretar crisis al interior de los diálogos y la mesa de negociación, congelar o suspender de manera unilateral los mismos, o negarse a ciclos de dialogo intermedio; tal actitud, deriva en una clara contradicción al carácter bilateral y compartimentado, que tanto exige el equipo negociador eleno, a su contraparte gubernamental. Aunado a lo anterior, persisten recelos desde esta óptica, en cuanto al sentido utilitarista y maniqueo que pueda darse a procesos inscritos mediante el CNP ya que, la codependencia de este último, a la mesa de nacional, no deja de ser un llamado de alerta que advierte, el verdadero alcance de la sociedad civil, en dichos espacios de deliberación y construcción colectiva.
En cuanto a la contraparte, no resulta claro el juego político planteado por el gobierno de Gustavo Petro, en cuanto a materia de seguridad se refiere. El crecimiento del 23 % en número de integrantes del Clan del Golfo, según informe de la Silla Vacía del 13 de marzo del año en curso, su presencialidad, en mayor o menor medida en más de 208 o 392 municipios, según la fuente de consulta; y la evolución permanente del EMC, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias mordisco, un avezado comandante guerrillero, con actitud hostil y belicista, capacidad de convocatoria e inserción plena en el narcotráfico; plantean grandes retos al gobierno, a sus vez que devela amplios vacíos en la política de seguridad nacional, el desarrollo de la paz total, como elemento clave, y más importante aún, en sintonía con la condición expuesta por Noberto Bobbio, a la capacidad para generar alternativas reales, que propendan por el cumplimiento de la agenda de negociación, retomas del control y el poder militar que, garanticen la sustentabilidad de orden institucional, como también, la ejecución de un amplio abanico de políticas públicas que, logren transformaciones sociales, económicas y culturales, en cada uno de los territorios con mayor afectación del conflicto.
Finalmente, no quisiera que pasase por alto primero, el tema relacionado con los tiempos de negociación; en especial, el gobierno nacional, de quien que creo, deberá comprender que su papel, no es el de llevar al fin esta organización armada mediante un dialogo conjunto, sino, el de configurar estructuras, para la transformación política de esta organización guerrillera; segundo, al presidente Petro y alto comisionado Otty Patiño, les corresponden sopesar el impacto no solo político, de entablar diálogos regionales con cualquier frente del ELN, sin consulta previa y con el afán de evidenciar resultados, sino también, la trascendencia de ello en el recrudecimiento del conflicto armado, como la coherencia política frente a los países garantes. Tercero, es de correspondencia del COCE, asumir responsabilidades, frente al control de sus estructuras, como el posicionar una configuración política clara y comprender, que la dilación en el tiempo no puede convertirse una estrategia de negociación más.
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