“La medición de embarazo adolescente, evidencia que estamos ante un problema de salud pública y una realidad extremadamente grave en la incidencia de las menores de 10 a 14 años, pues según la legislación colombiana, se consideran víctimas de abuso sexual”.
En el marco del “Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes” el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, publicó información del segundo trimestre de 2022 de “Estadísticas vitales”, que analiza la estructura de la fecundidad y mortalidad, es decir, nacimientos y defunciones, y muestra la tasa específica de niñas de 10 a 14 años, según el departamento en el cual reside la madre.
Los números, preocupantes. De un total de 141.288 nacimientos, hubo 1.013, equivalente al 0,7% embarazos de niñas de 10 a 14 años y 23.206, es decir, 16,4%, de 15 a 19 años. La medición de embarazo adolescente, evidencia que estamos ante un problema de salud pública y una realidad extremadamente grave en la incidencia de las menores de 10 a 14 años, pues según la legislación colombiana, se consideran víctimas de abuso sexual.
De acuerdo con la publicación del DANE, mientras que la media nacional se encuentra en 2,4, en Guainía la tasa es del 9,5; Vichada 5,8; Caquetá 5,1; Putumayo 4,9; Guaviare 4,8; La Guajira 4,0; Chocó 4,0; Cesar 3,9; Bolivar 3,8; Córdoba 3,6, entre otros. De otra parte, los que registran menor tasa son San Andrés y Providencia 0,4; Bogotá 0,6; Cundinamarca 1,0; Boyacá 1,3; Caldas 1,3. Antioquia refleja un 2,8.
En la mayoría de los casos, estos embarazos no planificados o como consecuencia de abuso sexual, reducen las expectativas de futuro y traen secuelas sociales y económicas que impactan de forma directa la salud mental y el bienestar físico, tanto de las madres, como de los hijos, y su entorno. Sin lugar a duda, se afecta de forma directa y negativa las posibilidades de desarrollar su futuro en condiciones alejadas de pobreza o marginalidad.
Hablamos de contextos de exclusión, inequidades y violencias, que disminuyen la calidad de vida. En tal virtud, como lo apunta una editorial de El Heraldo, “debe quedar claro que las menores no pueden ser obligadas a sostener relaciones sexuales: todo abuso tiene que ser denunciado y en el caso de las mayores de 14 años es necesario ofrecerles herramientas para que tomen decisiones responsables frente a sus derechos sexuales y reproductivos”.
Grandes retos tienen los gobiernos, entidades locales y nacionales en el diseño e implementación de acciones enfocadas a mitigar la vulneración de los derechos de niñas de 10 a 14 años y embarazos adolescentes de 15 a 19. Es decir, se necesita “la implementación de acciones multidimensionales encaminadas hacia su prevención y atención, abarcando todos los niveles – personal (individuales, intrapersonales)” (Observatorio del Bienestar de la niñez, 2015). Estamos en deuda. Los entornos de protección naturales no han sido eficaces en salvaguardar a esta población. El compromiso de la institucionalidad, la sociedad en general, y como resulta obvio, los núcleos familiares, debe ser mayor.
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