De las pocas actuaciones con las que estuve realmente de acuerdo con Petro, fue en el desarme que se generó en Bogotá. La idea de ser una sociedad que ha abandonado el temor refugiándose en el Estado es totalmente contradictoria a la de andar con un arma por todos lados, que dizque “por si acaso”. Ahora, nos tenemos que sentir tranquilos porque el Estado y la sociedad en general, nos protegen respetando nuestros derechos y reconociéndonos unos deberes.
A pesar de lo anterior, desde este momento le propongo al gobierno nacional que, para su protección, se les entregue armas a las personas que hacen uso de la aplicación Uber. Para quien no se ponga en contexto, Uber es una polémica aplicación móvil que permite a sus usuarios transportarse de un lugar a otro con los vehículos que se encuentran registrados en su plataforma. En la actualidad, hay una gran división en los sectores ya que mientras uno proponen su ilegalidad, otros la ven como una oportunidad de mercado y de libre competencia.
En Colombia, esto ha tomado un tinte oscuro. Desde el año 2015 se han venido presentando diferentes polémicas sobre el tema. Sus anales se dieron con un video de un conductor que había sido detenido por varios taxistas y una mujer que notablemente molesta reclamaba por la indiscriminada acción. Todo esto continuó y en poco tiempo se volvió a conocer un video donde otra mujer había sido obligada a bajar, y en presencia de un Policía gritaba por auxilio. Se pensaba que estas actuaciones mermarían con el Decreto que “supuestamente” regularía Uber, pero 2016 comenzó con una latente violencia.
Solo han pasado dos meses, y ya nos hemos enterado de cosas como “Bloques de Búsqueda” para conductores de Uber. Así mismo, en Medellín un grupo de taxistas solicito un servicio para luego agredirlo verbalmente y dañar su vehículo. Pero aquí no para, ya que la capital antioqueña fue testigo también de como un grupo de taxistas pintan el vidrio trasero de un conductor y amenazarlo con “tirarse su carro”.
Para iniciar, es necesario decir que Uber es una aplicación completamente legal y funcional, que generaría competencia en un servicio que se ha degenerado por el correr de los años. Estas personas de lo único que tienen miedo es, sencillamente, de perder su trabajo por el pésimo servicio que en muchas ocasiones prestan. Esa frasecita de “Uy, ¡yo por allá no voy!” se acabaría si no tuvieran ese inmenso monopolio en el transporte que el Gobierno Nacional le ha querido regalar en cabeza del Ministerio de Transporte y una presunta “alianza notoria” con Taxis Libres.
Sin embargo, aquí no estamos para discutir sobre la legalidad de este servicio, sino que por el contrario tratamos de buscar una salida para que los vehículos de Uber tengan una especie de defensa a la hora de transitar por las calles. Parece que los taxistas no entienden la noción de Libertad Civil, y como el Estado no hace nada para eliminar esa conducta no deseada es necesario tener por lo menos una ayuda.
Entonces, si el Estado no va a hacer absolutamente nada sobre el tema, es mejor sencillamente entregar armas. Es decir, un tipo que no tiene una preparación mayor parece ser más efectivo que un Policía. ¿Quién les dijo que “por ilegal” tienen que rayarle el carro? ¿Qué porque ustedes no lo aprueban entonces pueden amenazarlos? No señores, aquí los dueños del paseo son otros. Y si las autoridades son entes pasivos en la relación para este caso, es corto el tiempo que transcurrirá para no atender otras situaciones. Efectivamente, damas y caballeros: aquí se está violando la ley y los Derechos. La peor parte está en que el aparato gubernamental no hace nada. ¡Esta tan grave la vaina que hasta detuvieron a la hija de “Pacho” Santos! ¡Nadie se salva!
Por lo pronto, es necesario solicitar ayuda a la ciudadanía en general para que, al ver un conductor de Uber perseguido por un grupo de taxistas o detenido por estos, se detenga a grabar. Guarde esta prueba y rápidamente, por solidaridad, radique una denuncia. Usted perfectamente puede alegar que vio, como un grupo de personas que no son la autoridad competente de este país, detuvo ilegalmente a una persona, lo que se traduce en un secuestro. Entonces, los señores taxistas están violando la Ley 40 de 1993 (lo que puede significar 25 años de cárcel) y el artículo 24 de la Constitución Política por privar de la libre locomoción a un ciudadano.
No se deje engañar: en este país única y exclusivamente se puede detener a alguien con orden judicial. Y por su parte, los únicos autorizados a hacer retenes son las autoridades competentes de este país.
Si en esta relación hay criminales, definitivamente son los taxistas.
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