La democracia es uno de los más grandes avances que ha tenido el mundo occidental. Si bien es imperfecta, ha permitido que se transforme de un sistema político a un valor que hay que proteger y asegurar. Colombia, actualmente, vive momentos que le obligan a pensarse como nación, a plantearse qué democracia quiere. La coyuntura es justamente la oportunidad que tiene el país de plantear que valores guiarán el postconflicto.
El nivel de polarización al que ha llegado el país está tocando niveles nunca antes visto. Las posiciones antagónicas frente al proceso de paz y la manera en que se está conduciendo el país son cada vez más opuestas. En medio de todo esto, surge el llamado del senador Álvaro Uribe Vélez a la sociedad para iniciar una resistencia civil a los acuerdos que resulten de las negociaciones políticas de La Habana. Aunque, el expresidente expresó que busca la protesta dentro del marco de la constitución y la ley, es pertinente que un país donde la polarización y la intolerancia política son tan altas, se haga aún más énfasis, no sólo en lo civil de dicha resistencia, sino en términos concretos en que significaría. Colombia no tolerará más violencia política.
La decisión del senador Uribe creó una tormenta en el Centro Democrático, amplios sectores políticos se movilizaron en contra de la decisión, acusándolos de guerreristas y estar en contra de la paz. Pero si por las toldas uribistas llueve, en La Habana no escampa. En todos los sectores políticos ha habido pronunciamientos sobre el anuncio de blindar los acuerdos de las negociaciones a través de su instauración como un Acuerdo Especial, que entraría al bloque de constitucionalidad luego de pasar por el congreso y la Corte Constitucional.
El anuncio del gobierno ha generado mucha preocupación, incluso dentro de quienes tradicionalmente han respaldado el proceso de paz. Porque el congreso pierde sus facultades al únicamente tener la posibilidad de votar afirmativa o negativamente el acuerdo, pero no transformarlo; así, la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, argumentan los escépticos, es una imposición de la constitución por parte de las partes negociantes.
No queremos sentar una posición sobre si es necesario o no apoyar la negociación de paz de La Habana y menos la manera de implementarlos; sin embargo, en lo que sí hay consenso, es en el deber de respetar los valores y principios democráticos que justamente significarían entrar al postconflicto. Democrático no es llamar a la legítima oposición, al proceso de negociaciones, como paramilitares y compararlos con Carlos Castaño. No es a un partido y una bancada a quien se señala, es a millones de colombianos que actualmente tienen diferencias con la manera en que se lleva a cabo el proceso. Sin embargo, democrático también implica la responsabilidad de proteger esos valores que el sistema trae consigo; y, en ese sentido, tener la prudencia como guía para hacer oposición, más aún, cuando el país vive momentos de alta división.
#AlPonientePregunta ¿es prudente el llamado del senador Uribe a la resistencia civil? ¿las decisiones del gobierno Santos están respetando la constitución política de Colombia? ¿ganará el sí o el no en el plebiscito, anunciando el fin o la continuidad del proceso?
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