Democracia: entre urnas y violencia

     

Nos estamos acostumbrando a que nuestro paisaje democrático transite entre urnas y violencia. ¿Sin las debidas condiciones de seguridad para candidatos y población, existe garantía de libre elección?”.


La presente campaña para elección de presidente y vicepresidente de la República, se ha visto manchada por una serie de hechos de violencia que captan las principales noticias de medios nacionales e internacionales. Se destacan los riesgos que tiene el proceso electoral en municipios como Saravena, “una ciudad en medio de la guerra”, Montería, Soacha y el Eje Cafetero. El último protagonista fue el paro armado anunciado por el clan del Golfo que afectó zonas de Sucre, Magdalena, Chocó, Bolívar, La Guajira y Córdoba. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resalta que en estos departamentos se incrementaron los municipios catalogados con riesgo externo y alto reportados en el Sistema de Alertas Tempranas. Es decir, no se trata de simple percepción.

El diario El País de España registró en su portal web, el día 16 de mayo, una publicación del corresponsal Juan Diego Quesada, titulada: Hacer campaña en medio de las barricadas, la cual señala de forma categórica que en Colombia “en algunos puntos del país los equipos de los candidatos presidenciales no pueden repartir propaganda bajo el riesgo de ser asesinados”.

De otro lado, enfatizando las amenazas de muerte que recibieron los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, el periódico El Espectador el día 17 de mayo, en su nota editorial, sentencia: “La democracia colombiana está bajo ataque”, por cuanto, “es una falla de la democracia que arriesgar la vida sea parte de hacer política en un país donde siguen asesinando líderes sociales”.

En este contexto, el Gobierno nacional adoptó algunas medidas de seguridad y priorizó 99 municipios con actuaciones especiales, previendo acciones terroristas en el marco de las elecciones presidenciales a desarrollarse el día 29 de mayo. Según comunicó el ministro del Interior, Daniel Palacios, en su perfil de la red social Twitter: “al finalizar Subcomité de Orden Público para garantizar seguridad en elecciones presidenciales, anunciamos: Se tendrán 102 mil mesas de votación. Se establecen con riesgo prioritario 50 mpios y por riesgo de atención 49 por presencia de grupos armados FARC, ELN y Clan del Golfo”.

Sin embargo, el panorama parece muy complejo. El informe anual de la Misión de Observación Electoral – MOE, “La violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante el calendario electoral legislativo 2022”, indica que los hechos de violencia se incrementaron en más del 100% comparando las agresiones entre 2018 y 2022 para las elecciones de Congreso. En el 2018 se registraron 278 actos, mientras que en 2022 el total fue de 581. En marzo de 2022 se presentaron alteraciones del orden público en 10 departamentos y 12 municipios, con casos como traslados de puestos de votación, enfrentamientos de grupos armados y desplazamientos forzados, entre otros.

Desde ningún escenario gubernamental, político o ciudadano, se puede restar importancia a las amenazas existentes y a los riesgos que implica el ejercicio electoral en el país, pues en el pasado, candidatos presidenciales con opciones reales de llegar a la presidencia fueron asesinados. Válido el llamado de responsabilidad al gobierno y a las instituciones estatales de la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien afirmó: “ante un contexto de violencia como el que se vive en el país, no pueden desestimarse las denuncias que se presenten sin una investigación previa”. La institucionalidad debe explorar medidas que permitan, en el marco del Estado social de derecho, brindar seguridad en las elecciones presidenciales. Nos estamos acostumbrando a que nuestro paisaje democrático transite entre urnas y violencia. ¿Sin las debidas condiciones de seguridad para candidatos y población, existe garantía de libre elección?

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Miguel Ávila Bruno

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma (Bogotá). Experiencia en dirección, gestión y asesoría de entidades públicas.

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