De las luchas sociales a las contiendas jurídicas

Movilización campesina, defensa de la salud, la educación, y los derechos humanos, son las banderas que han enarbolado Alberto Castilla, Víctor Correa, Iván Cepeda y Alirio Uribe, durante las luchas sociales de las que han participado. Hoy son los protagonistas de un duro golpe para el Plan Nacional de Desarrollo de Santos que afecta directamente a la llamada locomotora minera.

«Mientras nosotros ponemos la movilización en la carretera, unos poquitos siguen tomando las decisiones» manifestaba Alberto Castilla durante el Paro Nacional Agrario del 2013. Por eso, con apoyo de la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) de la cual era presidente y de la fuerza política Poder y Unidad Popular (PUP) de la cual es miembro, se lanzó al Senado. Hoy es congresista por el Polo y desde allí representa a los sectores campesinos y populares, con los que se ha movilizado. De hecho, actualmente es vocero del Congreso de los Pueblos, lo que ilustra su importancia para las luchas sociales de hoy en Colombia.

Con la misma idea –que las decisiones importantes sobre los territorios así como sobre los derechos sociales básicos no las están tomando los ciudadanos- Víctor Correa se lanzó como representante a la cámara, cargo que hoy ocupa, también por el Polo. Correa estudia medicina en la Universidad de Antioquia, desde donde participó en la creación de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia (MAREA) que lideró la movilización en contra de la reforma a la Ley 30 en el 2011. También ha participado activamente en la lucha por el derecho a la salud y, al igual que Castilla, participó del Paro Nacional Agrario a través de su papel como vocero de Dignidad Cafetera y de la Mesa Nacional de Dignidad Agropecuaria.

Por su parte, Iván Cepeda y Alirio Uribe han sido defensores de derechos humanos. En 1994, Iván Cepeda inauguró la Fundación Manuel Cepeda a raíz del asesinato de su padre, Manuel Cepeda, en medio del genocidio de la Unión Patriótica. Luego de lo cual contribuyó a la construcción del Movimiento Nacional por las Víctimas, que buscaba aclarar crímenes cometidos entre los 80 y los 90; y en el 2003 participó de la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Fue representante a la Cámara en el periodo anterior y actualmente es senador por el Polo.

La participación de Alirio Uribe en la defensa de derechos humanos ha sido principalmente jurídica. Fue presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a través del cual denunció el paramilitarismo, la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, y los vínculos entre ambos actores. Entre los casos más visibles en que ha representado víctimas se encuentran los asesinatos del humorista Jaime Garzón, el profesor Alfredo Correa de Andreis y el ya mencionado Manuel Cepeda. Después de muchos años de reconocimiento por sus actuaciones jurídicas, decidió participar en política, en una campaña en la cual destacaron frases como “el perseguido por el DAS, no el perseguidor”. Hoy es representante a la cámara por el Polo.

Gracias a la demanda que interpusieron en contra del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional determinó que no se puede hacer minería en los páramos puesto que el derecho al medio ambiente y al agua es superior al derecho que otorgan los títulos para minería e hidrocarburos. Además entiende que la concentración de importantes decisiones en entidades nacionales como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Autoridad Minera Nacional (AMN), así como la exclusividad de funcionarios del nivel nacional en la comisión que determina cuáles son los Proyectos de Interés Estratégico Nacional (PINES); violan la autonomía territorial, es decir, que los ciudadanos no toman parte en las decisiones sobre lo que sucede en sus territorios.  Y, también determinó que los PINES no pueden primar sobre los procesos de restitución de tierras porque imposibilitan el retorno de las víctimas, violando así sus derechos.

Estos congresistas ilustran las conquistas que logra la movilización social cuando se alimenta de la participación política y la acción jurídica. La sentencia de la corte refleja las luchas por el territorio y los derechos humanos que ellos han encarnado. Esta decisión es además un claro ejemplo de lo que puede lograr la izquierda cuando la crítica al estado de cosas vigente es acompañada por una juiciosa lectura del contexto social y político, y de las formas y estrategias más adecuadas para buscar transformaciones sociales.

Esta combinación entre lucha social y contienda jurídica puede alcanzar desde conquistas nacionales como la que se logró en la Corte Constitucional, hasta conquistas más localizadas como la que tuvo lugar también hace poco cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió que las ventas informales en la Universidad de Antioquia no podrían ser prohibidas. Isaac Buitrago, estudiante de Derecho que en 2013 lideró las protestas que hubo contra el acuerdo 206 de 2001 del Consejo Superior Universitario en el que se consideraba que las ventas informales y el auxilio a las mismas en la universidad constituían una falta disciplinaria grave; fue el demandante que logró en la justicia lo que los estudiantes buscaron en la movilización.