“Tal vez la cuestión ética no está en encontrar el criterio más justo o eficiente de distribución, sino en el hecho mismo de que siempre, en todo modelo de distribución, necesariamente habrá algún tipo de exclusión”
Existe un capítulo titulado “caída en picada” del programa Black Mirror en Netflix, el cual trata sobre un sistema de distribución de estatus, en el que las personas califican en sus redes sociales el comportamiento de las demás. La valoración que obtienen brinda o niega -dependiendo de si era buena o mala la calificación- acceso a cuestiones básicas de la vida social, tales como poder ingresar a restaurantes, ser invitado a reuniones sociales, alquilar un apartamento e incluso recibir el servicio de taxi.
Hoy en día se está implementando un sistema con la misma lógica en China, el cual califica, por medio de un sistema de puntos o crédito social, el grado de civismo y de confianza que la persona posee. Por ejemplo, si a un ciudadano se le impone una multa de tránsito, o si es grabado tirando basura a la calle, o sin recoger los desechos de su mascota, o se atrasa en el pago de las facturas, se le hace una reducción de puntos, lo cual puede acarrear un bloqueo a ciertos aspectos claves de la vida económica y social, tales como el acceso al sistema financiero, negación de ingreso a los mejores colegios y universidades, no poder comprar tiquetes de avión y tren, prohibición de vivir en los mejores barrios, entre otros. Por el contrario, si el individuo mantiene una buena calificación, se le permitirá el acceso a tales servicios, incluso con mejores condiciones (mejores tasas de interés, descuentos en los tiquetes de bus y servicios públicos, la no exigencia de pago de depósitos, mejores colegios y universidades, entre otros). Es un sistema de incentivos y desincentivos para lograr un entorno de comportamientos socialmente deseados.
Muchas de las críticas a este programa han estado dirigidas a resaltar la violación de la intimidad y la negación de los derechos civiles y políticos. En consecuencia, escribir un artículo en contra del gobierno o hacer parte de una protesta social reduce puntos, lo cual es claramente una violación de los derechos de ciudadanía. Sin embargo, este no es el tema que nos ocupa aquí.
Lo que se desea resaltar es la transgresión que hace el programa a los mecanismos de distribución tradicionales que utiliza el mercado. Ya no es solamente el poder adquisitivo ni su solvencia económica lo que permitirá el acceso a ciertos bienes y servicios (en algunos casos esenciales para la reproducción social), sino el comportamiento cívico. Esto sería una revolución en la movilidad social, puesto que agregaría variables no monetarias para la consecución de la misma.
Ahora bien, ¿es justo negarle el acceso a bienes y servicios esenciales a alguien que haya realizado una acción contraria a lo que se reconoce como socialmente válido? Es posible que haya algo de injusticia en ello. Este análisis se hará a lo largo del artículo. Sin embargo, es importante recalcar, que el mercado hace ese mismo tipo de exclusiones a partir de otro criterio, a saber: la incapacidad de pago. Un tiquete aéreo no se le vende a quien no tiene con qué pagarlo, así como también la vivienda que se obtiene depende del precio que pueda pagar (o en caso extremo vivir en la calle, sin medir si quiera si la persona tiene o no una conducta intachable). Todo bien o servicio monetizado utiliza el precio como criterio de distribución y de exclusión al mismo tiempo.
Se entiende que toda distribución implica la definición de criterios que determine a los destinatarios (y a los excluidos) de aquello que se está distribuyendo. La educación superior pública, por ejemplo, maneja criterios de mérito (en excelencia académica) para determinar quién accede o no al conocimiento (en Colombia también se aplican acciones afirmativas que utilizan como criterio las inequidades heredadas, en particular, en indígenas o víctimas de la violencia). Otros tipos de distribución utilizan criterios de ciudadanía, de edad, de ocupación, de género, entre muchos otros posibles. Son criterios arbitrarios que se imponen para distribuir recursos que, en teoría, son escasos.
¿Es mejor el sistema de puntos chino (basado en el comportamiento cívico) que los criterios de mercado (en el caso de las universidades privadas) o de mérito académico (como se da en las universidades públicas)? Supongamos que el acceso al conocimiento ya no se determina por el puntaje adquirido en el examen de ingreso, sino por el buen comportamiento que el estudiante haya demostrado tener en su vida previa al ingreso de la universidad. Se estaría educando, tal vez no a los más inteligentes, pero sí a las mejores personas. Por tanto, cada criterio de distribución genera resultados diferentes, en donde unos saldrán ganadores y otros perdedores.
Como se anotó anteriormente, el mecanismo de distribución por excelencia de bienes y servicios hoy en día es el mercado, específicamente a través del precio. Éste ha demostrado ser altamente eficiente (aunque no ha sido así en lo referente a la seguridad social) en términos indicativos y predictivos de los comportamientos y tendencias de las preferencias individuales, lo cual permite planificar de manera más acertada los procesos de producción y provisión. Sin embargo, las injusticias son dadas cuando, por un lado, se utilizan criterios de mercado para distribuir apropiaciones y valores que no necesariamente se relacionan (o deberían relacionarse) con asuntos monetarios, entre otras cosas, influencia política, conocimiento, justicia, respeto, confianza, honradez, civismo, reconocimiento y dignidad; y por el otro lado, cuando niega a otros el acceso a bienes y servicios esenciales para la supervivencia y reproducción social, de igual forma como lo haría el sistema de puntos que se está implementando en China.
Verbigracia, los casos de corrupción en Colombia -en donde los vinculados no son precisamente personas a las que les ha faltado acceso al conocimiento- evidencian una falta de conexión entre buen comportamiento y privilegios de acceso a los beneficios que la sociedad ofrece. Son personas (o empresas) que, a pesar de haber contado con mejor posición social, no retribuyeron los beneficios obtenidos con un comportamiento acorde a lo socialmente deseado. Es decir, el mercado puede ser altamente eficiente en la distribución de bienes y servicios, pero no necesariamente moralmente atinado. Esto podría ser un punto a favor del sistema chino, en caso tal de que se desee una sociedad éticamente cohesionada.
Una esfera social que evidencia mucho mejor la relación entre ingresos, mercado, civismo, moralidad y dignidad es la concepción que se le da hoy en día al trabajo. La sociedad de consumo ya no asume el trabajo como un medio para la autorrealización individual, profesional y social, como aquello que brinda identidad y sentido a la existencia, sino como un medio para la obtención de ingresos destinados al consumo. Ya no hay dignidad en el trabajo per se, por lo que representa socialmente, sino por el ingreso que obtiene y por el consumo que representa. Ciertos trabajos, menos valorados desde la lógica mercantil y/o con poca influencia en las decisiones sobre su valor, devalúan también la dignidad de las personas debido a lo que se percibe sobre sus ingresos, desembocando en casos de discriminación, de negación de acceso a espacios de interrelación social (restaurantes, bares, parques, barrios) e incluso de envilecimiento de sus opiniones, decisiones y competencias (por ejemplo los casos de “usted no sabe quién soy yo” muy frecuentes en Colombia). De ahí frases como “no sea igualado”, “gente del común”, o “qué me va a venir a decir algo usted, un simple…” (ya el lector sabrá qué tipos de trabajos son los más citados).
Ahora bien, desde una perspectiva económica, el sistema de puntos chino puede pasar como un método eficiente para lograr un ordenamiento social y distribución de bienes y servicios a partir de comportamientos socialmente deseables, ya que utiliza instrumentos de incentivos y desincentivos para premiar o castigar el buen o mal comportamiento. No obstante, estos mecanismos de intervención generan dilemas éticos, puesto que el uso de incentivos económicos para lograr comportamientos deseables pasa más por la extorsión que por la acción moral. Es la utilización de instrumentos coercitivos para lograr una sociedad moralmente cohesionada. ¿Acaso no debería respetarse las normas socialmente deseables simplemente porque son deseables? Los valores sociales no requieren de justificaciones y motivaciones externas para su validación y aplicación: se supone que ellos se validan a sí mismos a partir de su fin.
Volvamos a la cuestión inicial: así un individuo no se comporte de acuerdo con los parámetros establecidos como lo socialmente válido, ¿es justo que se le niegue el acceso a bienes y servicios indispensables para su supervivencia y reproducción social? Tal vez la cuestión ética no está en encontrar el criterio más justo o eficiente de distribución, sino en el hecho mismo de que siempre, en todo modelo de distribución, necesariamente habrá algún tipo de exclusión. Y la existencia de ese solo hecho hace injusto cualquier modelo de distribución y plantea cuestiones éticas.
De lo anterior surgen tres posibles conclusiones: la primera es que, tal vez, lo injusto no está en el hecho de que hayan excluidos (porque un sociedad de solo ganadores es teóricamente imposible), sino en el que se dé una negación de acceso a aspectos claves para la vida misma, tales como la salud, una vivienda digna, una pensión, educación, entre otros, sea cual sea el criterio de distribución que se utilice. La segunda conclusión hace referencia a la arbitrariedad en la definición de los criterios de distribución, es decir, que la definición de ellos esté por fuera del control del individuo. Si esta última cuestión es aceptada, el sistema de crédito social en China gana en cuanto a disminución de la arbitrariedad, puesto que el comportamiento individual es autónomamente controlable (aunque no sea igual en la definición de lo que se considera socialmente deseable), mientras que el azar resultante en la repartición de la lotería social y natural, la cual determina la posición que se ocupa en el mercado, no. Es decir, podemos decidir cómo comportarnos, pero no dónde y en qué condiciones nacemos. Por último, lo injusto puede radicar, no en que hayan excluidos o condiciones de arbitrariedad, sino que el criterio de distribución termine concediendo apropiaciones con las cuales no tiene relación, por ejemplo, que el mercado distribuya dignidad, o que un buen comportamiento distribuya bienes de consumo.
El sistema de puntos chino es novedoso. Su éxito tal vez dependerá de la interiorización que pueda lograr a largo plazo en las racionalidades individuales acerca de los comportamientos socialmente deseables. Es decir, en lograr que las acciones individuales sean moralmente acordes a los parámetros sociales, no por los castigos o beneficios que acarrean, sino porque es lo correcto, es lo socialmente válido. Sin embargo, las cuestiones éticas acerca de los criterios de distribución siempre tendrán vacíos y críticas. Incluso el análisis de resultados de un modelo u otro es motivo de discusión, puesto que requiere la definición arbitraria de criterios de evaluación (¿calificamos el modelo por su cohesión moral resultante, por la disminución de la desigualdad o por el porcentaje de movilidad social?). A pesar de este panorama de infinito debate, sigue siendo importante proteger los espacios de discusión y de construcción democrática. Tal vez allí no se encuentren las respuestas definitivas, pero sí las preguntas correctas para ganar consciencia de las problemáticas que compone a una sociedad.
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