La experiencia más cercana para observar el comportamiento de las Fuerzas Armadas en la construcción de paz, es su participación en el Acuerdo de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC EP. La participación de militares y policías antes y después de la firma, con presencia de generales activos y en retiro en la Mesa de Diálogos, ofrece pistas sobre su papel en el tema. Su incidencia es notoria, en especial en las responsabilidades ante la Justicia Transicional: aún vemos hechos como la reciente renuncia del Mayor Carlos Guillermo Ospina a la Comisión de la Verdad.
La adecuación de las Fuerzas Armadas a la construcción de la democracia avanzada con justicia social, inicia con reconocerlas actor de primer orden en la formación del Estado, en la violencia política y en la economía. Su participación ha sido determinante en regímenes políticos con dificultades en la legitimidad de su autoridad. Las Fuerzas Militares y de Policía deben adecuarse a roles diferentes a los asignados hasta ahora en el ejercicio del poder y no quedar presas de la fuerte resistencia de civiles guerreristas no uniformados. En algún momento vi citado a Mao cuando dijo “el poder político descansa en un barril de pólvora”: triste papel. De la agenda de la transformación de las FFAA, en este espacio solo alcanzo a tratar estos tres temas íntimamente ligados.
1- El pie de fuerza y el control territorial. Una de las contradicciones del capitalismo neoliberal a la cual asistimos en las últimas tres décadas, fue el crecimiento cuantitativo del Estado colombiano en medio del discurso del desmonte y achicamiento del mismo Estado promovido por el Consenso de Washington. La nómina pública aumentó con el crecimiento del pie de fuerza del cuerpo castrense con la misión estratégica de alistar el territorio hacia el boom minero energético y derrotar la guerrilla. Si algo podemos llamar políticas públicas de Estado, son las políticas de seguridad y defensa, dada la continuidad de la cual han gozado. El achicamiento estatal sí operó en la atención a la cuestión social.
Entre los aspectos vitales del Estado y centrales de las políticas de defensa, encontramos el control territorial. Las FFAA son encargadas del control territorial y con este, preservar la soberanía, el monopolio de la ley, de las armas y del cobro de impuestos. Al respecto suele decirse en Colombia hay más territorio que Estado lo cual indica un claro fracaso de las políticas, y a juzgar por la situación actual. Las FFAA son consientes del peso de la legitimidad en esta tarea y de la importancia de ganar el corazón del pueblo; pero solo entienden la legitimidad producto de la legalidad de sus acciones para recuperar el territorio, mantener el control y luego consolidarlo.
Superar esa mirada reduccionista de la legitimidad del control territorial, exige abandonar la pretensión según la cual, serán las FFAA quienes lograrán la omnipresencia y la omnipotencia del Leviatán en el territorio y solo ellas serán garantes del Estado de Derecho luego de victorias militares. No es posible dejarle las tareas de legitimidad del Estado y del poder político a las operaciones de Acción Integral de las FFAA, con ingenieros militares construyendo puentes y carreteras y a soldados con una bola roja en la nariz. La aceptación de la autoridad exige más que esta labor contrainsurgente en busca de quitar el agua al pez a través de la cooptación pacífica con operaciones psicológicas y cívico militares.
2- Abandonada la pretensión del control territorial con el pie de fuerza, es tema de resistencia guerrerista la reducción cuantitativa de militares y policías lo cual además impacta el presupuesto público ya que libera recursos con destino a la lucha contra la pobreza. La consecuencias del crecimiento cuantitativo con el reclutamiento masivo afectó principalmente a las FFAA: con solo observar las cifras de víctimas de falsos positivos se puede dimensionar la cantidad de uniformados que participaron en la descomposición de la guerra; en tal sentido se debe decir que no basta con desactivar unidades y trasladar sus integrantes a otras. De ahí los temores con la verdad en FFAA.
Una política de reincorporación a la vida civil de las fuerzas estatales es tema importante en la adecuación de las FFAA a un país en paz. La descomposición de sus integrantes incluye un proceso que lejos de una reintegración a la vida civil, continúa integrado al conflicto en alguna de las organizaciones ilegales criollas o en multinacionales de mercenarios. Por tal razón, llamar la atención sobre el fracaso de la reintegración de quienes salen de la guerra y el impacto en términos de un eje de persistencia del conflicto armado, alimentado con mano de obra cualificada y experimentada.
3. Frenar el keynesianismo militar. ¿Las FFAA son también un actor económico? Al terminar el 2021, fuentes oficiales informaron que “Empresas del sector Defensa le aportan a la economía $14 billones; un conglomerado conformado por 18 compañías que ofrece servicios a nivel nacional e internacional y generan más de 12 mil empleos en todo el territorio nacional.” Este Grupo Empresarial y Social de Defensa (GESD) es una replica a pequeña escala del complejo militar de los EEUU. El crecimiento del pie de fuerza y la logística requerida, el gasto en defensa y seguridad y el Plan Colombia, llegaron para impulsar la economía en crisis con un decrecimiento de -4% en 1998.
Algunas de estas entidades del GESD, comienzan a usar la palabra autosostenibilidad en sus planes estratégicos, que debe ser entendido en vía a la autonomía de los ingresos del Estado y ser remplazados por el comercio de armas, munición, logística, servicios y educación con la cual convurtieron a Colombia en una gran Escuela de las Américas. Contrario a esto, en la agenda de transformación democrática de las FFAA se encuentra la reducción del píe de fuerza y con esta, la disminución del presupuesto y la transición paulatina de una economía de guerra a una economía garante de justicia social como factor de cohesión y abandone la idea de la integración territorial por la vía de la coerción violenta.
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