La crisis de EPM

Agradezco al concejal Julio González Villa por haberme invitado a pronunciarme como experto en este debate de control político a los gerentes de EPM, señor Carrillo, y de Caribe Mar, señor Lastra. Son tres los temas del debate: futuro de Hidroituango, la situación de AFINIA y lo que está ocurriendo en la alta dirección de EPM. Antes de referirme a cada uno de esos asuntos, quiero expresar mi extrañeza por no ver entre los citados al señor Quintero Calle, alcalde de Medellín, quien es, como veremos, el principal responsable de la crisis en la que está sumida EPM.

I [1]

El 22 de agosto de 2020, publiqué un artículo titulado “La Toma de EPM”, en el cual, entre otras cosas, escribí a propósito de las personas nombradas en la junta directiva:

“…no ostentan en materia de servicios públicos domiciliarios otra credencial que saber pulsar el interruptor de electricidad, encender la estufa o vaciar el sanitario. También son desconocidas sus ejecutorias empresariales o en el mundo de los negocios…”

Sobre el equipo directivo señalé:

“Se trajeron seis vicepresidentes igualmente ignorantes en asuntos de servicios públicos domiciliarios y que por toda experiencia no pueden acreditar más que pequeños cargos como empleados del gobierno. Para abrir espacio a los allegados, se crearon un par de vicepresidencias nuevas: la legal y la de riesgos. Hay que esperar a ver quién llega. Por lo pronto, la casi totalidad de la Junta Directiva y del equipo de gerencia está compuesta por personas que nada saben de servicios públicos domiciliarios, empezando por el alcalde y el gerente general”

De esta forma el alcalde de Medellín desconocía las promesas de campaña hechas a la Familia EPM en carta pública del 18 de octubre del 2019 en la que decía lo siguiente:

“…nombraré en EPM una gerencia confiable, técnica y responsable (…) Trabajaré para establecer un gobierno corporativo que le de estabilidad en el tiempo a la gerencia (…) invertiremos en el talento humano de su gente y nos soportaremos en su carácter técnico para la toma de decisiones. Desataré una reflexión profunda que nos permita no solo sacar a Hidroituango adelante, sino además aprender con humildad y gallardía de los errores cometidos, no para señalar culpables, sino para encontrar lecciones que nos permitan construir un futuro con esperanza”

Quintero Calle incumplió todas esas promesas y hoy en EPM y sus filiales se vive un proceso de desprofesionalización de la alta dirección que conduce a no solo a crecientes errores sino también a la corrupción pues la idoneidad y la ética profesionales son la primera barrera de contención contra ese flagelo.

Son muchos los profesionales y directivos que, a la primera oportunidad, han salido huyendo de EPM para no tener que soportar el ambiente sórdido de incompetencia y corrupción que se extiende a todos los niveles. Se presenta así la situación impensable hace años: la gente tratando de irse de la empresa a la que todo mundo quería entrar.

Pero como si fuera poco, se ha desatado un régimen de terror e intimidación contra los directivos y profesionales de tradición cuya más ostensible manifestación es el retiro humillante de la Doctora Mónica Ruiz, funcionaria con 25 años de trayectoria, a quien, en un momento de crisis, la Junta Directiva encontró idónea para encargarla de la gerencia general. ¿Cómo es posible que el gerente Carrillo quiera sacar por la puerta de atrás a una persona con esa trayectoria y de quien dijo lo siguiente?

“Reconozco cualidades de Mónica como su talento, su experiencia, su recorrido y la contribución en sus diferentes roles al interior de la Empresa”

Esta canallada es el más reciente episodio del proceso de destrucción del capital humano de EPM, acumulado a lo largo de los años, que es también la destrucción de la planeación de largo plazo, la continuidad de los proyectos, la memoria institucional, los valores fundacionales y la ética laboral.

II[2]

El señor Lastra, impuesto en la gerencia de AFINIA por el alcalde de Medellín, está a punto de lograr la hazaña de hacer fracasar, por primera vez, a EPM en sus intervenciones, hasta hoy exitosas, en los mercados de comercialización- distribución de Colombia y algunos países de Centro América.

Ese fracaso, además de tener graves consecuencias económicas y reputacionales para EPM, volverá inútiles los enormes esfuerzos del Gobierno Nacional para hacer financieramente viable el mercado de la Costa Atlántica y facilitar la llegada de nuevos operadores después del colapso de Electricaribe, filial de Gas Natural.

El Gobierno Nacional asumió la deuda de Electricaribe con el sector financiero y el mercado eléctrico, se hizo cargo del pasivo pensional y modificó drásticamente la regulación de comercialización y distribución para hacer posible el ingreso de EPM en el mercado de Caribe Mar, compuesto por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena. La ley 1955 eliminó el tope de 25% del mercado nacional de comercialización que podía tener directa o indirectamente un mismo agente. Con la incorporación de Caribe Mar – AFINIA, el Grupo EPM pasó del 23% al 35% en comercialización-distribución, con 1.5 millones de clientes adicionales.

En solo cinco meses al frente de AFINIA, Lastra Fuscaldo logró arruinar los indicadores llevando su cumplimiento a 75%, frente al 96% bajo la gerencia de Blanca Liliana Arroyave. Por esa razón, el 28 de febrero, la Superservicios decidió activar comité de seguimiento al programa de gestión suscrito con la Empresa. Se están incumpliendo, entre otras cosas, las metas de reducción de pérdidas y de reducción del riesgo eléctrico, todo lo cual depende de la adecuada y oportuna ejecución del programa de inversiones al que está comprometida la Empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por las resoluciones 025 y 079 de 2021 mediante las cuales se aprobaron las tarifas. Y aquí llegamos al almendrón del asunto.

Los ingresos de AFINIA provienen de sus actividades de comercialización y distribución que, aunque están vinculadas, son negocios diferentes. Como comercializadora AFINIA compra energía en el mercado mayorista y la vende en el minorista; como distribuidora gestiona la red eléctrica para garantizar la continuidad y calidad del suministro.

La actividad de distribución es intensiva en capital fijo y es remunerada mediante una tarifa o cargo unitario ($/KWh) fijado por la CREG, con base en las inversiones que debe realizar la empresa durante el período de vigencia de dicho cargo. El valor del cargo, evidentemente, está condicionado a la realización de las inversiones pues si estas no se ejecutan cobrarlo se constituiría en un fraude.

Por regulación, AFINIA tiene que realizar, en cinco años, inversiones por 2 billones de pesos o, como mínimo, 1.3 billones, es decir, unos 260.000 millones anuales.  Por razones incomprensibles, el gerente Lastra Fuscaldo decidió suspender varios procesos de contratación en marcha y retrasar el inicio de otros, todo lo cual se ha traducido en un incumplimiento del plan de inversiones de tal magnitud que tiene preocupadas a las autoridades del sector eléctrico.

Si no se cumple las inversiones mínimas, AFINIA podría perder hasta 10 puntos en las pérdidas reconocidas en la tarifa lo que llevaría una disminución de 500.000 millones pesos en los ingresos anuales. Este desastre financiero iría acompañado de un desastre reputacional pues nadie entendería, ni en la Costa Atlántica ni en ninguna parte del País, que EPM hubiera fracasado en la recuperación del servicio en Caribe Mar después de las concesiones que hizo el Gobierno Nacional para facilitar su entrada en ese mercado.

Con todo lo grave que es, lo más grave con relación a AFINIA no es lo que acabo de decir. Mucho más grave es que el abogado Abelardo de la Espriella haya acusado públicamente el La Hora de la Verdad al alcalde Quintero Calle de haber vendido la gerencia de AFINIA, afirmando haber presentado la correspondiente denuncia a la Fiscalía. No he conocido respuesta del alcalde ni se ha sabido que haya presentado denuncia por calumnia, injuria y difamación. Igualmente sorprende que el señor Lastra a su turno no haya denunciado por los mismos cargos al alcalde de Cartagena quien públicamente se niega a reunirse con él por considerarlo corrupto.

III[3]

Impresiona la frescura y el cinismo de Quintero Calle, presentándose como el salvador de Hidroituango cuando, desde que se posesionó, no ha hecho otra cosa que tratar de sacar los contratistas actuales, a riesgo de paralizar el proyecto de forma indefinida sin que importen los costos para EPM y el País.

La absurda demanda contra los consorcios de agosto de 2020 no tenía otro propósito que desprestigiarlos para forzar al gerente Rendón a no renovar los contratos que vencían en diciembre de ese año. Advertido de que las consecuencias nefastas de esa decisión caerían sobre su cabeza, Rendón firmó el acta bilateral y los renovó permitiendo la continuación de la obra. Por esa razón Quintero Calle lo sacó de EPM.

 La demanda en cuestión no ha sido admitida y nadie está haciendo nada para que lo sea. Lo que sí avanza es el tribunal de arbitramento que estaba pactado para resolver los desacuerdos referentes a la GAD y en el cual EPM está demandada por el Consorcio CCC.

Es bueno recordar que el mismo tiempo que se preparaba la demanda, Quintero Calle impulsaba en la Junta de EPM la causa de las empresas chinas interesadas en Hidroituango. SINPRO denunció la existencia de un borrador de un memorando de confidencialidad para permitir la entrega de información a la empresa China Three Gorges Corporation.

El infundado e irresponsable proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de Nación contra los consorcios y una veintena de personas naturales de alguna forma vinculadas al desarrollo del proyecto, le dio a Quintero Calle una nueva esperanza de sacar a los contratistas, sin asumir la responsabilidad de las nefastas consecuencias del atraso del proyecto. Y se activó el famoso Plan B en el marco del cual, en septiembre de 2021, visitaron el proyecto 7 firmas constructoras, entre las cuales estaba la PowerChina International Group LTD Sucursal Colombia.

De alguna forma al Contralor también entendió que, al quedar inhabilitados los consorcios, las consecuencias del retraso del proyecto – alza en el precio de la electricidad y riesgo de racionamiento – caerían sobre sus espalada. Por ello decidió echar marcha atrás vinculando a la aseguradora MAPFRE al proceso y montando la increíble farsa de que por obra de su gestión ésta pagaba los 4.3 billones del supuesto detrimento fiscal. En el interín se le agotó el tiempo y la gerencia de EPM se vio obligada a prorrogar el contrato de CCC-Ituango por once meses, tres de los cuales se destinarían a hacer la entrega del proyecto al contratista resultante del proceso de licitación adelantado en desarrollo del Plan B.

El hecho es que a la tal licitación no parece ir por muy buen camino como quiera que su cierre ha debido aplazarse en dos oportunidades. Los riesgos son muy grandes y parece que ninguna aseguradora está dispuesta a darles cobertura. Así las cosas, todo apunta a que, de presentarse algún proponente, sea un consorcio liderado por una empresa china a la que seguramente se le aceptará en sustitución del seguro una garantía bancaria.

A la incertidumbre sobre la licitación se añade la incertidumbre sobre la licencia ambiental. Hidroituango no tiene licencia ambiental plena. Las labores que hoy se desarrollan están amparadas por la Resolución ANLA 820 de junio de 2018, la cual ordenó suspender las actividades y obras tendientes a la puesta en operación comercial y dispuso que podían continuarse las necesarias para superar la contingencia. Como el funcionamiento de las dos primeras unidades permitirá pasar caudal por la casa de máquinas, aliviando la presión sobre el vertedero, se considera que contribuye a superar la contingencia. De ahí en adelante las cosas no parecen tan claras.

Para levantar la suspensión de la licencia, la ANLA exigió la contratación de un peritaje sobre la estabilidad de las obras principales del proyecto. Ese es el Informe Pöyry, cuyas tres principales conclusiones fueron las siguientes:

  • El abandono del proyecto y restablecimiento de las condiciones originales no es opción.
  • El proyecto se debe terminar de la manera más expedita para eliminar, reducir y mitigar riesgos ambientales existentes.
  • Debe evitarse el cambio de los actores principales del proyecto.

A pesar de tan rotundas conclusiones, el mañoso director de la ANLA, que conoció el Informe desde hace ocho meses, eludió decidir de fondo sobre la suspensión de la licencia, quizás, para no quedar mal parado si Petro Urrego, enemigo declarado de Hidroituango, ganaba las elecciones. Al igual que con la Quebradona, el señor Suarez, le puso una vela a dios y otra al diablo.

Puesto que toda situación es susceptible de empeorar, reaparece en el escenario de Hidroituango, como jefe de una inverosímil comisión de empalme, el señor Modesto Portilla, quien, en 2018, se hizo célebre por el desatino de sus “conceptos técnicos” en los que fundamentaba su propuesta delirante de desembalsar y desmontar la presa, en lo que coincide, faltaba más, con Petro Urrego. Tampoco el señor Portilla se ha mostrado muy ilustrado en asuntos de regulación y economía del sector eléctrico. Pues bien, es ese personaje quien informará al futuro presidente sobre el estado del proyecto y propondrá los cursos de acción a seguir.

Los obstáculos técnicos al desembalse del agua y al desmantelamiento de la presa son de tal magnitud y sus costos tan elevados que es prácticamente imposible que ese despropósito llegue a realizarse. Sin embargo, muy seguramente, Petro Urrego conseguirá hacer desde la presidencia lo que su pupilo, Quintero Calle, no pudo hacer desde la alcaldía: paralizar duraderamente el proyecto poniendo en riesgo las finanzas de EPM y el abastecimiento eléctrico del País.

Quintero Calle fracasó en su propósito por el contrapeso de las entidades nacionales del sector eléctrico. Después del siete de agosto, esos contrapesos desaparecerán y el futuro de Hidroituango quedará completamente en manos de Petro Urrego.

* Intervención en el debate de control político en el Concejo de Medellín a las gerencias de EPM y Caribe Mar el 28 de julio de 2022.  En esta presentación se emplean extensamente documentos del autor publicados en este mismo blog y en el diario El Colombiano.


[1] Esta sección esta basada en los artículos “La toma de EPM” , “La desbanda en EPM y las promesas de Quintero Calle” y “Canallada en EPM”.

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/07/canallada-en-epm.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2020/08/la-toma-de-epm.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/desbandada-en-epm-y-las-promesas-de.html

[2] Esta sección está basada en el artículo titulado “AFINIA no debe trabajar”.

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/05/afinia-no-debe-fracasar.html

[3] Esta sección está basada en los artículos “Los chinos tendrán que esperar por Hidroituango” y “Hidroituango en manos de Petro”.

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/hidroituango-en-manos-de-petro-urrego-BB18083741

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/los-chinos-tendran-que-esperar-por.html

About the author

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista. Docente. Consultor ECSIM.

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