#LaOpinionDeColmenares
El proceso de contratación del Estado pareciera que está diseñado para robar, y para demostrarlo solo hay que conocer la información que publica la Contraloría General de la República (CGR), relacionada con el inventario de obras inconclusas, elefantes blancos o proyectos críticos, que existen a lo largo y ancho del país, en todos los órdenes y niveles de la administración pública.
Las obras inconclusa son las que no hayan concluido de manera satisfactoria; elefante blanco es la obra civil de costo exagerado, inútil, innecesaria, o nunca se usa. Y un proyectos es crítico cuando tiene posibilidad de salvarse, pero requiere de altos recursos para terminarlo.
Para buscar la forma de corregir todo ese desgreño de plata, la Ley 2020 le asignó a la CGR la competencia de llevar el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), con base en la información que deben reportar todas las entidades públicas sobre las obras civiles que tengan a cargo.
Ese inventario de obras civiles es público para que también la ciudadanía advierta su existencia y ejerzan el control social.
Pero además, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente también reporta información para actualizar el inventario con base en los contratos de obra que están registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Es decir, en apariencia hay un flujo de información que debería permitir hacer el seguimiento al desarrollo de las obras civiles para que lleguen a feliz término.
Pero ¡que va!
Nada de eso es suficiente para evitar que se roben la plata.
El paisaje de obras civiles sin terminar que actualmente están identificadas por la CGR es de 1.527 obras que suman $23,2 billones, equivalente a casi dos reformas tributarias.
Del total, 237 están calificados como elefantes blancos en los que se invirtieron algo más de $2,3 billones; 455 son obras inconclusas por valor de $10,5 billones, y 835 proyectos en estado crítico que ascienden a la suma de $10,4 billones.
Se encuentran viviendas cubiertas por la maleza y que nadie habita, hospitales que nunca han atendido pacientes, terminales de transporte a donde no ha llegado ni salido un pasajero, puentes y vías que no vienen de ninguna parte ni van para ningún lado pero ahí están, acueductos sin agua, represas llenas de agua pero que no prestan ningún servicio.
Esto parece una maldición!
Varias de las obras civiles identificadas tienen hasta 20 años de abandono.
Y en ese estado de cosas tenemos la culpa todos.
Los contratistas, interventores y supervisores que son unos ladrones; las entidades públicas que son permisivas en el proceso contractual y también se llevan su tajada de corrupción, la comunidad que no se vincula a los procesos de construcción de las obras para ejercer la veeduría y todas las formas de control social que existen, los órganos de control que solo simulan investigaciones que nunca terminan ni establecen responsabilidades, y los operadores de la rama judicial que tienen su cuota de responsabilidad con el vencimiento de términos y la casa por cárcel.
Hasta el mismo sistema de información SECOP es permisivo porque tiene todo tipo de dificultades para consultar cualquier información de un proceso contractual; cuando más bien debería ser algo simple para encontrar información. Pero no. Para que un usuario interesado pueda consultar alguna información en el SECOP tiene que hacer primero un posgrado, en razón al nivel de dificultad de la consulta.
No hay un solo argumento que explique las razones por las cuales se contratan las obras públicas para que no se lleven a cabo, se quede el cemento, arena, acero, hierro y toda clase de materiales tirados por todo lo largo y ancho del país, y los contratistas se roben la plata en contubernio con los directivos de las entidades públicas.
Es que pareciera que ese es el fin: contratar de todo para no construir nada y robarse la plata. De nada han servido leyes anticorrupción, modificaciones al código penal, sistemas de información de acceso público.
¡Nada ha servido! Porque en Colombia se siguen robando los recursos públicos como el primer día.
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